La defensora de la Ciudadania de Palma, Anna Moilanen, alerta de la gran cantidad de quejas que llegan a diario a su oficina de vecinos indignados ante actitudes incívicas y que en los últimos meses de restricciones se han centrado sobre todo en el uso que hacen muchas personas de los parques y plazas, así como de la tensión creciente que todo esto está creando entre los ciudadanos.

Tal es la situación que comprueba desde su oficina que la defensora considera que, a la vista de la insuficiencia de los recursos policiales, «sería conveniente» que el Ajuntament estudiase la puesta en marcha de la figura del guarda urbano, que sería personal contratado por las administraciones públicas con competencias similares a las de un agente de seguridad privada y que estaría en línea directa con la Policía Local. Junto a esta medida, también insta a «estudiar seriamente el uso de cámaras de vigilancia en los espacios más conflictivos».

Asegura Moilanen que «los vecinos están muy cansados de vigilar y de hacer esa función de denuncia y así nos lo hacen saber con frecuencia».

«Ante las limitaciones que tiene la ciudadanía para reunirse, quienes ignoran las restricciones se reúnen en plazas, parques y otros espacios con cierto grado de intimidad, con arbustos o arbolado para no ser tan vistos o fácilmente detectados, para encuentros de todo tipo», como hacer botellón, afirma Moilanen.

Admite que en estos casos no siempre se producen conductas incívicas «aunque sí se infringe la normativa COVID y son situaciones de agravio a la ciudadanía que sí cumple, por lo que se genera tensión con los vecinos que observan desde sus casas y perciben estos encuentros como posibles espacios de contagio».

Y en los casos en los que estas personas beben «lógicamente se desinhiben de ciertos aspectos como respetar el silencio, recoger la basura o incluso hacer sus necesidades a la vista de los vecinos», critica la defensora.

Además, con el levantamiento del toque de queda, la defensora ha comprobado que «la situación ha empeorado en algunos sitios y los vecinos tienen temor a lo que se avecina».
Admite que Cort «está haciendo un esfuerzo» para recordar que el fin del toque de queda no elimina otras prohibiciones que ya existían, como los botellones o el exceso de ruido por las noches, pero lamenta que «el mensaje no está llegando».

Según opina la defensora, «aquí la gran pregunta es ¿cómo se controlan estos espacios y estas situaciones? Sobre todo cuando suelen producirse en los horarios en que los únicos que actúan son la Policía Local o la Nacional «y sabemos que los recursos son los que son». En el caso de la Policía Local, lamenta, «los recursos a duras penas dan para cubrir los servicios en unas circunstancias normalizadas, por lo que ahora se hace más difícil».

Apela al sentido de la responsabilidad colectiva

La defensora de la Ciudadanía apela «al sentido de la responsabilidad colectiva de la ciudadanía, algo que lamentablemente no alcanza a todos». Pero también insta al Ajuntament a «estudiar la viabilidad de otras medidas de control». Recalca que «no es de justicia que la inmensa mayoría de la ciudadanía que sí es consciente y respetuosa con las medidas COVID y demás normativas deba pagar siempre por una minoría que incumple».