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Detenidos tres miembros de una fundación benéfica para niños con cáncer por una estafa de cerca de un millón de euros
En una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, los Mossos detienen por estafa la actual presidenta, la secretaria y uno de los vocales de la Fundación CIBI, los tres miembros de la misma familia
El supuesto objetivo fundacional de la entidad era ayudar a los niños con cáncer y sus familias, así como apoyar a los niños en situación de exclusión social
La investigación policial ha acreditado que la fundación habría recaudado más de un millón de euros de los que sólo unos 4.000 han sido destinados a obra social
La Policía de la Generalidad-Mossos de la comisaría de Sant Martí de Barcelona y de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos han conseguido detener la actividad delictiva de una entidad supuestamente benéfica que desviaba las aportaciones recibidas, destinadas a obra social, para su propio beneficio. Como resultado de una investigación iniciada en 2017, los Mossos han detenido a tres miembros de la dirección ejecutiva de la fundación CIBI como presuntos autores de una estafa en el marco de una colecta de carácter benéfico.
La investigación se inicia el año 2017, momento en que varias fundaciones dedicadas a la ayuda a niños enfermos de cáncer ponen en conocimiento de la policía el funcionamiento presuntamente anómalo de la Fundación CIBI. A partir de estas primeras informaciones recibidas, la Unidad de Investigación de la comisaría de San Martín abre una investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, con la colaboración del Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura y Deportes.
La actividad ilícita de la fundación comienza cuando un clan familiar de origen venezolano constituye la Fundación CIBI el año 2017 e inicia una relación socio-comercial con otras entidades del mismo sector. La entidad tenía repartidas unas 12.300 huchas para recoger donativos en comercios colaboradores en todo el Estado español, con los que presuntamente debían llevar a cabo las campañas del objeto fundacional.
Una vez aparecieron indicadores sobre posibles delitos de carácter económico, la División de Investigación Criminal encargó al Área Central de Delitos Económicos una investigación técnico-económica para descubrir la realidad sobre la estructura y el funcionamiento de la Fundación CIBI.
Los investigadores han podido determinar que desde 2017 hasta el año 2020 la fundación habría recaudado más de un millón de euros en donaciones y aportaciones de los que sólo destinaron unos 4.000 a obra social de ayuda a los niños enfermos de cáncer. Esto representa sólo el 0,47% del total de las aportaciones benéficas recibidas.
El 14 de junio de 2,021 se llevaron a cabo varias entradas y pesquisas en domicilios y locales, entre los que se encuentra la sede de la fundación investigada y los domicilios particulares de los principales investigados y detenidos, a excepción de uno que se encuentra en paradero desconocido, posiblemente en un país fuera de la Unión Europea.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, así como la Fiscalía de Barcelona, ha decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación y los principales investigados, ha bloqueado las cuentas corrientes y ha suspendido cautelarmente las actividades de la Fundación CIBI a través del Protectorado de fundaciones, hasta que se puedan valorar todos los indicios aportados por los investigadores.
Tras pasar a disposición judicial, la magistrada ha decretado libertad con fianza para los tres detenidos y prohibición de salir de España.
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Un inmigrante de Gambia condenado a prisión por intentar matar a un hombre a palos y agredir a policías
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La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años de prisión a un varón natural de Gambia por intentar matar a un hombre a golpes con un palo en el paseo marítimo de Vera (Almería) en 2023. También ha sido condenado por agredir a los tres policías locales que participaron en su detención.
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, dictada por conformidad, da por aprobado que en la noche del 12 de abril del año pasado, el acusado, de 43 años a fecha de los hechos y sin antecedentes penales, golpeó a la víctima en la cabeza con un palo de un metro de largo, de forma reiterada, «con gran violencia» y con la «intención de ocasionarle la muerte», para luego huir del lugar.
Tras la brutal agresión, tres agentes de la Policía Local de Vera procedieron a su arresto, momento en el que el procesado arremetió contra ellos «con ánimo de menoscabar su integridad física». Todos ellos sufrieron lesiones leves por patadas, golpes y mordiscos. El agredido, del que no han trascendido más datos, tuvo que ser trasladado al Hospital Público Comarcal La Inmaculada debido a la gravedad de sus heridas.
Por el delito de homicidio en grado de tentativa, el inmigrante gambiano deberá indemnizar a la víctima en algo más de 8.000 euros: 4.088 por las lesiones, 3.000 por los daños morales y 943 euros por las secuelas funcionales sufridas. Además, la Audiencia le impone 15 años de alejamiento e incomunicación con la víctima.
Por el delito de atentado a agente de la autoridad, la resolución judicial dicta seis meses de prisión adicionales. El procesado también indemnizará con una cuantía de 1.260 euros a los tres policías agredidos: 280 euros por morder a uno de los agentes, 630 euros al segundo por heridas en el brazo derecho y un dedo de la mano izquierda, y 350 euros al tercero por heridas en un ojo y contusiones en el hombro izquierdo y la rodilla.
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