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Detenidos tres miembros de una fundación benéfica para niños con cáncer por una estafa de cerca de un millón de euros

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En una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, ​​los Mossos detienen por estafa la actual presidenta, la secretaria y uno de los vocales de la Fundación CIBI, los tres miembros de la misma familia
El supuesto objetivo fundacional de la entidad era ayudar a los niños con cáncer y sus familias, así como apoyar a los niños en situación de exclusión social
La investigación policial ha acreditado que la fundación habría recaudado más de un millón de euros de los que sólo unos 4.000 han sido destinados a obra social

La Policía de la Generalidad-Mossos de la comisaría de Sant Martí de Barcelona y de la División de Investigación Criminal adscritos a la Unidad Central de Blanqueo y Delitos Económicos han conseguido detener la actividad delictiva de una entidad supuestamente benéfica que desviaba las aportaciones recibidas, destinadas a obra social, para su propio beneficio. Como resultado de una investigación iniciada en 2017, los Mossos han detenido a tres miembros de la dirección ejecutiva de la fundación CIBI como presuntos autores de una estafa en el marco de una colecta de carácter benéfico.

La investigación se inicia el año 2017, momento en que varias fundaciones dedicadas a la ayuda a niños enfermos de cáncer ponen en conocimiento de la policía el funcionamiento presuntamente anómalo de la Fundación CIBI. A partir de estas primeras informaciones recibidas, la Unidad de Investigación de la comisaría de San Martín abre una investigación, tutelada por el Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, ​​con la colaboración del Protectorado de Fundaciones, del Ministerio de Cultura y Deportes.

La actividad ilícita de la fundación comienza cuando un clan familiar de origen venezolano constituye la Fundación CIBI el año 2017 e inicia una relación socio-comercial con otras entidades del mismo sector. La entidad tenía repartidas unas 12.300 huchas para recoger donativos en comercios colaboradores en todo el Estado español, con los que presuntamente debían llevar a cabo las campañas del objeto fundacional.

Una vez aparecieron indicadores sobre posibles delitos de carácter económico, la División de Investigación Criminal encargó al Área Central de Delitos Económicos una investigación técnico-económica para descubrir la realidad sobre la estructura y el funcionamiento de la Fundación CIBI.

Los investigadores han podido determinar que desde 2017 hasta el año 2020 la fundación habría recaudado más de un millón de euros en donaciones y aportaciones de los que sólo destinaron unos 4.000 a obra social de ayuda a los niños enfermos de cáncer. Esto representa sólo el 0,47% del total de las aportaciones benéficas recibidas.

El 14 de junio de 2,021 se llevaron a cabo varias entradas y pesquisas en domicilios y locales, entre los que se encuentra la sede de la fundación investigada y los domicilios particulares de los principales investigados y detenidos, a excepción de uno que se encuentra en paradero desconocido, posiblemente en un país fuera de la Unión Europea.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, ​​así como la Fiscalía de Barcelona, ​​ha decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación y los principales investigados, ha bloqueado las cuentas corrientes y ha suspendido cautelarmente las actividades de la Fundación CIBI a través del Protectorado de fundaciones, hasta que se puedan valorar todos los indicios aportados por los investigadores.

Tras pasar a disposición judicial, la magistrada ha decretado libertad con fianza para los tres detenidos y prohibición de salir de España.

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad
Photo fjcastro

La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza
Photo fjcastro

El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas
Photo fjcastro

Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.

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