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Desarticulada una organización que emitía señal ilícita de televisión de pago por Internet a más de 3.000 usuarios

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Seis personas han sido detenidas, incluyendo el principal proveedor, a quienes se les acusa de cometer delitos contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional
Se estima que unos 3.000 usuarios estarían accediendo a la señal de la organización investigada, lo que suponía unos ingresos ilícitos de unos 150.000 euros anuales

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Málaga, Castellón, Valencia y Madrid una organización criminal dedicada, presuntamente, a la venta ilícita de televisión de pago por Internet. Seis personas han sido detenidas, incluyendo el principal proveedor, que daba servicio a cerca de 2.000 personas. Otros dos arrestados ejercían como revendedores y facilitaban la señal a otros 1.000 usuarios. Se estima que el grupo consiguió unas ganancias de, aproximadamente, 150.000 euros anuales.

Las investigaciones comenzaron a principios de 2020, cuando la operadora Telefónica -propietaria de su propia plataforma de distribución exclusiva de contenidos bajo la modalidad de IPTV y de satélite- detectó una serie de páginas web, relacionadas entre sí y publicitadas en varias redes sociales, cuya finalidad era la comercialización ilícita de los contenidos ya que no contaban con la autorización ni con los permisos necesarios para realizar esa difusión.

 Una vez recibida la denuncia, los agentes analizaron las páginas web denunciadas y los medios de pago que utilizaban los investigados para recibir los ingresos por los servicios que prestaban. Los policías determinaron que uno de ellos era el principal elemento de la organización criminal, ya que era quien difundía la señal ilícita de televisión y quien se la facilitaba a los demás implicados, que eran revendedores de la misma.

La organización contaba con una estructura típica de difusión de señal ilícita mediante IPTV, compuesta por un proveedor de contenidos que es la persona fundamental al facilitar la señal de televisión con los canales que se ofrecen; los revendedores o resellers, que son los encargados de comprar esa señal al proveedor y revendérsela posteriormente a los usuarios finales por un precio algo más elevado; y los usuarios finales, que son los clientes que contactan con los revendedores, que se suelen anunciar a través de sus propias páginas web, redes sociales o portales de compra-venta, principalmente, para poder disfrutar de la señal ilícita en sus domicilios.

Entradas y registros simultáneos en tres domicilios

Dada la facilidad que ofrece el sistema IPTV para poder difundir la señal de televisión con independencia de la ubicación física de las personas, se detectó que el proveedor de contenidos vivía en la localidad malagueña de Estepona, mientras que los otros cinco implicados vivían en Madrid, en la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber y en Vall de Uxó, en la provincia de Castellón.

Una vez realizadas todas las gestiones tendentes a localizar a los miembros de esta organización, así como a establecer las relaciones que existían entre ellos y el papel que cada uno jugaba, se solicitó la entrada y registro en sus domicilios, con el objetivo de recopilar evidencias digitales y desmantelar el sistema de difusión ilícita de señal que habían montado. Las entradas y registros se practicaron en tres domicilios de forma simultánea, ubicados en Estepona, San Antonio de Benagéber y Vall de Uxó.

En el domicilio del principal investigado, en Estepona, se localizaron diferentes paneles desde los que se gestionaba a los clientes las tres páginas web investigadas. A través de esos paneles se facilitaba la señal tanto a otros revendedores como a usuarios finales, estimando que unos 2.000 clientes dependían directamente de este proveedor. Junto al principal detenido, se detuvo en Estepona a otras dos personas que colaboraban en la difusión ilícita de la señal.

En los domicilios de San Antonio de Benagéber y Vall de Uxó se detuvo a los dos principales revendedores del principal investigado, los cuales tenían también paneles para gestionar sus propios clientes de IPTV, que eran aproximadamente 500 en cada caso. Uno de ellos, incluso, tenía instalada en su domicilio una infraestructura para la difusión de señal. La última detención se realizó en Madrid, en concreto una mujer que colaboraba con el principal investigado en sus labores de gestión de las páginas web.

En función del número de revendedores y clientes finales que los investigados gestionaban a través de sus paneles, se estima que el número de clientes finales que estarían accediendo a la señal de la organización investigada rondaba los 3.000 usuarios. Teniendo en cuenta que el precio medio que pagaba cada uno de ellos por acceder a sus servicios era de unos 50 euros, los ingresos anuales de la organización eran de alrededor de 150.000 euros anuales. Asimismo, la denunciante había estimado sus pérdidas en cerca de 500.000 euros anuales.

A los detenidos se les imputan delitos contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional.

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad
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La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza
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El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas
Photo fjcastro

Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.

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