El Defensor del Pueblo insta al Ministerio de Justicia, en su último informe como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), publicado este jueves, a derogar “la norma que habilita el uso de las sujeciones mecánicas en los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional”. Lo hace tras haber visitado durante 2020 siete de estos centros, entre ellos el de Tierras de Oria (Almería), donde en 2019 falleció Ilias T., un muchacho de origen marroquí al que se había inmovilizado con correas tras aplicársele el llamado “protocolo de contención”. El documento de la institución que dirige Francisco Fernández Marugán en funciones destaca que, tras revisar las grabaciones de este último recinto, los inspectores detectaron numerosas irregularidades en las actuaciones para inmovilizar a los jóvenes que protagonizan incidentes, una de las cuales califican de “peligrosa”. En una anterior visita a este centro, realizada en 2018, poco antes de la muerte del Illias, el Defensor ya encontró “deficiencias” y pedía “reflexionar” sobre “el uso de las contenciones mecánicas” con este fin. Ahora, pide abiertamente su fin.

El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de Torres de Oria fue visitado “sin previo aviso” el 16 de junio del año pasado por tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuyo “objetivo principal [era] el examen pormenorizado de las condiciones en las que se aplican las sujeciones mecánicas, tras el fallecimiento en el año 2019 de un menor interno”, según recoge la ficha elaborada. En ella, los representantes del Defensor se entrevistaron con el subdirector del centro y varios trabajadores, así como con menores, pero sobre todo “visualizaron imágenes [grabadas por las videocámaras] de varias sujeciones mecánicas”. Al término de la visita, la institución asegura haber detectado 11 irregularidades. Entre ellas, que “en la mayoría de las contenciones” los menores no mostraban signos de alteración ni violencia que justificarse la medida que se les aplicaba. “En lugar de tratarse la agresividad, era la propia actuación de la contención la que podía generarla”, señala el informe.

El Defensor también destaca que en uno de los casos se veía a un menor “muy agitado” que gritaba “tengo miedo a morir” y que, pese a que cuando se le colocaron las cintas de sujeción se calmó, se le mantuvo inmovilizado durante una hora y media. “Del examen del libro registro de medios de contención se evidenció que hay sujeciones que sobrepasan las seis horas”, denuncia el documento. También que en otra grabación se veía como los vigilantes de seguridad “tapaban la cara y el cuello del menor, aparentemente con fuerza, para evitar que escupiera. Esta forma de actuar puede resultar peligrosa, ya que puede ocasionar la asfixia de la persona a la que se le está aplicando”, concluye. En este sentido, el informe apunta a que, “de los testimonios de varios menores, que resultaban verosímiles, se desprende que la sujeción mecánica parece usarse como un castigo ante una acción de un menor”.

Los técnicos también constataron que en el centro se aplicaba de manera “reiterada” las sujeciones mecánicas a menores con problemas de salud mental, una práctica en el Mecanismo Nacional de Prevención dela Tortura insiste en que debe prohibirse “por el elevado riesgo de que la medida desencadene crisis psicóticas o descompensaciones de trastornos preexistentes”. Finalmente, el informe denuncia “una práctica” detectada en el centro almeriense consisten “en mantener sentados en una silla con los brazos engrilletados por detrás a los menores, custodiado por un vigilante de seguridad”. En este sentido, el documento recalca que “los medios de contención no se pueden utilizar de manera que atenten contra la dignidad de los menores”. Al término de la visita, el Defensor hizo ocho sugerencias, una recomendación y un recordatorio de deberes legales a los responsables del centro. La mayoría de todas ellas referidas, precisamente, a la utilización de las sujeciones mecánicas.

En el informe, en el que también se recogen los resultados de las visitas a otros centros de menores, la institución insiste en que el uso de estas “es objeto de preocupación constante para esta institución”. De hecho, el documento recoge deficiencias generalizadas encontradas en estos lugares como la falta de habitaciones adecuadas para realizar estas contenciones mecánicas, la inexistencia de libros de registros en algunos casos o su cumplimentación incorrecta; la ausencia de protocolos para aplicar “medios de contención no violenta”; la falta de sistemas de videovigilancia y videograbación o la falta de formación del personal en técnicas de gestión del conflicto y la agresividad. Por todo ello, el Defensor insiste en la necesidad de “priorizar” con estos menores otros “métodos alternativos en la gestión de incidentes violentos”, y pone como ejemplo “las técnicas verbales de desescalada que impiden que aumente el conflicto”.