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Hice el título de vigilante de seguridad y me costó bastante, todo por la integración

Hice el título de vigilante de seguridad y me costó bastante, todo por la integración

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COMO a todo opositor que se precie, a Natalia Rincón le da miedo que los nervios se apoderen de ella el día del examen. «Me preocupa quedarme en blanco», confiesa. También Fidel Rodríguez teme no poder mantener la calma, tal y como le ha pasado en alguna otra ocasión. «Hice el título de vigilante de seguridad y me costó bastante. Lo saqué a la tercera», reconoce. Todo un mérito por su perseverancia y porque aquella prueba no estaba dirigida a personas con discapacidad intelectual, a diferencia de la OPE de la Diputación Foral de Bizkaia a la que ambos se presentarán en diciembre. «Si no les apoyamos y adaptamos todo para ponérselo más fácil, ni siquiera se presentarían porque opositar cuesta y a ellos, bastante más», afirma Unai Rodríguez, formador de la academia de Lantegi Batuak donde les preparan para subir la rampa de acceso a un empleo público. «Con el temario no los veo asustados, pero les preocupan los nervios y cómo enfrentarse al examen», confirma.

Junto a Natalia y Fidel, otras 200 personas con discapacidad intelectual se están formando con la ayuda de Lantegi Batuak para optar a las tres plazas de subalterno y dos de operario de mantenimiento que ofertará, en esta segunda convocatoria destinada específicamente al colectivo, la institución foral. En total, la cifra de opositores podría ascender «a 400 porque también se van a presentar personas que están estudiando por su cuenta o con otras entidades», estima Fernando Martín, responsable de desarrollo sociolaboral de Lantegi Batuak, para quien «la participación es un éxito en sí misma porque es una forma de demostrarle a la administración toda la gente que hay interesada en participar en estos procesos».

El nudo en el estómago a la hora de la verdad será el mismo y también tendrán que aprenderse la Constitución, pero en lectura fácil. «El temario y los ejercicios están adaptados, pero entra todo. Los derechos, obligaciones y deberes los tienen que aprender igual», aclara Unai, poco antes de dar clase a los siete alumnos que han acudido en el primer turno de la tarde al centro de Lantegi Batuak en Sondika.

Aunque con las clases y las herramientas digitales que han puesto a disposición de los candidatos «se nota que van avanzando», hay huesos que les resultan duros de roer. «El proceso administrativo común es el tema que más les cuesta porque no estamos acostumbrados a hacer peticiones a la administración, tiene unas fases muy marcadas y es muy concreto. También les resulta complicado el de riesgos laborales porque tiene un vocabulario más técnico», detalla el formador.

Puntuales a sus citas en el aula, de la que se acaban de despedir para recargar pilas y regresar en septiembre, Unai alaba su «esfuerzo», sobre todo, porque muchos trabajan por las mañanas. «Es voluntario y todos vienen todos los días. Les cuesta un poco ser constantes cuando mandamos hacer cosas para casa, pero, por lo general, los veo bien, están contentos y la asistencia y la participación en clase es buena», dice.

A las 81 personas que se están formando presencialmente en los centros de Sondika y Etxebarri hay que sumar las 65 que lo están haciendo on line y «la gente a la que, cuando han salido las bases, le ha entrado el gusanillo y también se va a presentar», comenta este profesional, que, además de la materia propia de la OPE, también les enseña competencias digitales y los prepara «para afrontar los exámenes».

Las pruebas, apunta el responsable de desarrollo sociolaboral de Lantegi Batuak, son «eliminatorias» con la presión que eso conlleva. «Se juegan mucho en el examen teórico porque si no lo aprueban, se quedan fuera. Luego hay un segundo examen práctico. En función de la categoría laboral a la que se presenten, harán uno, otro o los dos», precisa.

ESTA OPE PERMITIRÁ «CUMPLIR LA LEY» 

Esta OPE de la Diputación Foral de Bizkaia, en la que no solo se han adaptado los temarios, sino también «el propio proceso, las diferentes pruebas, exámenes e incluso las bases», permitirá, según destaca Fernando Martín, «cumplir la ley». Hasta ahora, explica, «todas las OPE respetan la ley porque hacen una reserva de plaza de un 7% para personas con discapacidad y, de esas, un 2% para personas con discapacidad intelectual». Sin embargo, añade, «a la hora de la verdad» esos porcentajes no se suelen cubrir por miembros del colectivo, que, ante la dificultad de la materia y del procedimiento, muchas veces ni concurren.

Lo que pasa en la práctica, lamenta Fernando, «es que si no adaptas las pruebas y dejas una oposición libre, estas personas tienen muchas dificultades para entender los temarios, los procesos son complejos y no tienen apoyos suficientes para presentarse o si se presentan, se pierden por los pasillos o no se aclaran y al final no pueden hacerlo bien».

El resultado, prosigue, es que «si no cubren las plazas con personas con discapacidad intelectual, van a personas con otras discapacidades, y si tampoco se cubren, van al grupo normal de forma que existe el riesgo de que muchas no se cubran con el colectivo. Nosotros insistimos mucho en que esos tantos por ciento haya que cumplirlos«, reivindica.

En este sentido, reitera su llamamiento «al Gobierno vasco para que, sobre todo en entidades como Osakidetza, que tienen un volumen muy importante de contratación», se realicen pruebas adaptadas para personas con discapacidad intelectual. «Seguimos trabajando para que oposiciones como esta, que está muy bien, pero no deja de ser una excepción, sean una realidad», subraya y añade que hasta ahora se habían «centrado más en generar oportunidades de empleo en la industria».

La OPE de este año será la segunda convocada por el ente foral para este colectivo, tras la realizada en 2018. «En la primera se creó una bolsa de empleo que la Diputación ofreció a todos los ayuntamientos. El de Bilbao ha contratado a tres personas de esa bolsa», detalla. En aquella ocasión las cinco plazas ofertadas eran de subalterno, mientras que ahora dos serán de operario de mantenimiento. «Nos parece interesante seguir ampliando el empleo público y si puede ser diverso, mejor, porque hay personas en nuestra organización, que trabajan de apoyo en los almacenes o de mantenimiento en las cadenas, que nunca se presentarían a un examen si las tareas fueran puramente administrativas», argumenta Fernando.

Reparto de valija, atención al público, cambiar una bombilla, purgar un radiador… Estos serán algunos de los cometidos de los candidatos que obtengan una plaza. Una meta para la que llevan preparándose desde enero, por lo que, según reconoce el responsable de Desarrollo sociolaboral de Lantegi Batuak, se merecen un descanso. «El examen iba a ser antes de verano, pero al publicarse las bases tan tarde se ha retrasado hasta diciembre. Como se habla de fatiga pandémica, fatiga académica también puede haber, así que les vamos a dar vacaciones para hacer en septiembre el sprint final».

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Herido grave un joven de 18 años apuñalado en el metro de Usera

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Un joven de 18 años ha resultado herido grave este domingo tras una agresión con arma blanca en el Metro de Usera, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso ha ocurrido sobre las 7.00 horas, cuando los equipos de emergencia han recibido un aviso de un varón de 18 años con una herida de arma blanca en el hombro izquierdo.

Al lugar se ha trasladado un equipo de Samur-PC, que ha estabilizado al joven, cuya herida podía afectar también a la región torácica.

Posteriormente, el herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre, mientras Policía Nacional investiga los hechos.

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Detenido por atrincherarse un hospital de Mallorca y amenazar con quemarse ante su mujer y su hija recién nacida

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Un hombre, de origen marroquí y unos 40 años de edad, fue detenido este viernes tras atrincherarse en el área de Maternidad del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca y amenazar con quemarse a lo bonzo ante su mujer y su hija recién nacida.
Los hechos ocurrieron en torno a las 13:20 horas de este viernes, en Son Llàtzer, cuando un hombre, de origen marroquí y unos 40 años, se atrincheró en el área de Maternidad y amenazó con quemarse a lo bonzo ante su mujer y su hija recién nacida, según ha adelantado el diario ‘Última Hora’ y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso. 45 minutos atrincherado
Al parecer, el hombre se atrincheró durante en torno a unos 45 minutos, amenazando con quemarse a él y a toda el área de Maternidad de Son Llàtzer, tras ser informado de que iba a perder la custodia de su hija recién nacida .
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que intentaron calmar al varón y que abandonara la habitación.
El hombre se resistió, desobedeciendo a los agentes. Por tales motivos, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y de desobediencia y resistencia a la autoridad .
El varón pasó este sábado a disposición judicial. El Juzgado decretó para el mismo una orden de alejamiento del Hospital y de su hija recién nacida.

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Barcelona denuncia como delito de odio el bulo de un piso con 1.600 magrebíes empadronados

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El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante Fiscalía por presunto delito de odio a los autores de un mensaje «viral» en redes sociales según el cual se detectaron 1.600 empadronamientos fraudulentos en una vivienda (realmente vivían 5 personas) que pretendían cobrar ayudas sociales y votar en las elecciones municipales , informa el Ayuntamiento.
El mensaje decía: «Nuevo escándalo de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno. Hace pocos días la Guardia Civil entró en un piso de la zona de Horta-Guinardó porque en ese piso figuraban 1.600 empadronados de origen magrebí, 1.600 empadronados en un solo piso!!!«.
En declaraciones a los periodistas, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha dicho que se ha contrastado esta información con la Guardia Civil y otros cuerpos policiales y con el Padrón municipal y se ha determinado que esta detección «no se produjo nunca» ni hay ningún domicilio con 1.600 personas empadronadas en Barcelona.

«No se trata de una mentira inocente, no se trata de un hecho aislado, sino que se trata de una operación organizada para sembrar una imagen de duda ante las próximas elecciones municipales y atacar al propio colectivo de las personas magrebíes«, ha añadido.

Para él, este tipo de mensajes buscan «poner la llama en la mecha del racismo y, a través de este sentimiento de odio , conseguir una viralidad«, y ha dicho que al Ayuntamiento de Barcelona le preocupa cómo esto puede afectar a la población migrada de la ciudad.

El escrito presentado a Fiscalía a través de la Oficina para la No Discriminación de Barcelona y consultado por Ep, constata que el consistorio ha podido comprobar que el mensaje ha sido ampliamente difundido en las redes sociales por Whatsapp, Twitter y otros, «obteniendo decenas de miles de visualizaciones y tantas otras comparticiones».

Además, denuncian que, «aparte del indudable contenido calumnioso hacia la alcaldesa de Barcelona» – atribuía el fraude a Ada Colau y a su equipo de gobierno-, el mensaje representa una incitación al odio, el rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí, según el texto.

El Ayuntamiento también alega que los autores, entre los cuales dicen que hay juristas y psicólogos, «eran conocedores de la absoluta falsedad del mensaje por su total inverosimilitud «. »Si Ada Colau gana las elecciones, ya puedes pensar de dónde han salido los votos«, se añadía en el mensaje, otra falsedad en cuanto los ciudadanos marroquíes no pueden votar en las elecciones municipales ya que no hay convenio de reciprocidad con este país.

También identifica cuatro cuentas de Twitter que han reproducido el texto, detrás de los cuales hay presuntamente un guardia civil y un inspector de policía, y concluye que «estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión».

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