La organización, integrada por al menos diez personas, estaba asentada en San Sebastián y Madrid. Su líder y máximo responsable era una mujer de nacionalidad española y origen mongol, quien recibía los beneficios de la explotación que se ejercía sobre las víctimas de la trata en España.

Esta persona se había erigido como un «referente» a nivel europeo para el contacto con ciudadanos de Mongolia, con el fin de que los asesorase para la consecución de trámites documentales y formas de entrar en España escapando al control normativo bajo una contraprestación económica.

Hace aproximadamente dos años que la actividad delictiva de la líder evolucionó hacia formas más graves, al captar mujeres procedentes de su país de origen, jóvenes con pocos recursos, a quienes engañaba con oportunidades de estudios o de trabajo en países del espacio Schengen.

La intención final era la explotación laboral, obligando a sus víctimas a trabajar en talleres clandestinos, a ser explotadas sexualmente en locales de Madrid y a realizar actividades delictivas como el robo y hurto de ropa y perfumes en diferentes establecimientos ubicados tanto en España como en Francia.

La líder de la organización se rodeaba de su entorno más cercano, encargados de las diferentes áreas delictuales como la captación, traslado, acogimiento y posterior explotación. Una de sus víctimas se encontraba trabajando en un comercio de Madrid utilizando la identidad de otra persona.

La investigación comenzó con la recepción en el correo electrónico trata@policia.es, establecido para la lucha dentro del Plan Policial Contra la Trata de Seres Humanos, de una información que podría indicar la existencia de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, laboral y realización de actividades delictivas. Esta colaboración ciudadana supuso, por tanto, de gran ayuda en la lucha contra esta actividad que atenta gravemente la integridad de las personas.

La investigación culminó con dos víctimas liberadas y siete detenidos, tres en Madrid y cuatro en San Sebastián, por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, sexual y para cometer actos delictivos, favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y usurpación de funciones. Además, se realizaron tres registros, dos en Madrid y uno en San Sebastián, donde se intervino documentación relacionada con la actividad delictiva.