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Nueva Ley de Caza: se levanta la veda judicial

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A lo largo del último lustro, la práctica cinegética ha estado sujeta al escrutinio judicial. Varios marcos normativos han llegado a los tribunales puestos en cuestión desde distintas entidades, con una sucesión de varapalos contra la administración autonómica. El momento más conflictivo llegó hace dos años, cuando como medida cautelar se imponía la veda en la Comunidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Las Cortes dieron entonces una solución temporal al conflicto mientras se elaboraba a contrarreloj y sin esperar a las resoluciones pendientes una nueva Ley de Caza que diera amparo jurídico a esta actividad y cuyo proyecto hace unos días salía adelante con un importante consenso político poco habitual en estos tiempos en el Hemiciclo. La norma echa a andar sin ningún voto en contra. Podemos se abstuvo y el resto dio su visto bueno.

El proyecto de ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos «viene a consolidar la caza como actividad esencial» para el medio rural y la conservación de los ecosistemas dotando a esta práctica de «más seguridad jurídica» tras años en los que «nos han dado palos por todos los costado», apunta el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, quien celebra ese consenso político que ha imperado en torno a la norma. Con ella, entiende que se promueve una caza «más racional y más razonable» a través de un texto «moderno» que cree que es «uno de los mejores de España».

Sea como fuere la norma cierra años de tensión en los tribunales en torno a la caza, con la realización de adecuados planes cinegéticos que dan respuesta a los varapalos judiciales. Al menos en principio, ya que es susceptible este nuevo marco legal de empezar otro periplo judicial como su antecesor, cuya última modificación acabó ante el Constitucional hace unos meses.

En concreto hace cuatro años, el TSJ de Castilla y León anuló algunos artículos del decreto para la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre a iniciativa de Ecologistas en Acción. Como respuesta a ese fallo, la Junta dictó entonces un nuevo decreto para ajustarse a la sentencia, pero el nuevo marco legal llegó a la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia poco después, en este caso de la mano de Pacma y con un efecto práctico mucho más notorio. Esta vez, en 2019, el TSJ acordaría como medida cautelar la suspensión de la caza en todo el territorio de la Comunidad.

Esta segunda sentencia dio lugar a una réplica política. Mientras se avanzaba en la nueva ley aprobada la semana pasada, las Junta promovió una modificación de la anterior ley de caza para poder levantar la veda al amparo de esta normativa que no estaba sujeta a examen. La solución salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE en las Cortes, aunque no estuvo libre de polémica y de nuevo su camino se cruzó con los tribunales.

Es a partir de este momento cuando los varapalos en contra de la regulación autonómica de los últimos años dan un giro y los pronunciamientos comienzan a ser favorables. Primero llegó en el mes de mayo de 2020 una sentencia del Supremo en la que se admitía el recurso de la Junta y se pronunciaba en contra de la anulación por parte del TSJ en 2017 de ese primer decreto regulatorio que dio inicio a las sucesivas iniciativas y modificaciones. Poco después llegaría un segundo pronunciamiento, en este caso del Tribunal Constitucional, contra dos cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Defensor del Pueblo y el TSJ de Castilla y León contra la citada modificación exprés de la antigua ley de caza, aprobada en Cortes para reactivar la actividad cinegética tras sus suspensión cautelar, con un nuevo fallo a favor de la administración autonómica. La nueva norma deja ya vacío el debate.

«Conservación y respeto»
Más allá de solucionar el conflicto judicial, la Ley de Caza recientemente aprobada aprovecha también para dotar a esta práctica de un marco actualizado frente al texto inicial que databa de finales de los noventa con un texto que apuesta por una actividad sostenible y ordenada en el mundo rural. «Es una ley que avanza sobre la conservación y con respeto a los ecosistemas», destacó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el debate de la iniciativa, que incorporó 39 enmiendas en total de los grupos.

La ley, que limita a la administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie y para excluirla, prevé una Estrategia de Caza de Castilla y León conplanes territoriales de recursos y de gestión de especies cinegéticas cuando se requiera de una consideración especia, que igualmente, en los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados y basarse en censos rigurosos. Además, se creará un sistema de seguimiento de las poblaciones cinegéticas bajo el control de las capturas realizadas por los cazadores.

Las principales novedades de la nueva norma
El nuevo texto actualiza en muchos aspectos la anterior normativa -no en vano, data de 1996- e incluye una serie de novedades entre las que destaca, por un lado, la creación de las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza.

La segunda gran novedad es el concepto de «emergencia cinégética» para permitir un adecuado control poblacional y evitar riesgos importantes sobre la salud, la seguridad de las personas y la agricultura. Esta figura ampararía una actuación ante una sobrepoblación intensa de determinadas especies.

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Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón

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La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís oculto en un domicilio de Alcorcón y ha detenido a un matrimonio que desde este inmueble distribuía estas sustancias estupefacientes a cualquier hora del día.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba enganchada ilegalmente a la red, señalado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota.

La investigación se inició a principios de abril pasado, cuando los agentes detectaron un gran trasiego de personas que entraban en un inmueble en el entorno de la estación de cercanías de Las Retamas y tras pasar un breve momento en su interior, abandonaban el lugar rápidamente.

Además, los agentes de la Policía pudieron constatar cómo en este domicilio se efectuaban numerosas transacciones de droga a cualquier hora del día.

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En el curso de la investigación y prosiguiendo con las pesquisas, los investigadores pudieron determinar el piso donde se llevaba a cabo la actividad ilícita, así como la identificación de los responsables.

Finalmente, el 24 de mayo se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención de un varón y mujer, moradores de este domicilio.

En el registro efectuado, se intervinieron vehículos, pistolas simuladas, armas blancas, dinero en efectivo, varias dosis de cocaína y hachís, así como útiles para la preparación y comercialización de las sustancias.

Tras los arrestos efectuados, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de un delito contra la salud publica y un delito de defraudación eléctrica.

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Detenido en Toledo un conocido alunicero buscado por homicidio

Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

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La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un conocido alunicero y butronero que estaba fugado de la Justicia, entre otros delitos por homicidio, y que acumula un historial con 70 detenciones.

Según ha informado la Policía, el fugitivo tiene pendiente su ingreso en prisión por su presunta relación con la muerte de una persona ocurrida al arrojar vigas de hierro desde el vehículo en el que huía para evitar su detención tras cometer un robo con fuerza.

El arrestado pertenece a la familia Motos, según apuntan fuentes policiales. Le constaban cuatro reclamaciones judiciales por los delitos de homicidio, robo con fuerza y lesiones.

Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón
Agentes de la Policía Nacional lo han detenido en la provincia de Toledo después de que averiguaran que tanto el fugitivo como miembros de su entorno cambiaban de domicilio habitualmente con el fin de entorpecer su detención, tanto en la zona de Carabanchel, el barrio que frecuentaba de forma habitual, como en otras localidades cercanas a Madrid.

Los agentes averiguaron que su actual pareja e hijos se habían desplazado a una pequeña localidad de Toledo, articulando así los agentes un dispositivo de vigilancia que permitió ubicar el domicilio donde residía este individuo, pudiendo de esta manera proceder a su detención y posterior puesta a disposición judicial.

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Durante la investigación, en uno de los posibles domicilios familiares rastreados al pensar que podría ser usado de escondite por el fugitivo, se localizó una plantación ‘indoor’ compuesta por 174 plantas de marihuana que estaría usando para subsistir económicamente

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Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

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Un bebé de tan solo 19 meses ingresó en septiembre de 2019 en el Hospital 12 de Octubre por una intoxicación por consumo de cocaína.
Fueron los padres los que se habían puesto de acuerdo para suministrar esta droga a su hija con la intención de «menoscabar la integridad física de la menor de edad», según indica el relato de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El próximo martes 13 comienza el juicio contra esta pareja. Noticia Relacionada estandar Si La vergüenza de los huérfanos de violencia de género: «Es la primera vez que no digo que a mi madre la mató un coche» Érika Montañés Los hijos de las mujeres asesinadas quedan en una situación de doble desamparo cuando tienen más de 18 años o en el momento en que traspasan esa mayoría de edad Durante al menos 6 o 7 meses, la pareja suministraba a su hija de apenas dos años de edad dosis de cocaína con el ánimo de causarle lesiones.
El bebé ingresó con una intoxicación «plena» por cocaína, produciéndole un cuadro febril y contusiones, que precisaron de asistencia médica consistente y en la que se requería de un tratamiento farmacéutico (midazolam, que es una benzodiacepina y levetiracetam, que es un anticonvulsivo usado en epilepsia), oxigenoterapia y antipirético, y de las que tardó en curar 2 días impeditivos. Los padres, de 40 y 41 años, se enfrentan en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de más de 7 años de prisión por un delito de tráfico de drogas y otro agravado de lesiones al ser la víctima menor de 12 años.
Además, según indica el escrito del Ministerio Público, tanto el padre, P. A. J., con antecedentes penales , como la madre, S. R. G., se les privaría de la potestad de la menor y tendrían prohibido tanto acercarse como comunicarse con su hija a través de cualquier medio durante 5 años.

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