A lo largo del último lustro, la práctica cinegética ha estado sujeta al escrutinio judicial. Varios marcos normativos han llegado a los tribunales puestos en cuestión desde distintas entidades, con una sucesión de varapalos contra la administración autonómica. El momento más conflictivo llegó hace dos años, cuando como medida cautelar se imponía la veda en la Comunidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Las Cortes dieron entonces una solución temporal al conflicto mientras se elaboraba a contrarreloj y sin esperar a las resoluciones pendientes una nueva Ley de Caza que diera amparo jurídico a esta actividad y cuyo proyecto hace unos días salía adelante con un importante consenso político poco habitual en estos tiempos en el Hemiciclo. La norma echa a andar sin ningún voto en contra. Podemos se abstuvo y el resto dio su visto bueno.

El proyecto de ley de caza y de gestión sostenible de los recursos cinegéticos «viene a consolidar la caza como actividad esencial» para el medio rural y la conservación de los ecosistemas dotando a esta práctica de «más seguridad jurídica» tras años en los que «nos han dado palos por todos los costado», apunta el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, quien celebra ese consenso político que ha imperado en torno a la norma. Con ella, entiende que se promueve una caza «más racional y más razonable» a través de un texto «moderno» que cree que es «uno de los mejores de España».

Sea como fuere la norma cierra años de tensión en los tribunales en torno a la caza, con la realización de adecuados planes cinegéticos que dan respuesta a los varapalos judiciales. Al menos en principio, ya que es susceptible este nuevo marco legal de empezar otro periplo judicial como su antecesor, cuya última modificación acabó ante el Constitucional hace unos meses.

En concreto hace cuatro años, el TSJ de Castilla y León anuló algunos artículos del decreto para la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre a iniciativa de Ecologistas en Acción. Como respuesta a ese fallo, la Junta dictó entonces un nuevo decreto para ajustarse a la sentencia, pero el nuevo marco legal llegó a la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia poco después, en este caso de la mano de Pacma y con un efecto práctico mucho más notorio. Esta vez, en 2019, el TSJ acordaría como medida cautelar la suspensión de la caza en todo el territorio de la Comunidad.

Esta segunda sentencia dio lugar a una réplica política. Mientras se avanzaba en la nueva ley aprobada la semana pasada, las Junta promovió una modificación de la anterior ley de caza para poder levantar la veda al amparo de esta normativa que no estaba sujeta a examen. La solución salió adelante con el apoyo de PP, Ciudadanos y PSOE en las Cortes, aunque no estuvo libre de polémica y de nuevo su camino se cruzó con los tribunales.

Es a partir de este momento cuando los varapalos en contra de la regulación autonómica de los últimos años dan un giro y los pronunciamientos comienzan a ser favorables. Primero llegó en el mes de mayo de 2020 una sentencia del Supremo en la que se admitía el recurso de la Junta y se pronunciaba en contra de la anulación por parte del TSJ en 2017 de ese primer decreto regulatorio que dio inicio a las sucesivas iniciativas y modificaciones. Poco después llegaría un segundo pronunciamiento, en este caso del Tribunal Constitucional, contra dos cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el Defensor del Pueblo y el TSJ de Castilla y León contra la citada modificación exprés de la antigua ley de caza, aprobada en Cortes para reactivar la actividad cinegética tras sus suspensión cautelar, con un nuevo fallo a favor de la administración autonómica. La nueva norma deja ya vacío el debate.

«Conservación y respeto»
Más allá de solucionar el conflicto judicial, la Ley de Caza recientemente aprobada aprovecha también para dotar a esta práctica de un marco actualizado frente al texto inicial que databa de finales de los noventa con un texto que apuesta por una actividad sostenible y ordenada en el mundo rural. «Es una ley que avanza sobre la conservación y con respeto a los ecosistemas», destacó el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el debate de la iniciativa, que incorporó 39 enmiendas en total de los grupos.

La ley, que limita a la administración autonómica para considerar cinegética una nueva especie y para excluirla, prevé una Estrategia de Caza de Castilla y León conplanes territoriales de recursos y de gestión de especies cinegéticas cuando se requiera de una consideración especia, que igualmente, en los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados y basarse en censos rigurosos. Además, se creará un sistema de seguimiento de las poblaciones cinegéticas bajo el control de las capturas realizadas por los cazadores.

Las principales novedades de la nueva norma
El nuevo texto actualiza en muchos aspectos la anterior normativa -no en vano, data de 1996- e incluye una serie de novedades entre las que destaca, por un lado, la creación de las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza.

La segunda gran novedad es el concepto de «emergencia cinégética» para permitir un adecuado control poblacional y evitar riesgos importantes sobre la salud, la seguridad de las personas y la agricultura. Esta figura ampararía una actuación ante una sobrepoblación intensa de determinadas especies.