El independentismo lleva décadas desprestigiando a la judicatura. Cuando en 1986 Jordi Pujol fue imputado por la quiebra de Banca Catalana, los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo fueron el centro de la diana de los ataques nacionalitas. Desde entonces, el amedrentamiento a la Justicia ha sido una constante, si no, que se lo pregunten a Ana María Magaldi, fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Barcelona cuando se imputo a Artur Mas por malversación en relación al referéndum del 9-N de 2014 o al juez Pablo Llarena, instructor del caso del ‘procés’ y que tramitó las euroórdenes. Ambos lo pagaron con ataques a sus domicilios particulares y a sus familias.

El objetivo de los paseíllos desde el Parlamento de Cataluña hasta la sede del Tribunal Superior de Jusiticia de Cataluña, cada vez que un político separatista imputado tenía que declarar, no tenía otro fin que el de condicionar la actuación de los jueces. Así lo vivió en primera persona Montse del Toro, secretaria judicial que el día de la manifestación dirigida por los Jordis frente a la Consejería de Economía tuvo que huir por el tejado.

El ataque constante por parte del independentismo tanto a jueces como a la policía tiene un primer objetivo obvio que es su desprestigio. Todo togado y todo uniformado no es sospechoso de nada, es directamente, sin duda, fascista y represor.

El segundo de los objetivos es que ningún juez, ni policía, quiera ejercer en Cataluña y que los jueces, fiscales y policías que actualmente trabajan en Cataluña pero no han nacido aquí pidan el traslado. En otros ámbitos el nacionalismo ha actuado de igual forma, por ejemplo, en el mundo municipal los secretarios e interventores de ayuntamiento, funcionarios de habilitación nacional, a base de exigencias lingüísticas y otras lindezas han ido dejando vacantes sus puestos que han sido cubiertos por substitutos locales con plaza precaria y más moldeables por el nacionalismo.

La persecución y substitución del discrepante togado abarca todos los ámbitos de la administración. Laura Borràs, como presidenta del Parlament, acaba de fulminar a los letrados de la Cámara para substituirlos por otros que le deban el puesto y sean más obedientes.

Esta forma de proceder tiene, además de los ya citados, dos grandes objetivos. Uno es que cuando lo vuelvan a hacer no se encuentren con la molestia que les tocó sufrir en 2017, cuando el Consejo de Garantías Estatutarias o los letrados del Parlament hicieron advertencias públicas de la ilegalidad y falta de garantías en el proceso separatista; y la segunda, y más importante, es maniatar a la judicatura a base de criminalizarlos y hacer inviable su acción. En este último y crucial punto los independentistas se han encontrado con la inesperada ayuda de Pedro Sánchez.

Imaginemos por un momento que los recursos de PP, Vox o Cs son tomados en consideración y, en consecuencia, los políticos condenados por sedición y malversación tienen que volver a prisión para cumplir, como es debido, su condena. A continuación, dado que la Justicia ha sido desprestigiada durante años equiparándola a un órgano franquista y trasnochado, los independentistas, esos de los que Sánchez espera concordia y reencuentro pero en realidad son los que vía Telegram mueven los hilos de los CDR, llamarían a tomar las calles, exactamente igual que el 3 de octubre de 2017 y exactamente igual que hicieron cuando se dictó sentencia en octubre de 2019 y cortaron todas las autopistas, y exactamente igual que cuando se detuvo a Pablo Hasel en febrero de este año.

El objetivo separatista al denigrar a la Justicia es hacer que esta no tenga capacidad de aplicar sus decisiones y lo han conseguido. La ley en Cataluña es inaplicable y la independencia judicial no existe.

Al igual que hoy parece que los responsables de que en Cataluña no haya reencuentro no son Oriol Junqueras o Jordi Cuixart sino los catalanes no separatistas, si la Justicia hace su trabajo y, si fuera el caso, dictaminara que los indultos no se ajustan a derecho en Cataluña estallaría un revolución con nuevos cortes de calles, autopistas, batallas en Urquinaona, containers quemados en la calle Aragón, etc…, de la que tanto los independentistas como Sánchez acusarían a los jueces por falta de sensibilidad pero que, en realidad, sería el resultado de la estrategia de unos, los independentistas, y la irresponsabilidad de otros: Sánchez, Iceta e Illa.