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Si hay Justicia habrá una revolución

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PP, Vox o Cs han anunciado que recurrirán a los tribunales de Justicia los indultos concecidos por Pedro Sánchez. El gesto se agradece pero la Justicia está atada de pies y manos y no puede hacer nada.

El independentismo lleva décadas desprestigiando a la judicatura. Cuando en 1986 Jordi Pujol fue imputado por la quiebra de Banca Catalana, los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo fueron el centro de la diana de los ataques nacionalitas. Desde entonces, el amedrentamiento a la Justicia ha sido una constante, si no, que se lo pregunten a Ana María Magaldi, fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Barcelona cuando se imputo a Artur Mas por malversación en relación al referéndum del 9-N de 2014 o al juez Pablo Llarena, instructor del caso del ‘procés’ y que tramitó las euroórdenes. Ambos lo pagaron con ataques a sus domicilios particulares y a sus familias.

El objetivo de los paseíllos desde el Parlamento de Cataluña hasta la sede del Tribunal Superior de Jusiticia de Cataluña, cada vez que un político separatista imputado tenía que declarar, no tenía otro fin que el de condicionar la actuación de los jueces. Así lo vivió en primera persona Montse del Toro, secretaria judicial que el día de la manifestación dirigida por los Jordis frente a la Consejería de Economía tuvo que huir por el tejado.

El ataque constante por parte del independentismo tanto a jueces como a la policía tiene un primer objetivo obvio que es su desprestigio. Todo togado y todo uniformado no es sospechoso de nada, es directamente, sin duda, fascista y represor.

El segundo de los objetivos es que ningún juez, ni policía, quiera ejercer en Cataluña y que los jueces, fiscales y policías que actualmente trabajan en Cataluña pero no han nacido aquí pidan el traslado. En otros ámbitos el nacionalismo ha actuado de igual forma, por ejemplo, en el mundo municipal los secretarios e interventores de ayuntamiento, funcionarios de habilitación nacional, a base de exigencias lingüísticas y otras lindezas han ido dejando vacantes sus puestos que han sido cubiertos por substitutos locales con plaza precaria y más moldeables por el nacionalismo.

La persecución y substitución del discrepante togado abarca todos los ámbitos de la administración. Laura Borràs, como presidenta del Parlament, acaba de fulminar a los letrados de la Cámara para substituirlos por otros que le deban el puesto y sean más obedientes.

Esta forma de proceder tiene, además de los ya citados, dos grandes objetivos. Uno es que cuando lo vuelvan a hacer no se encuentren con la molestia que les tocó sufrir en 2017, cuando el Consejo de Garantías Estatutarias o los letrados del Parlament hicieron advertencias públicas de la ilegalidad y falta de garantías en el proceso separatista; y la segunda, y más importante, es maniatar a la judicatura a base de criminalizarlos y hacer inviable su acción. En este último y crucial punto los independentistas se han encontrado con la inesperada ayuda de Pedro Sánchez.

Imaginemos por un momento que los recursos de PP, Vox o Cs son tomados en consideración y, en consecuencia, los políticos condenados por sedición y malversación tienen que volver a prisión para cumplir, como es debido, su condena. A continuación, dado que la Justicia ha sido desprestigiada durante años equiparándola a un órgano franquista y trasnochado, los independentistas, esos de los que Sánchez espera concordia y reencuentro pero en realidad son los que vía Telegram mueven los hilos de los CDR, llamarían a tomar las calles, exactamente igual que el 3 de octubre de 2017 y exactamente igual que hicieron cuando se dictó sentencia en octubre de 2019 y cortaron todas las autopistas, y exactamente igual que cuando se detuvo a Pablo Hasel en febrero de este año.

El objetivo separatista al denigrar a la Justicia es hacer que esta no tenga capacidad de aplicar sus decisiones y lo han conseguido. La ley en Cataluña es inaplicable y la independencia judicial no existe.

Al igual que hoy parece que los responsables de que en Cataluña no haya reencuentro no son Oriol Junqueras o Jordi Cuixart sino los catalanes no separatistas, si la Justicia hace su trabajo y, si fuera el caso, dictaminara que los indultos no se ajustan a derecho en Cataluña estallaría un revolución con nuevos cortes de calles, autopistas, batallas en Urquinaona, containers quemados en la calle Aragón, etc…, de la que tanto los independentistas como Sánchez acusarían a los jueces por falta de sensibilidad pero que, en realidad, sería el resultado de la estrategia de unos, los independentistas, y la irresponsabilidad de otros: Sánchez, Iceta e Illa.

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Detenida una pareja en Tetuán por maltrato continuado

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una pareja en el distrito de Tetuán por presunto maltrato y abandono de sus cuatro hijos. La alerta llegó después de que uno de los niños, de ocho años, confesara a su tutora que sufría abusos y que quería acabar con su vida.
Los agentes acudieron al colegio y encontraron al menor en una situación de gran ansiedad y nerviosismo.
Después de lograr tranquilizarlo, el niño confirmó que tanto él como uno de sus hermanos eran víctimas regulares de maltratos por parte de su madre y su padrastro.
Además, los agentes descubrieron que los niños a menudo se quedaban sin desayuno ni cena, lo que sugiere una situación de abandono.
Los cuatro niños han sido trasladados a un centro de menores mientras que la pareja ha sido detenida por maltrato continuado, que se cree que se ha estado produciendo durante al menos tres años.

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Capturado en Madrid prófugo condenado por triple violación

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La Policía Nacional ha capturado en Madrid a un prófugo español acusado de una triple violación a una mujer en la capital en 2011, por la cual había sido condenado a 24 años de prisión. El arrestado contaba con una amplia red de contactos familiares que le ayudaron a esconderse en el edificio de El Ruedo, en el barrio de Moratalaz. La investigación, que duró varios meses, formó parte de la Operación Violeta, que se enfoca en encontrar a los fugitivos buscados por delitos sexuales graves en España.

Los hechos por los que el fugitivo fue buscado ocurrieron en Madrid en 2011, cuando él y otros dos individuos violaron a una mujer repetidamente mientras la sujetaban por los brazos y las piernas. La víctima se encontró con los agresores en un bar de copas de Madrid y después la llevaron a la fuerza a otro lugar de la capital, donde la violaron. El prófugo fue condenado en 2016, pero se encontraba prófugo desde entonces.

La investigación para capturar al prófugo comenzó a principios de 2022, pero se prolongó debido a su constante cambio de domicilio y a la extensa red de contactos familiares que le ayudaban a esconderse. El prófugo aprovechaba el hecho de que la vivienda de su mujer y la de otros familiares estaban cerca y cambiaba de domicilio constantemente dentro de la misma zona. Cuando salía al exterior, lo hacía de forma fugaz y se cubría la cara para evitar ser reconocido.

Finalmente, los agentes lograron determinar que el prófugo se encontraba en uno de los domicilios investigados y fue arrestado a mediados de marzo. La Dirección General de la Policía ha destacado la importancia de la Operación Violeta y la colaboración ciudadana en la captura de fugitivos peligrosos y ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad y protección de las víctimas de delitos sexuales.

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Desmantelan red de tráfico de armas en España

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La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación «Dux», en la que se han detenido a tres personas y se investiga a otras dos por su presunta implicación en tráfico de armas y sus municiones. En total, se han registrado ocho domicilios en diferentes provincias de España, donde se han intervenido 242 armas de fuego, 20.685 cartuchos metálicos de diferentes calibres, pólvora para la fabricación ilegal de municiones y silenciadores, entre otros efectos.

Entre los detenidos, destaca el arresto de una persona en Barcelona que poseía 196 armas de fuego plenamente funcionales, incluyendo 21 armas de guerra, como ametralladoras, fusiles de asalto y subfusiles, así como 130 armas cortas, más de 15.000 cartuchos de diferentes calibres y abundantes piezas y componentes esenciales para la manipulación de armas de fuego.

La persona detenida tenía un taller clandestino equipado con maquinaria industrial de precisión que utilizaba para la fabricación de piezas y cañones con los que manipular las armas de fuego que poseía ilegalmente.

Los detenidos se enfrentan a numerosos cargos, incluyendo tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, depósito de explosivos y tenencia ilícita de armas prohibidas.

La operación «Dux» ha sido un éxito gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil en diferentes provincias de España. La incautación de un gran número de armas y municiones, así como la detención de los presuntos implicados, ayudará a prevenir la actividad delictiva en el país y a garantizar la seguridad ciudadana.

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