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La seguridad, ¿privada o pública?

La seguridad, ¿privada o pública?

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Las recientes paritarias por aumento salarial para las empresas de seguridad privadas conlleva una reflexión más profunda para justipreciarlo. Será una cuestión de discusión en los ámbitos que correspondan y de negociaciones entre quienes tienen personería y representación de los trabajadores y las empresas, así como del rol del Estado en su intermediación y solución de la contienda de intereses.

Así planteado, el servicio de seguridad ¿es público o privado? ¿Pueden agremiarse todos los integrantes del sistema? Los cordobeses entendimos en diciembre de 2013, entre el 3 y el 5 de dicho mes, que la ausencia total del servicio de seguridad brindado por la Policía provincial conlleva al caos social instantáneo.

Luego de los saqueos, se dio una situación política de “contagio” nacional en los reclamos y se consiguieron acuerdos, pero no la sindicalización de las fuerzas, uno de los puntos solicitados.

La realidad es que el sistema de seguridad hoy es mixto y se divide entre quienes lo pueden pagar y quienes dependen del Estado en la prestación del servicio, siempre reduciendo el análisis a las grandes urbes, va de suyo, y dejando de lado la atípica situación de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Puerto Madero es controlado por Prefectura, o del conurbano, con actuación de Gendarmería.

En la primera línea están los barrios abiertos y cerrados, con o sin personas jurídicas que los agrupan, que contratan a empresas registradas, cooperativas con empleados formales o irregulares, o a adicionales de las fuerzas. Pueden incluso contratar de manera totalmente informal a personas que, en garitas o vehículos propios, cumplen funciones autodenominadas de seguridad.

En la segunda línea se encuentra la población en general, que con sus impuestos pretende la prestación del servicio por parte de las fuerzas de seguridad publica, la cual, de acuerdo con múltiples factores, puede ser buena, mala, pésima o inexistente.

Los primeros padecen de hecho una “doble tributación”, no real en términos impositivos, pero lo cierto es que pagan dos veces por un mismo servicio.

En poquísimas palabras, esa es la realidad del sistema de seguridad. Luego vendrán los planteos legales, constitucionales y administrativos –y las consecuencias civiles– en relación con garitas, barreras, conos, controles de acceso, filmaciones, cercas perimetrales, muros y alarmas comunitarias; controles de DNI y patentes; apertura de baúles; autorizaciones o negativas de ingreso; aplicaciones para smartphones; reglamentos internos, etcétera. Súmele el poder de Policía de los municipios y el sistema es de una magnitud y complejidad muy difícil de apreciar.

Hoy la seguridad ya no es más un fin esencial administrado por el Estado. Sólo un miope no se da cuenta de que las garitas y vigiladores se diseminan a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sería casi imposible determinar con exactitud cuántos agentes están empleados en el sistema privado, y seguramente mucho más fácil saber cuántos en el sistema público del Estado. Si ejercieran el derecho a huelga los empleados del subsector privado, ¿qué pasaría con la seguridad?

Lo que queda claro es que, sin acuerdos salariales y sin orden, el sistema se cae. Unos y otros tienen el deber de que el servicio se preste de manera adecuada y que quienes lo prestan tengan los recursos necesarios para llevar adelante el servicio. A la mesa de la seguridad, tienen que estar invitados; el Estado debe ser el anfitrión y regularlo de una vez por todas en forma conjunta. Los cordobeses tenemos el derecho a sentirnos, estar y vivir con y en seguridad.

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Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón

Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón

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La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís oculto en un domicilio de Alcorcón y ha detenido a un matrimonio que desde este inmueble distribuía estas sustancias estupefacientes a cualquier hora del día.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba enganchada ilegalmente a la red, señalado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota.

La investigación se inició a principios de abril pasado, cuando los agentes detectaron un gran trasiego de personas que entraban en un inmueble en el entorno de la estación de cercanías de Las Retamas y tras pasar un breve momento en su interior, abandonaban el lugar rápidamente.

Además, los agentes de la Policía pudieron constatar cómo en este domicilio se efectuaban numerosas transacciones de droga a cualquier hora del día.

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En el curso de la investigación y prosiguiendo con las pesquisas, los investigadores pudieron determinar el piso donde se llevaba a cabo la actividad ilícita, así como la identificación de los responsables.

Finalmente, el 24 de mayo se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención de un varón y mujer, moradores de este domicilio.

En el registro efectuado, se intervinieron vehículos, pistolas simuladas, armas blancas, dinero en efectivo, varias dosis de cocaína y hachís, así como útiles para la preparación y comercialización de las sustancias.

Tras los arrestos efectuados, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de un delito contra la salud publica y un delito de defraudación eléctrica.

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Detenido en Toledo un conocido alunicero buscado por homicidio

Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

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La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un conocido alunicero y butronero que estaba fugado de la Justicia, entre otros delitos por homicidio, y que acumula un historial con 70 detenciones.

Según ha informado la Policía, el fugitivo tiene pendiente su ingreso en prisión por su presunta relación con la muerte de una persona ocurrida al arrojar vigas de hierro desde el vehículo en el que huía para evitar su detención tras cometer un robo con fuerza.

El arrestado pertenece a la familia Motos, según apuntan fuentes policiales. Le constaban cuatro reclamaciones judiciales por los delitos de homicidio, robo con fuerza y lesiones.

Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón
Agentes de la Policía Nacional lo han detenido en la provincia de Toledo después de que averiguaran que tanto el fugitivo como miembros de su entorno cambiaban de domicilio habitualmente con el fin de entorpecer su detención, tanto en la zona de Carabanchel, el barrio que frecuentaba de forma habitual, como en otras localidades cercanas a Madrid.

Los agentes averiguaron que su actual pareja e hijos se habían desplazado a una pequeña localidad de Toledo, articulando así los agentes un dispositivo de vigilancia que permitió ubicar el domicilio donde residía este individuo, pudiendo de esta manera proceder a su detención y posterior puesta a disposición judicial.

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Durante la investigación, en uno de los posibles domicilios familiares rastreados al pensar que podría ser usado de escondite por el fugitivo, se localizó una plantación ‘indoor’ compuesta por 174 plantas de marihuana que estaría usando para subsistir económicamente

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Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

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Un bebé de tan solo 19 meses ingresó en septiembre de 2019 en el Hospital 12 de Octubre por una intoxicación por consumo de cocaína.
Fueron los padres los que se habían puesto de acuerdo para suministrar esta droga a su hija con la intención de «menoscabar la integridad física de la menor de edad», según indica el relato de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El próximo martes 13 comienza el juicio contra esta pareja. Noticia Relacionada estandar Si La vergüenza de los huérfanos de violencia de género: «Es la primera vez que no digo que a mi madre la mató un coche» Érika Montañés Los hijos de las mujeres asesinadas quedan en una situación de doble desamparo cuando tienen más de 18 años o en el momento en que traspasan esa mayoría de edad Durante al menos 6 o 7 meses, la pareja suministraba a su hija de apenas dos años de edad dosis de cocaína con el ánimo de causarle lesiones.
El bebé ingresó con una intoxicación «plena» por cocaína, produciéndole un cuadro febril y contusiones, que precisaron de asistencia médica consistente y en la que se requería de un tratamiento farmacéutico (midazolam, que es una benzodiacepina y levetiracetam, que es un anticonvulsivo usado en epilepsia), oxigenoterapia y antipirético, y de las que tardó en curar 2 días impeditivos. Los padres, de 40 y 41 años, se enfrentan en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de más de 7 años de prisión por un delito de tráfico de drogas y otro agravado de lesiones al ser la víctima menor de 12 años.
Además, según indica el escrito del Ministerio Público, tanto el padre, P. A. J., con antecedentes penales , como la madre, S. R. G., se les privaría de la potestad de la menor y tendrían prohibido tanto acercarse como comunicarse con su hija a través de cualquier medio durante 5 años.

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