En una rueda de prensa en la sede nacional de Cs, en la madrileña calle de Alcalá, Bal se ha remontado a la época en la que todavía era el jefe de lo Penal en la Abogacía del Estado, antes de ser apartado por negarse a retirar los episodios de violencia del escrito de acusación en el juicio del ‘procés’. Bal, entonces, se personó dirigiendo una acusación por malversación «con un certificado del secretario de Estado de Hacienda que decía que más del 75 por ciento del presupuesto de la Generalitat de Cataluña se financiaba a cargo del presupuesto del Estado». «Y por eso la Abogacía del Estado estaba legitimada para acusar por malversación», ha expuesto Bal.

El abogado del Estado ha explicado que la Sala Segunda del Tribunal Supremo aceptó la personación de la Abogacía del Estado por la malversación del ‘procés’, que después la defensa de los independentistas la recurrió y que la Sala de Apelaciones del Supremo dio la razón a la Abogacía del Estado que entonces encabezaba Bal.

«La Sala Segunda del Supremo reconoció legitimación a la Abogacía del Estado para acusar por el delito de malversación. ¿Cómo no va a tener la Abogacía del Estado legitimación para ahora perseguir las infracciones contables que se derivan precisamente de aquellos hechos delictivos ante el Tribunal de Cuentas? Pero si es que esto es de cajón, esto es de sentido común», ha zanjado Bal, sin resquicio para la duda.

«Argumentos falaces»
«No nos engañe, señor [Juan Carlos] Campo. No utilice argumentos que son mentira, que son falaces», ha continuado Bal, rechazando la comparación que ha hecho el ministro de Justicia con la ausencia de legitimación de la Abogacía del Estado en la consulta ilegal del 9 de noviembre del 2014 -a la que se ha referido como «referéndum de cartón»-. La diferencia, fundamental según Bal, es que entonces no existía un proceso penal por malversación dirigido por la Abogacía del Estado. Cosa que sí sucedió con el referéndum del 1-O en el juicio del ‘procés’.

Bal ha denunciado que una vez concedidos los indultos, la nueva hoja de ruta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para «mantenerse en el poder» pasa por «perdonar las deudas económicas con el tesoro público» a sus socios separatistas. Además, para ello, el diputado de Cs ha criticado que el jefe del Ejecutivo busca, según él, «deslegitimar las instituciones constitucionales» españolas: «Es la Abogacía del Estado, no la Abogacía del Gobierno, no la Abogacía de Sánchez; es el Tribunal de Cuentas, no el Tribunal de Sánchez».

«Es una barbaridad»
También desde Vox su secretario general, Javier Ortega Smith, ha cargado con dureza contra lo que entiende como «una dejación de funciones» ante la que su partido, ha advertido, estudiará posibles acciones legales si no hay rectificación por una «posible prevaricación». El diputado de Vox ha tachado de «barbaridad» que el Gobierno diga que la Abogacía del Estado no tiene legitimidad ante el Tribunal de Cuentas cuando estuvo personada en el juicio del ‘procés’ y su papel es, precisamente, «la defensa del patrimonio público». «Cuando se dice que España nos roba, quien roba y mucho son todos los golpistas separatistas», ha sentenciado, en declaraciones a los medios.