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El Opositor: “El recurso de casación, la última medida desesperada de la Policía para no asumir sus obligaciones ni corregir a sus responsables”

El Opositor: “El recurso de casación, la última medida desesperada de la Policía para no asumir sus obligaciones ni corregir a sus responsables

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La Voz del Opositor, asociación que aglutina a opositores a la Policía Nacional que se ven o vieron perjudicados en algún momento en los procesos selectivos de acceso a la hermosa profesión de la Policía Nacional nos explican que es el recurso de casación, “la última medida desesperada de la Dirección General de la Policía que ni asume sus obligaciones ni corrige a sus responsables y siempre trata de tapar sus miserias atacando a la parte más débil de un proceso selectivo fallido, los opositores”.

Recurso de Casación Contencioso Administrativo. ¡Improcedente!

¿Qué es el recurso de casación en vía contencioso administrativa? Un instrumento extraordinario contra resoluciones judiciales, en las que el Tribunal Supremo solo conocerá de aquellos que por su trascendencia jurídica, económica o social merezcan un pronunciamiento con proyección general, esto es, la concurrencia del llamado «interés casacional objetivo» para que pueda sentar o unificar doctrina jurisprudencial, atendiendo a su relevancia jurídica y con independencia de su cuantía.

“La Abogacía del Estado está utilizando y agotando esta vía legal y excepcional para perpetuar una situación tremendamente injusta”

Desde La Voz del Opositor hacen pública una nota en la que manifiestan “que la Abogacía del Estado está utilizando y agotando esta vía legal y excepcional para perpetuar una situación tremendamente injusta, contra quienes siendo opositores, que una vez expulsados arbitrariamente del proceso selectivo, y transcurridos una media de tres años, han obtenido una sentencia favorable en la que se reconoce una situación de abuso continuado por parte de la Administración y el derecho de los aspirantes a continuar en el proceso y a la restitución del resto de los derechos, de los que han sido injustamente privados.

Una herramienta que, así utilizada, es profundamente cruel con las víctimas y opositores, ya que el Estado, la clase política y la Administración involucrada en este fraude, en lugar de intentar reparar, lo más pronto posible, las ilegalidades cometidas, todos los años, por la Dirección General de la Policía, durante el desarrollo del proceso selectivo y más recientemente en la ejecución y cumplimiento de las sentencias, emprenden el camino contrario, que es el de seguir acosando al más débil, esto es, a los candidatos que viéndose obligados a recurrir, la justicia les dio la razón reconociéndoles como perjudicados y opositores de pleno derecho.

Una justicia que no ha escatimado palabras gruesas contra la Dirección General de la Policía, describiendo de forma diáfana lo que está sucediendo, con términos tales como: “ejecución fraudulenta, conductas indeseadas, desviación de poder…”

En definitiva la Abogacía del Estado se recrea en una suerte de recurso que pone de manifiesto, una vez más, el absoluto desprecio y ninguneo que sistemáticamente sufren los recurrentes.

El argumentario de estos recursos parte de una trampa maniquea y dilatoria, “legal” sí, porque se hace uso de una facultad procesal legítima, pero muy improcedente, dado lo mucho y grave que está pasando dentro de la Institución, concretamente en el desarrollo del proceso y la reiteración fraudulenta que demuestran los miembros de estos tribunales de oposición, actuando al margen de la ley e incumpliendo las sentencias judiciales.

El fundamento o la cuestión controvertida en que se basa el Abogacía del Estado es discernir si el recurrente, de forma retroactiva, tiene derecho al resto de los efectos económicos y administrativos propios de la convocatoria en la que participó y de la que fue indebidamente excluido.

Dicho esto, las sentencias en ningún caso hablan ni sugieren una retroactividad en el reconocimiento de derechos legítimos al opositor, sino de la equiparación de una situación jurídica y administrativa de la que ya gozarían los compañeros de su promoción y que debería haber sido la suya propia, sino se hubiera cometido arbitrariedad en su expulsión.

Las sentencias reconocen estos derechos como “atrasos” y siempre en caso de superar el resto de las pruebas y el curso de formación, ya que la simple consideración de apto no supone el reconocimiento automático de tales derechos. Por lo tanto, se están tergiversando y retorciendo, arteramente, los fallos que de forma impecable motivan sus señorías del Tribunal Superior de Justicia.

Además, estos recursos crean un agravio comparativo frente a quienes, incluso de la misma promoción, con sentencia firme favorable no se les ha recurrido su estimación y han podido continuar en el proceso selectivo, caso reciente de la práctica totalidad de los opositores recurrentes de la XXXIV promoción, y de aspirantes de la promoción XXXV, que serán llamados en la próxima convocatoria al examen de psicotécnicos con la promoción en curso.

Así, el primer cauce que tienen que superar estos recursos es el de su admisión, siendo la duración que media entre la fecha del auto de admisión y la de resolución de unos 15 meses. Si bien, la media de recursos admitidos es del 16,24%, aclarar que el 61,27% de los estimados, lo son a favor del sector público, la Administración, y sólo un 38,73% a favor del sector privado, el particular.

¡Esta asimetría o desigualdad deja espacio a la reflexión! Puntualizar también que, en pro de la seguridad jurídica y la economía procesal, una sola sentencia que fije la doctrina casacional entierra la posibilidad de plantear otros posibles litigios y corrige o unifica casos idénticos que podían seguir atrincherados en su criterio.

Este privilegio de control de las sentencias estimadas, reservado a la Administración y utilizado de forma generalizada, ahonda en la impunidad de su actuación y relega al limbo jurídico a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución Española, pervirtiendo garantías procesales al convertirlas en una trampa mortal para la justicia.

Puesto que el ideal de una justicia pronta y eficaz se conecta con la enorme trascendencia del tiempo que transcurre desde que se interpone un recurso hasta el día que recae la resolución del mismo.

Por lo tanto, necesitamos una justicia que tenga en cuenta que el interés general no es el de la Administración, sino el de la suma de los intereses individuales de los ciudadanos que otorgan legitimidad a la potestad que rige su actuación. Y considere como esencial obligar a la Administración a respetar las leyes y acatar las sentencias, ya que para salvaguardar el Estado de derecho, es fundamental una jurisdicción contencioso-administrativa que proteja a los ciudadanos frente a los abusos del Poder público, controlando los poderes exorbitantes que éste dispone.

¿Es más merecedor de protección judicial el autor de una infracción que el ciudadano/opositor cumplidor, que sufre la ilegítima y sistemática violación de sus derechos? Estamos ante una situación que puede reputarse de especial
gravedad y que ha de cesar de una vez por todas. NO TE CALLES”.

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Arranca un collar de oro a una mujer en plena calle en Alicante y lo capturan cuando huía

Arranca un collar de oro a una mujer en plena calle en Alicante y lo capturan cuando huía

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Un joven argelino de 21 años ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional en la ciudad de Alicante minutos después de arrancar un collar de oro del cuello de una mujer en plena calle. La detención ha sido posible gracias a la colaboración de dos testigos presenciales, que han indicado hacía donde había huido el autor de los hechos. Uno de ellos, llegó incluso a perseguirlo.

El collar de oro objeto de robo portaba, a su vez, dos alianzas y una medalla, también de oro. La víctima sufre arañazos y rozaduras en el cuello. El supuesto autor de los hechos ha sido puesto a disposición judicial. Se le imputa un presunto delito de robo con violencia. Todo ello, según la Policía Nacional.

El relato policial de los hechos arranca con la llegada de los agentes al lugar donde se ha producido el robo. Se trata de una calle de la zona norte de la ciudad de Alicante. Allí, un testigo ha indicado a los policías la dirección que había tomado el ladrón en su huida. Con esa pista, se ha iniciado un despliegue policial, que ha contado con la colaboración, también, de una segunda persona.

Este último, no sólo indicó por donde había huido el presunto ladrón, sino que además le persiguió en un intento de evitar que escapase. Finalmente, los policías lograron alcanzar al fugitivo y detenerle. Se le imputa ahora un presunto robo con violencia. En los bolsillos del detenido, los agentes han hallado un spray de pimienta.

Robos con violencia

Los robos con violencia e intimidación han crecido en España un 4,5% en el primer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022, según los datos que arroja el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior. Ese aumento es superior en más de dos puntos porcentuales al de los robos con fuerza en domicilios, que han crecido un 2,4%.

En el caso de la ciudad de Alicante, los robos con violencia e intimidación se han incrementado en un 13,1%, frente al espectacular descenso de los robos con fuerza en domicilios, que se han rebajado en un 21% en ese mismo periodo de tiempo.

En el caso del robo producido en Alicante, la Policía Nacional ha destacado la enorme importancia de la colaboración ciudadana a la hora de poner conocimiento de los agentes cualquier hecho delictivo del que sean testigos.

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Investigan a un hombre por cortale las orejas a 26 perros y al veterinario por certificar las amputaciones

Investigan a un hombre por cortale las orejas a 26 perros y al veterinario por certificar las amputaciones

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La Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de la localidad pacense de Trasierra (Badajoz) como presunto autor de un delito de maltrato animal, por cortarle las orejas a una veintena de perros de su propiedad que utilizaba para cazar , así como a un veterinario, vecino de Llerena quien certificó haber realizado las amputaciones sin ser ciertas.
Agentes pertenecientes a la Patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Fuente de Cantos inspeccionaron un supuesto núcleo zoológico ubicado en Usagre, propiedad de un vecino de Trasierra, donde se encontraban un total de 33 perros de rehala destinados para el ejercicio de la caza , 26 de ellos con las orejas cortadas, de las que no pudo acreditar esta práctica quirúrgica de manera legal, por un profesional cualificado.
Fue días después, cuando este hombre aportó a los agentes un certificado expedido por facultativo veterinario, quien confirmaba de manera colectiva haber realizado las amputaciones de todos los animales.
 Así, tras el análisis y estudio de toda la documentación aportada, los agentes de la Guardia Civil descubrieron « irregularidades en los datos anotados en los certificados consignados, que no concordaban con los reales».
Recuerda la Guardia Civil en nota de prensa que desde la entrada en vigor del Convenio Europeo sobre protección de animales de compañía el pasado 1 de febrero de 2018, l a técnica de otectomía se encuentra totalmente prohibida tanto por temas de funcionalidad como por estética en los animales .
Con las pruebas incriminatorias, el pasado lunes en dependencias oficiales de la Guardia Civil se les instruyó diligencias al dueño de los perros por un supuesto delito de maltrato animal, y al veterinario por un supuesto delito de falsedad documental quien pretendió justificar haber realizado las amputaciones de manera legal, sin ser ciertas.
Estas diligencias de la Guardia Civil han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Zafra.

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Detienen a un extranjero por incendiar catorce contenedores y dañar tres coches durante una madrugada en Jávea

Detienen a un extranjero por incendiar catorce contenedores y dañar tres coches durante una madrugada en Jávea

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón británico de 43 años al que se le imputan cuatro delitos de daños por la quema de contenedores y vehículos en diversos puntos de la localidad alicantina de Jávea durante la madrugada del pasado 8 de agosto.
El individuo ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Denia, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares .
Según ha informado el instituto armado en un comunicado, fue durante la madrugada del pasado segundo martes de agosto cuando varios vecinos emitieron una serie de denuncias sobre la quema intencionada de contenedores de basura y vehículos en varios puntos de Jávea.
Hasta allí acudieron varias patrullas de la Guardia Civil y de Policía Local, que cuantificaron un total de catorce contenedores, valorados en más de 19.000 euros, y tres vehículos particulares cercanos dañados por el acto vandálico.
Tras las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Jávea y los propietarios de los vehículos afectados, el Área de Investigación del Puesto Principal de Jávea inició una minuciosa investigación que comenzó con el análisis de las imágenes captadas en las cercanías de los incendios y la toma de declaraciones a posibles testigos.
Un trabajo de campo que llevó a los investigadores a identificar el vehículo de un varón británico residente de la localidad, con antecedentes por otros delitos previos , que pasó a ser considerado el principal sospechoso.
En este sentido, el pasado 13 de septiembre, una vez que se recopilaron pruebas suficientes para vincular al hombre con la quema intencionada de los contenedores, los agentes procedieron a su detención cuando se encontraba cerca de su vehículo en un estacionamiento público.
Durante el arresto, se llevó a cabo un registro en el interior de su vehículo, donde se encontró una garrafa con restos de gasolina y varios mecheros .
El detenido, al que se le imputan cuatro delitos de daños, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Denia, que ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares. Además, la Guardia Civil continúa sus investigaciones para determinar el motivo detrás de los incendios provocados por el sospechoso y si existe alguna conexión con incidentes similares ocurridos en municipios cercanos.

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