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El Opositor: “El recurso de casación, la última medida desesperada de la Policía para no asumir sus obligaciones ni corregir a sus responsables”

El Opositor: “El recurso de casación, la última medida desesperada de la Policía para no asumir sus obligaciones ni corregir a sus responsables

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La Voz del Opositor, asociación que aglutina a opositores a la Policía Nacional que se ven o vieron perjudicados en algún momento en los procesos selectivos de acceso a la hermosa profesión de la Policía Nacional nos explican que es el recurso de casación, “la última medida desesperada de la Dirección General de la Policía que ni asume sus obligaciones ni corrige a sus responsables y siempre trata de tapar sus miserias atacando a la parte más débil de un proceso selectivo fallido, los opositores”.

Recurso de Casación Contencioso Administrativo. ¡Improcedente!

¿Qué es el recurso de casación en vía contencioso administrativa? Un instrumento extraordinario contra resoluciones judiciales, en las que el Tribunal Supremo solo conocerá de aquellos que por su trascendencia jurídica, económica o social merezcan un pronunciamiento con proyección general, esto es, la concurrencia del llamado «interés casacional objetivo» para que pueda sentar o unificar doctrina jurisprudencial, atendiendo a su relevancia jurídica y con independencia de su cuantía.

“La Abogacía del Estado está utilizando y agotando esta vía legal y excepcional para perpetuar una situación tremendamente injusta”

Desde La Voz del Opositor hacen pública una nota en la que manifiestan “que la Abogacía del Estado está utilizando y agotando esta vía legal y excepcional para perpetuar una situación tremendamente injusta, contra quienes siendo opositores, que una vez expulsados arbitrariamente del proceso selectivo, y transcurridos una media de tres años, han obtenido una sentencia favorable en la que se reconoce una situación de abuso continuado por parte de la Administración y el derecho de los aspirantes a continuar en el proceso y a la restitución del resto de los derechos, de los que han sido injustamente privados.

Una herramienta que, así utilizada, es profundamente cruel con las víctimas y opositores, ya que el Estado, la clase política y la Administración involucrada en este fraude, en lugar de intentar reparar, lo más pronto posible, las ilegalidades cometidas, todos los años, por la Dirección General de la Policía, durante el desarrollo del proceso selectivo y más recientemente en la ejecución y cumplimiento de las sentencias, emprenden el camino contrario, que es el de seguir acosando al más débil, esto es, a los candidatos que viéndose obligados a recurrir, la justicia les dio la razón reconociéndoles como perjudicados y opositores de pleno derecho.

Una justicia que no ha escatimado palabras gruesas contra la Dirección General de la Policía, describiendo de forma diáfana lo que está sucediendo, con términos tales como: “ejecución fraudulenta, conductas indeseadas, desviación de poder…”

En definitiva la Abogacía del Estado se recrea en una suerte de recurso que pone de manifiesto, una vez más, el absoluto desprecio y ninguneo que sistemáticamente sufren los recurrentes.

El argumentario de estos recursos parte de una trampa maniquea y dilatoria, “legal” sí, porque se hace uso de una facultad procesal legítima, pero muy improcedente, dado lo mucho y grave que está pasando dentro de la Institución, concretamente en el desarrollo del proceso y la reiteración fraudulenta que demuestran los miembros de estos tribunales de oposición, actuando al margen de la ley e incumpliendo las sentencias judiciales.

El fundamento o la cuestión controvertida en que se basa el Abogacía del Estado es discernir si el recurrente, de forma retroactiva, tiene derecho al resto de los efectos económicos y administrativos propios de la convocatoria en la que participó y de la que fue indebidamente excluido.

Dicho esto, las sentencias en ningún caso hablan ni sugieren una retroactividad en el reconocimiento de derechos legítimos al opositor, sino de la equiparación de una situación jurídica y administrativa de la que ya gozarían los compañeros de su promoción y que debería haber sido la suya propia, sino se hubiera cometido arbitrariedad en su expulsión.

Las sentencias reconocen estos derechos como “atrasos” y siempre en caso de superar el resto de las pruebas y el curso de formación, ya que la simple consideración de apto no supone el reconocimiento automático de tales derechos. Por lo tanto, se están tergiversando y retorciendo, arteramente, los fallos que de forma impecable motivan sus señorías del Tribunal Superior de Justicia.

Además, estos recursos crean un agravio comparativo frente a quienes, incluso de la misma promoción, con sentencia firme favorable no se les ha recurrido su estimación y han podido continuar en el proceso selectivo, caso reciente de la práctica totalidad de los opositores recurrentes de la XXXIV promoción, y de aspirantes de la promoción XXXV, que serán llamados en la próxima convocatoria al examen de psicotécnicos con la promoción en curso.

Así, el primer cauce que tienen que superar estos recursos es el de su admisión, siendo la duración que media entre la fecha del auto de admisión y la de resolución de unos 15 meses. Si bien, la media de recursos admitidos es del 16,24%, aclarar que el 61,27% de los estimados, lo son a favor del sector público, la Administración, y sólo un 38,73% a favor del sector privado, el particular.

¡Esta asimetría o desigualdad deja espacio a la reflexión! Puntualizar también que, en pro de la seguridad jurídica y la economía procesal, una sola sentencia que fije la doctrina casacional entierra la posibilidad de plantear otros posibles litigios y corrige o unifica casos idénticos que podían seguir atrincherados en su criterio.

Este privilegio de control de las sentencias estimadas, reservado a la Administración y utilizado de forma generalizada, ahonda en la impunidad de su actuación y relega al limbo jurídico a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución Española, pervirtiendo garantías procesales al convertirlas en una trampa mortal para la justicia.

Puesto que el ideal de una justicia pronta y eficaz se conecta con la enorme trascendencia del tiempo que transcurre desde que se interpone un recurso hasta el día que recae la resolución del mismo.

Por lo tanto, necesitamos una justicia que tenga en cuenta que el interés general no es el de la Administración, sino el de la suma de los intereses individuales de los ciudadanos que otorgan legitimidad a la potestad que rige su actuación. Y considere como esencial obligar a la Administración a respetar las leyes y acatar las sentencias, ya que para salvaguardar el Estado de derecho, es fundamental una jurisdicción contencioso-administrativa que proteja a los ciudadanos frente a los abusos del Poder público, controlando los poderes exorbitantes que éste dispone.

¿Es más merecedor de protección judicial el autor de una infracción que el ciudadano/opositor cumplidor, que sufre la ilegítima y sistemática violación de sus derechos? Estamos ante una situación que puede reputarse de especial
gravedad y que ha de cesar de una vez por todas. NO TE CALLES”.

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Herido grave un joven de 18 años apuñalado en el metro de Usera

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Un joven de 18 años ha resultado herido grave este domingo tras una agresión con arma blanca en el Metro de Usera, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El suceso ha ocurrido sobre las 7.00 horas, cuando los equipos de emergencia han recibido un aviso de un varón de 18 años con una herida de arma blanca en el hombro izquierdo.

Al lugar se ha trasladado un equipo de Samur-PC, que ha estabilizado al joven, cuya herida podía afectar también a la región torácica.

Posteriormente, el herido ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre, mientras Policía Nacional investiga los hechos.

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Detenido por atrincherarse un hospital de Mallorca y amenazar con quemarse ante su mujer y su hija recién nacida

Detenido por atrincherarse un hospital de Mallorca y amenazar con quemarse ante su mujer y su hija recién nacida

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Un hombre, de origen marroquí y unos 40 años de edad, fue detenido este viernes tras atrincherarse en el área de Maternidad del Hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca y amenazar con quemarse a lo bonzo ante su mujer y su hija recién nacida.
Los hechos ocurrieron en torno a las 13:20 horas de este viernes, en Son Llàtzer, cuando un hombre, de origen marroquí y unos 40 años, se atrincheró en el área de Maternidad y amenazó con quemarse a lo bonzo ante su mujer y su hija recién nacida, según ha adelantado el diario ‘Última Hora’ y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso. 45 minutos atrincherado
Al parecer, el hombre se atrincheró durante en torno a unos 45 minutos, amenazando con quemarse a él y a toda el área de Maternidad de Son Llàtzer, tras ser informado de que iba a perder la custodia de su hija recién nacida .
Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional que intentaron calmar al varón y que abandonara la habitación.
El hombre se resistió, desobedeciendo a los agentes. Por tales motivos, los policías detuvieron al hombre como presunto autor de los delitos de amenazas y de desobediencia y resistencia a la autoridad .
El varón pasó este sábado a disposición judicial. El Juzgado decretó para el mismo una orden de alejamiento del Hospital y de su hija recién nacida.

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Barcelona denuncia como delito de odio el bulo de un piso con 1.600 magrebíes empadronados

Barcelona denuncia como delito de odio el bulo de un piso con 1.600 magrebíes empadronados

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El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante Fiscalía por presunto delito de odio a los autores de un mensaje «viral» en redes sociales según el cual se detectaron 1.600 empadronamientos fraudulentos en una vivienda (realmente vivían 5 personas) que pretendían cobrar ayudas sociales y votar en las elecciones municipales , informa el Ayuntamiento.
El mensaje decía: «Nuevo escándalo de la alcaldesa de Barcelona y su equipo de gobierno. Hace pocos días la Guardia Civil entró en un piso de la zona de Horta-Guinardó porque en ese piso figuraban 1.600 empadronados de origen magrebí, 1.600 empadronados en un solo piso!!!«.
En declaraciones a los periodistas, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, ha dicho que se ha contrastado esta información con la Guardia Civil y otros cuerpos policiales y con el Padrón municipal y se ha determinado que esta detección «no se produjo nunca» ni hay ningún domicilio con 1.600 personas empadronadas en Barcelona.

«No se trata de una mentira inocente, no se trata de un hecho aislado, sino que se trata de una operación organizada para sembrar una imagen de duda ante las próximas elecciones municipales y atacar al propio colectivo de las personas magrebíes«, ha añadido.

Para él, este tipo de mensajes buscan «poner la llama en la mecha del racismo y, a través de este sentimiento de odio , conseguir una viralidad«, y ha dicho que al Ayuntamiento de Barcelona le preocupa cómo esto puede afectar a la población migrada de la ciudad.

El escrito presentado a Fiscalía a través de la Oficina para la No Discriminación de Barcelona y consultado por Ep, constata que el consistorio ha podido comprobar que el mensaje ha sido ampliamente difundido en las redes sociales por Whatsapp, Twitter y otros, «obteniendo decenas de miles de visualizaciones y tantas otras comparticiones».

Además, denuncian que, «aparte del indudable contenido calumnioso hacia la alcaldesa de Barcelona» – atribuía el fraude a Ada Colau y a su equipo de gobierno-, el mensaje representa una incitación al odio, el rencor y la animadversión hacia la comunidad magrebí, según el texto.

El Ayuntamiento también alega que los autores, entre los cuales dicen que hay juristas y psicólogos, «eran conocedores de la absoluta falsedad del mensaje por su total inverosimilitud «. »Si Ada Colau gana las elecciones, ya puedes pensar de dónde han salido los votos«, se añadía en el mensaje, otra falsedad en cuanto los ciudadanos marroquíes no pueden votar en las elecciones municipales ya que no hay convenio de reciprocidad con este país.

También identifica cuatro cuentas de Twitter que han reproducido el texto, detrás de los cuales hay presuntamente un guardia civil y un inspector de policía, y concluye que «estos hechos no pueden estar amparados en el derecho a la libertad de expresión».

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