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El Opositor: “El recurso de casación, la última medida desesperada de la Policía para no asumir sus obligaciones ni corregir a sus responsables”

El Opositor: “El recurso de casación, la última medida desesperada de la Policía para no asumir sus obligaciones ni corregir a sus responsables

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La Voz del Opositor, asociación que aglutina a opositores a la Policía Nacional que se ven o vieron perjudicados en algún momento en los procesos selectivos de acceso a la hermosa profesión de la Policía Nacional nos explican que es el recurso de casación, “la última medida desesperada de la Dirección General de la Policía que ni asume sus obligaciones ni corrige a sus responsables y siempre trata de tapar sus miserias atacando a la parte más débil de un proceso selectivo fallido, los opositores”.

Recurso de Casación Contencioso Administrativo. ¡Improcedente!

¿Qué es el recurso de casación en vía contencioso administrativa? Un instrumento extraordinario contra resoluciones judiciales, en las que el Tribunal Supremo solo conocerá de aquellos que por su trascendencia jurídica, económica o social merezcan un pronunciamiento con proyección general, esto es, la concurrencia del llamado «interés casacional objetivo» para que pueda sentar o unificar doctrina jurisprudencial, atendiendo a su relevancia jurídica y con independencia de su cuantía.

“La Abogacía del Estado está utilizando y agotando esta vía legal y excepcional para perpetuar una situación tremendamente injusta”

Desde La Voz del Opositor hacen pública una nota en la que manifiestan “que la Abogacía del Estado está utilizando y agotando esta vía legal y excepcional para perpetuar una situación tremendamente injusta, contra quienes siendo opositores, que una vez expulsados arbitrariamente del proceso selectivo, y transcurridos una media de tres años, han obtenido una sentencia favorable en la que se reconoce una situación de abuso continuado por parte de la Administración y el derecho de los aspirantes a continuar en el proceso y a la restitución del resto de los derechos, de los que han sido injustamente privados.

Una herramienta que, así utilizada, es profundamente cruel con las víctimas y opositores, ya que el Estado, la clase política y la Administración involucrada en este fraude, en lugar de intentar reparar, lo más pronto posible, las ilegalidades cometidas, todos los años, por la Dirección General de la Policía, durante el desarrollo del proceso selectivo y más recientemente en la ejecución y cumplimiento de las sentencias, emprenden el camino contrario, que es el de seguir acosando al más débil, esto es, a los candidatos que viéndose obligados a recurrir, la justicia les dio la razón reconociéndoles como perjudicados y opositores de pleno derecho.

Una justicia que no ha escatimado palabras gruesas contra la Dirección General de la Policía, describiendo de forma diáfana lo que está sucediendo, con términos tales como: “ejecución fraudulenta, conductas indeseadas, desviación de poder…”

En definitiva la Abogacía del Estado se recrea en una suerte de recurso que pone de manifiesto, una vez más, el absoluto desprecio y ninguneo que sistemáticamente sufren los recurrentes.

El argumentario de estos recursos parte de una trampa maniquea y dilatoria, “legal” sí, porque se hace uso de una facultad procesal legítima, pero muy improcedente, dado lo mucho y grave que está pasando dentro de la Institución, concretamente en el desarrollo del proceso y la reiteración fraudulenta que demuestran los miembros de estos tribunales de oposición, actuando al margen de la ley e incumpliendo las sentencias judiciales.

El fundamento o la cuestión controvertida en que se basa el Abogacía del Estado es discernir si el recurrente, de forma retroactiva, tiene derecho al resto de los efectos económicos y administrativos propios de la convocatoria en la que participó y de la que fue indebidamente excluido.

Dicho esto, las sentencias en ningún caso hablan ni sugieren una retroactividad en el reconocimiento de derechos legítimos al opositor, sino de la equiparación de una situación jurídica y administrativa de la que ya gozarían los compañeros de su promoción y que debería haber sido la suya propia, sino se hubiera cometido arbitrariedad en su expulsión.

Las sentencias reconocen estos derechos como “atrasos” y siempre en caso de superar el resto de las pruebas y el curso de formación, ya que la simple consideración de apto no supone el reconocimiento automático de tales derechos. Por lo tanto, se están tergiversando y retorciendo, arteramente, los fallos que de forma impecable motivan sus señorías del Tribunal Superior de Justicia.

Además, estos recursos crean un agravio comparativo frente a quienes, incluso de la misma promoción, con sentencia firme favorable no se les ha recurrido su estimación y han podido continuar en el proceso selectivo, caso reciente de la práctica totalidad de los opositores recurrentes de la XXXIV promoción, y de aspirantes de la promoción XXXV, que serán llamados en la próxima convocatoria al examen de psicotécnicos con la promoción en curso.

Así, el primer cauce que tienen que superar estos recursos es el de su admisión, siendo la duración que media entre la fecha del auto de admisión y la de resolución de unos 15 meses. Si bien, la media de recursos admitidos es del 16,24%, aclarar que el 61,27% de los estimados, lo son a favor del sector público, la Administración, y sólo un 38,73% a favor del sector privado, el particular.

¡Esta asimetría o desigualdad deja espacio a la reflexión! Puntualizar también que, en pro de la seguridad jurídica y la economía procesal, una sola sentencia que fije la doctrina casacional entierra la posibilidad de plantear otros posibles litigios y corrige o unifica casos idénticos que podían seguir atrincherados en su criterio.

Este privilegio de control de las sentencias estimadas, reservado a la Administración y utilizado de forma generalizada, ahonda en la impunidad de su actuación y relega al limbo jurídico a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución Española, pervirtiendo garantías procesales al convertirlas en una trampa mortal para la justicia.

Puesto que el ideal de una justicia pronta y eficaz se conecta con la enorme trascendencia del tiempo que transcurre desde que se interpone un recurso hasta el día que recae la resolución del mismo.

Por lo tanto, necesitamos una justicia que tenga en cuenta que el interés general no es el de la Administración, sino el de la suma de los intereses individuales de los ciudadanos que otorgan legitimidad a la potestad que rige su actuación. Y considere como esencial obligar a la Administración a respetar las leyes y acatar las sentencias, ya que para salvaguardar el Estado de derecho, es fundamental una jurisdicción contencioso-administrativa que proteja a los ciudadanos frente a los abusos del Poder público, controlando los poderes exorbitantes que éste dispone.

¿Es más merecedor de protección judicial el autor de una infracción que el ciudadano/opositor cumplidor, que sufre la ilegítima y sistemática violación de sus derechos? Estamos ante una situación que puede reputarse de especial
gravedad y que ha de cesar de una vez por todas. NO TE CALLES”.

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Detenidos tres yihadistas en Murcia que se hacían llamar «soldados del califato»

Detenidos tres yihadistas en Murcia que se hacían llamar «soldados del califato»

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Tres personas captadas y adoctrinadas en la región de Murcia han sido detenidas por la Policía Nacional tras la intervención de abundamente material propagandístico de extrema dureza.

Los agentes llevaron a cabo cinco registros, cuatro en domicilios y uno en un camión de mercancías, interviniendo numerosos dispositivos electrónicos. «Los investigadores se han sorprendido de la gran cantidad de contenido de carácter radical violento que manejaba el líder para su labor adoctrinadora, representando una grave amenaza para la seguridad pública», según ha informado la Policía Nacional.

La operación ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Murcia y Valencia, y la Brigada Local de Información de Algeciras. Además ha sido coordinada y supervisada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Un referente religioso
La investigación comenzó hace año y medio cuando los expertos en la lucha contra el terrorismo detectaron a un individuo alineado con los postulados de
DAESH
que difundía, a través de sus redes sociales, material radical y violento de corte yihadista.

El líder detenido es un individuo conocido en su zona geográfica por su extremo radicalismo que llegó a captar y adoctrinar a tres personas, con las que compartió de forma dilatada en el tiempo material yihadista de «extrema dureza», según la Policía Nacional, creando un «grupo cerrado y exclusivo» que se autodenominaba «soldados del califato».

En una primera fase, ejercía labores de referente religioso para evolucionar como adoctrinador de los postulados «más radicales y violentos de la organización terrorista DAESH».

El detenido celebraba asiduamente reuniones clandestinas con este grupo, donde visionaban material terrorista y criticaban con extrema violencia la sociedad occidental.

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Un joven de 19 años, agredido en la zona de ocio de la calle Orense

Un joven de 19 años, agredido en la zona de ocio de la calle Orense

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Un joven de 19 años ha sido víctima de una agresión en la calle Orense, en el distrito de Tetuán, poco antes de las 7 horas de este sábado, por la que ha tenido que ser intubado y trasladado al Hospital de la Paz, ha informado Emergencias Madrid.

El Samur ha atendido a la víctima, que presenta un traumatismo craneoencefálico severo y otorragia en el oído derecho. Se encuentra estable dentro de la gravedad.

Emergencias Madrid informó, en su cuenta de Twitter, de la agresión, y del estado del joven.

La Policía Municipal y la Nacional está llevando a cabo las preceptivas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

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La Policía Local realizará una nueva campaña de vigilancia de las zonas de carga y descarga en Cádiz

La Policía Local realizará una nueva campaña de vigilancia de las zonas de carga y descarga en Cádiz

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Los agentes van a vigilar una treintena de puntos de carga y descarga tanto de extramuros como de intramuros en los turnos de mañana y tarde, de martes a sábados

La Policía Local de Cádiz va a realizar una nueva campaña de vigilancia de las zonas de carga y descarga de la ciudad, tal y como hizo el pasado mes de diciembre y por lo que ha recibido el agradecimiento de la Asociación de Transportistas Arga.

Así, para impedir que determinados vehículos estacionen en zonas de carga y descarga, obstaculizando o imposibilitando la labor diaria de transportistas, los agentes van a vigilar una treintena de puntos de carga y descarga tanto de extramuros como de intramuros

Al hilo, recuerdan que las personas con movilidad reducida están autorizadas por un tiempo máximo de 20 minutos, así como los vehículos que posean tarjeta de transportes y los que posean autorización a través de tarjetas concedidas por la Delegación de Tráfico. Y es necesario que esas autorizaciones estén bien visibles para que puedan ser identificadas por la Policía Local.

Asimismo, apuntan que los usuarios de vehículos comerciales e industriales pueden estacionar en las zonas azules y naranjas por un tiempo máximo de 30 minutos, según lo establecido en la Ordenanza municipal reguladora de las zonas de estacionamiento regulado en las vías públicas de la ciudad de Cádiz (artículo 3), previa solicitud de la autorización a Emasa.https://940e5f4825157ecc2fabadc5df8b1be5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0

Esta nueva campaña se realizará en los turnos de mañana y tarde, de martes a sábados.

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