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Condenan a un detective por colocar un GPS a un amigo de la exmujer de su cliente

Condenan a un detective por colocar un GPS a un amigo de la exmujer de su cliente

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El Supremo ha ratificado las sentencias previas y considera que el investigador atentó contra la intimidad del demandante porque el dispositivo hacía un “seguimiento indiscriminado”

Un detective privado tendrá que abonar una multa de 1.500 euros después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que lo condenó por colocar un GPS en el coche de un amigo de la expareja de su cliente, con el que sospechaba que podía tener una relación. El investigador ha sido considerado culpable de un delito de intromisión ilegítima en la intimidad.

Los hechos sobre los que recientemente se ha pronunciado el Alto Tribunal se produjeron en la provincia gaditana y se remontan al 30 de agosto de 2013. Ese fue el día en el que el protagonista colateral de este caso suscribía un contrato con un detective privado en concepto de “servicios de averiguación de actividades profesionales, así como las propiedades, domicilio o cualquier actitud sociofamiliar” de un hombre que el cliente sospechaba que tenía una relación sentimental con su exmujer.

El presupuesto incluía, “de forma expresa”, el coste de colocación de un dispositivo GPS con el que extraer datos para un informe que sirviera como prueba en el procedimiento civil de modificación de medidas en el que se debía valorar la extinción de la pensión alimenticia de la hija que la pareja había tenido en común, así como la prestación reconocida a la mujer durante el procedimiento de divorcio.¿Coche de empresa? Su mal uso y los datos del GPS pueden justificar tu despido

El sistema de geolocalización estuvo colocado en el vehículo del objetivo “entre septiembre de 2013 y el 5 de enero de 2014” y la información recopilada se empleó para confeccionar un documento cuya existencia conoció la exesposa el 25 de marzo de 2015.

La mujer trasladó a su conocido que habían vigilado los movimientos de su coche y este decidió emprender acciones legales contra el detective, la agencia y su cliente el 8 de octubre de 2015. En la demanda que interpuso consideraba que se había producido una intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y que, en consecuencia, “se condenara solidariamente a los demandados a indemnizarle con 5.000 euros”.

El hombre relató que descubrir este seguimiento -que se prolongaba durante las 24 horas del día- le había provocado un “síndrome persecutorio” y constante “estado de ansiedad”, entre otros motivos porque “no tenía relación sentimental ni laboral” con la mujer, de la que su expareja también quería saber si “desarrollaba algún trabajo”.El Supremo advierte que un famoso tiene derecho a su intimidad incluso en lugares públicos

El demandante desistió de su idea inicial de sumar al procedimiento a la agencia de detectives y se centró en los otros dos demandados, que ofrecieron distintos argumentos para intentar que la causa judicial no prosperase. El exmarido alegó que el “único responsable” de la colocación del GPS había sido el detective y afirmó que no hubo intromisión ilegítima en la intimidad porque, al estar inmerso en un procedimiento con la que fuera su esposa, “gozaba de amparo en el derecho a utilizar en su defensa todos los medios de prueba que considerase necesarios”. El investigador, por su parte, argumentó que el dispositivo “solo sirvió para seguir al vehículo, no a su propietario”; y añadió que “su uso fue proporcionado” porque el seguimiento únicamente se llevó a cabo “en espacios públicos y nunca privados”.

El juzgado de Primera Instancia número 5 dictó sentencia el 4 de marzo de 2019 en la que estimó parcialmente la demanda, ya que consideró probada la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, pero exoneró al cliente y culpó exclusivamente al detective. Este fue condenado a abonar 2.500 euros de multa y parte de las costas.

El demandado, insatisfecho con la resolución, presentó un recurso de apelación sobre el que se pronunció la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz. El tribunal, en un fallo suscrito el 30 de julio de 2019, acabó reduciendo la indemnización a 1.500 euros, pero desestimó “el resto de pretensiones formuladas” y confirmó “todos los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida”.

El cliente también quería saber si su expareja trabajaba para el investigado

Esta decisión desembocó en un recurso de casación que el Tribunal Supremo admitió el 27 de mayo del año pasado y en el que la víctima solicitaba que “se declarase la existencia de intromisión ilegítima en su intimidad”, reclamaba la compensación inicial de 5.000 euros y la imposición de las costas a la otra parte. La defensa del detective, por su parte, incidía en que se desestimaran todas las actuaciones.

“Carecía de cobertura legal”

El Alto Tribunal acabó rechazando el recurso y confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz y para ello expuso, en primer lugar, que la utilización sin consentimiento de dispositivos de localización y seguimiento tiene “una incidencia directa” en la vida privada de los ciudadanos.

Recuerda posteriormente que la legislación reguladora de la Seguridad Privada -tanto la vigente cuando ocurrieron los hechos, como la actual-, lejos de autorizar, “prohíbe expresamente a los detectives utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho a la intimidad personal o familiar. “Son las fuerzas y cuerpos policiales los que están legalmente habilitados para su uso, en la actualidad previa autorización judicial”, agrega, para considerar que el investigador “carecía de cobertura legal”.

Son los cuerpos de seguridad los habilitados para usar estos sistemas de seguimiento


El Supremo insiste en que la vigilancia con un GPS, “aunque difiera de otros procedimientos de seguimiento acústico o visual, no deja de ser un medio idóneo para lesionar la intimidad”; ya que considera que revela datos o informaciones sobre la conducta de la persona investigada, algunos de los cuales, como ocurre en este caso, sí pueden estar directamente vinculados con su esfera personal, como son sus relaciones personales o incluso sentimentales

“Se trató de un seguimiento o control permanente e indiscriminado, exhaustivo y continuo, durante las 24 horas del día y un lapso de cuatro meses, tiempo más que suficiente para elaborar con los datos de ubicación del vehículo un perfil sobre las conductas diarias del afectado, incluyendo las relativas a aspectos de su vida privada”, remarca el fallo, que para reforzar esta línea se apoya en una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 2 de septiembre de 2010 en la que un ciudadano vigilado por la Policía demandó al Estado alemán.

El ponente de la sentencia, por último, considera inadmisible el argumento, “reiterado por el recurrente a lo largo del litigio”, de que los avances tecnológicos y el uso generalizado de la geolocalización en dispositivos personales como teléfonos móviles conlleva una nueva realidad. Su defensa sostenía que este contexto obligaba a reinterpretar el contenido y alcance del derecho fundamental a la intimidad, pero la Sala de lo Civil recuerda que esas aplicaciones para smartphones “precisan del previo consentimiento o autorización del titular del dispositivo”.

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Agreden al vigilante de seguridad de un centro de menores

Agreden al vigilante de seguridad de un centro de menores

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Un vigilante de seguridad del Centro de Menores Francisco Pizarro de Trujillo ha recibido una paliza por parte de usuarios del propio centro. 

Todo ocurrió en la madrugada del pasado viernes al sábado, cuando el vigilante se percató de que tres menores estaban hostigando a una de las trabajadoras del centro. En ese momento les llamó al orden y los presuntos agresores le golpearon con las barras de los armarios y le arrojaron piedras que cogieron del jardín.

La víctima tuvo que ser atendida de múltiples magulladuras y contusiones en el Punto de Atención Continuada de Trujillo. Las lesiones no fueron a más gracias a que portaba el chaleco anti trauma.

Los presuntos agresores golpearon al vigilante con las barras de los armarios y le arrojaron piedras 

Fuentes internas del «Francisco Pizarro» señalan que los tres menores han sido trasladados al centro de Caminomorisco. Desde la Junta indican que ya se han denunciado los hechos ante la Policía Nacional, quedando a la espera de la actuación de la Fiscalía de Menores.

Los sindicatos denuncian la falta de profesionales y, en muchas ocasiones, incluso de equipos de protección para los mismos. 

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Torrelodones: un hombre se atrinchera tras dar una paliza a su pareja, sobre la que tenía orden de alejamiento

Torrelodones: un hombre se atrinchera tras dar una paliza a su pareja, sobre la que tenía orden de alejamiento

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La situación que se vive en el seno de la Policía Local de Torrelodones es extrema.
En la actualidad, cuenta casi con la mitad de plantilla que hace unos años, hasta pasar de 50 a 32 (incluidos el jefe y un efectivo para labores administrativas).
Y eso, contando a los que están de baja, a punto de jubilarse y las libranzas. Y en una de las localidades más importantes de la Sierra, con casi 25.000 habitantes. La ratio mínima que establece la UE es de 1,8 policías locales por cada 1.000 habitantes.
En Torrelodones, esa cifra mínima se alcanzaría con 45 efectivos, no con los 32 actuales.
Esto está provocando situaciones graves. El último capítulo ocurrió la madrugada de este domingo.
A las 4 horas, se recibieron llamadas de vecinos de la calle del Prado del Estudiante.
Explicaban que se oían gritos en el piso donde convivía una pareja.
Según ha podido saber , la mujer recibió una tunda de golpes , a puñetazos, por parte de su pareja.
Tenía la cara destrozada. Se las apañó como pudo para salir de la vivienda, pegando gritos de desesperación.
El problema vino cuando había un solo policía local de servicio.
La escasez de plantilla fue la culpable, más allá de la irregularidad que supone que en España solo actúe un agente, sin su binomio, pues se patrulla, por seguridad para ellos mismos y para los ciudadanos, en parejas. Y esa norma incluye a todos los Cuerpos, también los municipales.
 Los datos del año pasado muestran cómo el porcentaje de víctimas con denuncia previa fue el mayor de la serie histórica
La tensión creció por momentos, porque el maltratador, que tenía una orden de alejamiento sobre su víctima y había sido denunciado en ocasiones anteriores, se atrincheró en el piso.
Se negaba a abrir a la Guardia Civil, que tuvo que mandar a tres patrullas a Torrelodones.
El municipio se encuentra en la demarcación de la Primera Compañía y da servicio a más localidades del entorno, como Collado Villalba.
Tuvieron que acudir los bomberos, para romper la cerradura, y los guardias y el único policía local disponible se hicieron cargo de la detención del sujeto, de origen latino y unos 30 años.
Trabajaba como camarero en un bar de copas del pueblo.
Estaba en el dormitorio, totalmente borracho y tirado en la cama.
Por su reincidencia y peligrosidad, el juez lo ha enviado a prisión.
Los agentes tuvieron que actuar con cascos y escudos reglamentarios, pues no sabían muy bien lo que podrían encontrarse en la vivienda.
La chica, que es española y unos años mayor que él, fue atendida por el Summa-112 y trasladada al hospital, donde fue explorada y redactaron el parte de lesiones. Mario Sainz es el delegado del sindicato de Policía Local CPPM de Torrelodones.
Afirma que esta situación de falta de medios humanos viene de lejos: desde hace más de 17 años, asegura, no se han incrementado los efectivos; y en los últimos 12 gobierna Vecinos por Torrelodones, que tampoco «ha querido sacar plazas nuevas en las dos ofertas de empleo público de 2018 y 2019, previas a la pandemia»: «Los policías se están yendo a otros municipios o se jubilan.
Están limitando la plantilla. La situación es acuciante, porque así no se puede realizar un trabajo preventivo, solo reactivo, y de modo muy limitado».
Horas extra más ‘baratas’ Pone el ejemplo de que esos 32 funcionarios (30 operativos) se dividen en tres turnos diarios, además de las rotaciones.
Otro asunto es la cobertura en los horarios de entrada y salida de la media docena de colegios, donde solo se puede trabajar en dos cada día, tocándole al resto en días sucesivos.
El 12 de diciembre, los representantes de los policías locales se reunieron con el Ayuntamiento y «hubo buena sintonía»:
«Pero al día siguiente supimos que había un plan especial para la Navidad, pese a la falta de efectivos».
El 22 de diciembre, a las siete de la tarde, fue cuando se informó a los afectados de cuándo tenían que trabajar.
Y haciendo horas extra. El problema siguiente con el que se encontraron es que en octubre el secretario municipal decretó un cambio en el cobro/disfrute de esas horas extra que perjudicaba a los policías, «y, además, era con carácter retroactivo».
La delincuencia ha crecido Así, en Nochebuena solo quiso trabajar una patrulla, al renunciar el resto por las nuevas condiciones económicas. «Y ese día tuvimos un incendio en el que, con los bomberos y, de nuevo, el apoyo de la Guardia Civil, tuvimos que desalojar el edificio y tragué mucho humo», explica Sainz, que fue uno de los dos agentes que trabajó esa jornada.
En Navidad, solo trabajó un uniformado (Sainz estaba con secuelas del incendio de unas horas antes) y durante la cabalgata de Reyes también hubo solo un policía en la calle.
«Y todo ello, en plena alerta 4 antiterrorista», incide el delegado de CPPM.
«El Ayuntamiento dice que les salimos muy caros y la tasa de delincuencia ha crecido en 2022 un 7,1% con respecto al ejercicio anterior, con 891 infracciones penales resueltas.
Y están incrementándose los atracos a personas en cajeros automáticos, los robos en domicilios y las reyertas«, sentencia Mario Sainz. «No se trata de más policías»
Desde Vecinos por Torrelodones, a las preguntas , remitieron una nota de prensa del 25 de enero, en la que el concejal de Seguridad , Victor Arcos, manifestaba que el 24 de diciembre se desplegaron nueve efectivos de la Policía Local, reforzados con Guardia Civil y seguridad privada.
A la pregunta de cuántos agentes necesita Torrelodones, contestó: «No se trata de tener más policías, sino que se trata de gestionar bien los recursos de los que disponemos».
Añadió que el municipio cumple «las ratios» que recomienda la Federación Española de Municipios y Provincias, así como las de la UE, «que indica que debe haber dos agentes de policía por cada1.000 habitantes», aunque matiza: «Contando con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Es decir, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil «. Eso sí, reconoció la merma de la plantilla. Finalmente, anunció: «Durante 2023 contaremos con la incorporación de nuevos agentes, dado que al proceso de oposición iniciado el pasado 12 de enero se han aprobado otras dos plazas más en la Oferta de Empleo Público 2023-2025, se cubrirá una plaza vacante con un agente en condición de movilidad y estamos trabajando para activar plazas de comisiones de servicio«.

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Detenido un hombre por agresión sexual a una joven en una discoteca de Mislata (Valencia)

Detenido un hombre por agresión sexual a una joven en una discoteca de Mislata (Valencia)

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 47 años y origen español como presunto autor de un delito de agresión sexual , tras al parecer realizar tocamientos a una joven en una discoteca de la localidad valenciana de Mislata .
Tal y como han averiguado los agentes, los hechos habrían ocurrido la madrugada del pasado día 22 de enero, cuando una mujer entablaba una conversación con un varón en un local de ocio de Mislata.
El hombre, en un momento dado, habría introducido la mano por debajo de la falda de la joven, llegando a tocarle sus partes erógenas.
La víctima puso los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que tras una investigación ha logrado identificar al sospechoso, quien ha sido detenido este sábado como presunto autor de un delito de agresión sexual.
El arrestado, sin antecedentes policiales, ha pasado ya a disposición judicial.

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