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Familias alicantinas llevan a sus hijos a colegios en Murcia ante la imposición del valenciano por la Generalitat

Familias alicantinas llevan a sus hijos a colegios en Murcia ante la imposición del valenciano por la Generalitat

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La imposición del valenciano como lengua vehícular en la que deben aprender la mayoría de las asignaturas los escolares ha motivado que algunas familias alicantinas matriculen a sus hijos
en colegios de la Región de Murcia. Es el caso de Susana Val Álvarez, por ejemplo, que vive en Pilar de la Horadada y se ha desplazado a diario a 37 kilómetros hasta Pozo Estrecho, en la Comunidad Autónoma vecina.

La ley valenciana establece un 25% de horas lectivas como mínimo en valenciano y en castellano (y entre 15%-25% para ingles), y deja a cada centro la potestad de llegar al 60% de horas en valenciano. El asunto había suscitado polémica anteriormente, ya que el denominado decreto de plurilingüismo de la Generalitat fue tumbado por los tribunales a raíz de un recurso de la Diputación de Alicante, por entender que discriminaba al castellano.

En opinión de esta madre alicantina, que vive en el municipio situado más al sur de la Comunidad Valenciana, esta ley «una tontería muy grande» que no comprende.

«Nací en Alemania y para nosotros el valenciano no es algo con lo que podamos salir al mundo, un idioma que puedan utilizar en el futuro nuestros hijos en su vida profesional», señala. También compara con su propia experiencia educativa, sus recuerdos de infancia en su país de origen: «Hay unas diferencias importantes, te enseñan a hablar inglés, nadie tiene que hacer clases particulares de idiomas».

Dar el paso de llevarse a sus dos hijos al otro lado del límite entre ambas autonomías no ha resultado fácil, no se trata de un capricho. «Mi hijo pequeño tiene dislexia y me aconsejaron no meterlo en el colegio con otro idioma, ya que eso agrava sus dificultades para distinguir la b y la uve, por ejemplo, estoy obligada a ir a otro colegio», describe Susana.

«No puedo en un centro público, solo si vives cerca o trabajas allí tienes plaza, tiene que ser en un concertado, pero la lista de espera lo hace casi imposible», relata esta madre residente en la pedanía de Pinar de Campoverde, donde antes incluso disponía de transporte público. «Los niños antes casi podían ir solos andando hasta el autobús, en nuestra urbanización, y ahora tengo que hacer el desplazamiento expresamente para llevarlos al colegio, es mucho dinero, gasolina…», porque tampoco le coge de paso para ir al trabajo, como parece que hacen otras familias de Orihuela que han matriculado a sus hijos en el cercano municipio murciano de Beniel.

Sin contar con que antes tenía ayuda para el comedor, cuando estaba en el colegio público Mediterráneo de Pilar de la Horadada, como familia numerosa, ya que tiene tres hijos, los dos matriculados en Murcia -de 11 y 7 años de edad- y otra niña discapacitada.

Para Susana Val, además, el problema se va a agravar a medio plazo, después del próximo curso, debido a la diferencia de edad entre sus dos hijos: «Solo me queda un año, porque luego mi hijo mayor pasa a Secundaria, que no está ofertado en este centro eductivo, y luego ya no sé lo que hacer, aunque hay uno privado más cerca, en San Pedro del Pinatar, pero cuesta 1.500 euros, y en el público me han dicho que no es posible», relata.

La nueva norma del valenciano también se va a implantar en los institutos, a partir de septiembre.

«Suerte que nos podemos ir»

Elisa Rodríguez ya ha superado esa etapa, porque su hija mayor ha terminado segundo de Bachillerato y el próximo curso cambiará a la pequeña también a San Pedro del Pinatar, en este caso, a apenas 10 minutos de distancia, más cerca de Pilar de la Horadada.

«Puedo y me voy a gastar el dinero, prefiero que mi hija emplee el tiempo en aprender inglés, que llegará más lejos, es que están cerrados con el tema, y todo esto lleva al fracaso escolar», indica, asegurando que lleva «mucho tiempo peleando con el tema del valenciano».

Su visión es más crítica con la política de la Generalitat. «Desde que mi hija pequeña empezó en primero de Primaria, nos dijeron que iba a ser trilingüe, y el valenciano podías elegirlo o no, estar exento, así que eran unas pocas asignaturas, como Música, pero cada vez fue a más y ya no me parecía bien; en el Consejo Escolar me intentaron convencer de que era muy beneficioso».

Ella cree que deberían dejar estas enseñanzas como opcionales, voluntarias, aparte de las materias obligatorias, como «una cosa tuya».

Acerca de esa proyección que prometen con el valenciano, al ser requisito para trabajar como funcionario, se muestra escéptica: «Mi hija mayor ha pedido la homologación de tantos años aprendiendo valenciano y le dan el título B2, pero para opositar necesitas un grado superior y hay valencianohablantes estudiantes de carrera que no consiguen sacárselo, me parece patético ese nivel de esfuerzo».

Aparte del ámbito educativo profesional, esta madre ve un trasfondo político con repercusiones sociales. «Esta política nos aisla, no dejas entrar a nadie de otra Comunidad, porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de entrar en la Administración, como en Cataluña, yo tengo familia allí y hace tiempo no entendía ya porqué tenían que aprender en el colegio todo en catalán, ahora lo entiendo, por el independentismo». Y concluye con una frase elocuente: «Suerte que nosotros nos podemos ir, estamos a 10 minutos», en alusión a matricular a su hija en territorio murciano.

Más de 2.000 recursos
El rechazo de esta obligación a aprender en valenciano todas las materias se ha extendido sobre todo por la zona sur de la provincia de Alicante, castellanohablante y donde hasta ahora existía una exención del otro idioma oficial en la Comunidad Valenciana, como asignatura.

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha informado este jueves de más de 2.000 recursos presentados por familias solo a través del servicio jurídico de una asesoría con la que contactaron y ofrecieron para oponerse a esta nueva obligación de idioma, refrendada en cada centro educativo por el Consejo Escolar como «proyecto lingüístico».

El conseller Marzà, por su parte, ha destacado hace unos días que el porcentaje de alumnos que van a estudiar en valenciano se va doblar, al pasar del 28% actual tras la implantación en Infantil y Primaria al 60% con el paso también a la ESO, Bachillerato y FP.

Familias y profesores se habían manifestado y habían criticado precisamente que durante la pandemia se han aprobado algunos de esos «proyectos lingüísticos» en los centros sin la necesaria información y participación de los afectados.

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Detenida una pareja en Tetuán por maltrato continuado

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La Policía Municipal de Madrid ha detenido a una pareja en el distrito de Tetuán por presunto maltrato y abandono de sus cuatro hijos. La alerta llegó después de que uno de los niños, de ocho años, confesara a su tutora que sufría abusos y que quería acabar con su vida.
Los agentes acudieron al colegio y encontraron al menor en una situación de gran ansiedad y nerviosismo.
Después de lograr tranquilizarlo, el niño confirmó que tanto él como uno de sus hermanos eran víctimas regulares de maltratos por parte de su madre y su padrastro.
Además, los agentes descubrieron que los niños a menudo se quedaban sin desayuno ni cena, lo que sugiere una situación de abandono.
Los cuatro niños han sido trasladados a un centro de menores mientras que la pareja ha sido detenida por maltrato continuado, que se cree que se ha estado produciendo durante al menos tres años.

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Capturado en Madrid prófugo condenado por triple violación

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La Policía Nacional ha capturado en Madrid a un prófugo español acusado de una triple violación a una mujer en la capital en 2011, por la cual había sido condenado a 24 años de prisión. El arrestado contaba con una amplia red de contactos familiares que le ayudaron a esconderse en el edificio de El Ruedo, en el barrio de Moratalaz. La investigación, que duró varios meses, formó parte de la Operación Violeta, que se enfoca en encontrar a los fugitivos buscados por delitos sexuales graves en España.

Los hechos por los que el fugitivo fue buscado ocurrieron en Madrid en 2011, cuando él y otros dos individuos violaron a una mujer repetidamente mientras la sujetaban por los brazos y las piernas. La víctima se encontró con los agresores en un bar de copas de Madrid y después la llevaron a la fuerza a otro lugar de la capital, donde la violaron. El prófugo fue condenado en 2016, pero se encontraba prófugo desde entonces.

La investigación para capturar al prófugo comenzó a principios de 2022, pero se prolongó debido a su constante cambio de domicilio y a la extensa red de contactos familiares que le ayudaban a esconderse. El prófugo aprovechaba el hecho de que la vivienda de su mujer y la de otros familiares estaban cerca y cambiaba de domicilio constantemente dentro de la misma zona. Cuando salía al exterior, lo hacía de forma fugaz y se cubría la cara para evitar ser reconocido.

Finalmente, los agentes lograron determinar que el prófugo se encontraba en uno de los domicilios investigados y fue arrestado a mediados de marzo. La Dirección General de la Policía ha destacado la importancia de la Operación Violeta y la colaboración ciudadana en la captura de fugitivos peligrosos y ha reiterado su compromiso de garantizar la seguridad y protección de las víctimas de delitos sexuales.

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Desmantelan red de tráfico de armas en España

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La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación «Dux», en la que se han detenido a tres personas y se investiga a otras dos por su presunta implicación en tráfico de armas y sus municiones. En total, se han registrado ocho domicilios en diferentes provincias de España, donde se han intervenido 242 armas de fuego, 20.685 cartuchos metálicos de diferentes calibres, pólvora para la fabricación ilegal de municiones y silenciadores, entre otros efectos.

Entre los detenidos, destaca el arresto de una persona en Barcelona que poseía 196 armas de fuego plenamente funcionales, incluyendo 21 armas de guerra, como ametralladoras, fusiles de asalto y subfusiles, así como 130 armas cortas, más de 15.000 cartuchos de diferentes calibres y abundantes piezas y componentes esenciales para la manipulación de armas de fuego.

La persona detenida tenía un taller clandestino equipado con maquinaria industrial de precisión que utilizaba para la fabricación de piezas y cañones con los que manipular las armas de fuego que poseía ilegalmente.

Los detenidos se enfrentan a numerosos cargos, incluyendo tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, depósito de explosivos y tenencia ilícita de armas prohibidas.

La operación «Dux» ha sido un éxito gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil en diferentes provincias de España. La incautación de un gran número de armas y municiones, así como la detención de los presuntos implicados, ayudará a prevenir la actividad delictiva en el país y a garantizar la seguridad ciudadana.

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