La imposición del valenciano como lengua vehícular en la que deben aprender la mayoría de las asignaturas los escolares ha motivado que algunas familias alicantinas matriculen a sus hijos
en colegios de la Región de Murcia. Es el caso de Susana Val Álvarez, por ejemplo, que vive en Pilar de la Horadada y se ha desplazado a diario a 37 kilómetros hasta Pozo Estrecho, en la Comunidad Autónoma vecina.

La ley valenciana establece un 25% de horas lectivas como mínimo en valenciano y en castellano (y entre 15%-25% para ingles), y deja a cada centro la potestad de llegar al 60% de horas en valenciano. El asunto había suscitado polémica anteriormente, ya que el denominado decreto de plurilingüismo de la Generalitat fue tumbado por los tribunales a raíz de un recurso de la Diputación de Alicante, por entender que discriminaba al castellano.

En opinión de esta madre alicantina, que vive en el municipio situado más al sur de la Comunidad Valenciana, esta ley «una tontería muy grande» que no comprende.

«Nací en Alemania y para nosotros el valenciano no es algo con lo que podamos salir al mundo, un idioma que puedan utilizar en el futuro nuestros hijos en su vida profesional», señala. También compara con su propia experiencia educativa, sus recuerdos de infancia en su país de origen: «Hay unas diferencias importantes, te enseñan a hablar inglés, nadie tiene que hacer clases particulares de idiomas».

Dar el paso de llevarse a sus dos hijos al otro lado del límite entre ambas autonomías no ha resultado fácil, no se trata de un capricho. «Mi hijo pequeño tiene dislexia y me aconsejaron no meterlo en el colegio con otro idioma, ya que eso agrava sus dificultades para distinguir la b y la uve, por ejemplo, estoy obligada a ir a otro colegio», describe Susana.

«No puedo en un centro público, solo si vives cerca o trabajas allí tienes plaza, tiene que ser en un concertado, pero la lista de espera lo hace casi imposible», relata esta madre residente en la pedanía de Pinar de Campoverde, donde antes incluso disponía de transporte público. «Los niños antes casi podían ir solos andando hasta el autobús, en nuestra urbanización, y ahora tengo que hacer el desplazamiento expresamente para llevarlos al colegio, es mucho dinero, gasolina…», porque tampoco le coge de paso para ir al trabajo, como parece que hacen otras familias de Orihuela que han matriculado a sus hijos en el cercano municipio murciano de Beniel.

Sin contar con que antes tenía ayuda para el comedor, cuando estaba en el colegio público Mediterráneo de Pilar de la Horadada, como familia numerosa, ya que tiene tres hijos, los dos matriculados en Murcia -de 11 y 7 años de edad- y otra niña discapacitada.

Para Susana Val, además, el problema se va a agravar a medio plazo, después del próximo curso, debido a la diferencia de edad entre sus dos hijos: «Solo me queda un año, porque luego mi hijo mayor pasa a Secundaria, que no está ofertado en este centro eductivo, y luego ya no sé lo que hacer, aunque hay uno privado más cerca, en San Pedro del Pinatar, pero cuesta 1.500 euros, y en el público me han dicho que no es posible», relata.

La nueva norma del valenciano también se va a implantar en los institutos, a partir de septiembre.

«Suerte que nos podemos ir»

Elisa Rodríguez ya ha superado esa etapa, porque su hija mayor ha terminado segundo de Bachillerato y el próximo curso cambiará a la pequeña también a San Pedro del Pinatar, en este caso, a apenas 10 minutos de distancia, más cerca de Pilar de la Horadada.

«Puedo y me voy a gastar el dinero, prefiero que mi hija emplee el tiempo en aprender inglés, que llegará más lejos, es que están cerrados con el tema, y todo esto lleva al fracaso escolar», indica, asegurando que lleva «mucho tiempo peleando con el tema del valenciano».

Su visión es más crítica con la política de la Generalitat. «Desde que mi hija pequeña empezó en primero de Primaria, nos dijeron que iba a ser trilingüe, y el valenciano podías elegirlo o no, estar exento, así que eran unas pocas asignaturas, como Música, pero cada vez fue a más y ya no me parecía bien; en el Consejo Escolar me intentaron convencer de que era muy beneficioso».

Ella cree que deberían dejar estas enseñanzas como opcionales, voluntarias, aparte de las materias obligatorias, como «una cosa tuya».

Acerca de esa proyección que prometen con el valenciano, al ser requisito para trabajar como funcionario, se muestra escéptica: «Mi hija mayor ha pedido la homologación de tantos años aprendiendo valenciano y le dan el título B2, pero para opositar necesitas un grado superior y hay valencianohablantes estudiantes de carrera que no consiguen sacárselo, me parece patético ese nivel de esfuerzo».

Aparte del ámbito educativo profesional, esta madre ve un trasfondo político con repercusiones sociales. «Esta política nos aisla, no dejas entrar a nadie de otra Comunidad, porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de entrar en la Administración, como en Cataluña, yo tengo familia allí y hace tiempo no entendía ya porqué tenían que aprender en el colegio todo en catalán, ahora lo entiendo, por el independentismo». Y concluye con una frase elocuente: «Suerte que nosotros nos podemos ir, estamos a 10 minutos», en alusión a matricular a su hija en territorio murciano.

Más de 2.000 recursos
El rechazo de esta obligación a aprender en valenciano todas las materias se ha extendido sobre todo por la zona sur de la provincia de Alicante, castellanohablante y donde hasta ahora existía una exención del otro idioma oficial en la Comunidad Valenciana, como asignatura.

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha informado este jueves de más de 2.000 recursos presentados por familias solo a través del servicio jurídico de una asesoría con la que contactaron y ofrecieron para oponerse a esta nueva obligación de idioma, refrendada en cada centro educativo por el Consejo Escolar como «proyecto lingüístico».

El conseller Marzà, por su parte, ha destacado hace unos días que el porcentaje de alumnos que van a estudiar en valenciano se va doblar, al pasar del 28% actual tras la implantación en Infantil y Primaria al 60% con el paso también a la ESO, Bachillerato y FP.

Familias y profesores se habían manifestado y habían criticado precisamente que durante la pandemia se han aprobado algunos de esos «proyectos lingüísticos» en los centros sin la necesaria información y participación de los afectados.