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Familias alicantinas llevan a sus hijos a colegios en Murcia ante la imposición del valenciano por la Generalitat

Familias alicantinas llevan a sus hijos a colegios en Murcia ante la imposición del valenciano por la Generalitat

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La imposición del valenciano como lengua vehícular en la que deben aprender la mayoría de las asignaturas los escolares ha motivado que algunas familias alicantinas matriculen a sus hijos
en colegios de la Región de Murcia. Es el caso de Susana Val Álvarez, por ejemplo, que vive en Pilar de la Horadada y se ha desplazado a diario a 37 kilómetros hasta Pozo Estrecho, en la Comunidad Autónoma vecina.

La ley valenciana establece un 25% de horas lectivas como mínimo en valenciano y en castellano (y entre 15%-25% para ingles), y deja a cada centro la potestad de llegar al 60% de horas en valenciano. El asunto había suscitado polémica anteriormente, ya que el denominado decreto de plurilingüismo de la Generalitat fue tumbado por los tribunales a raíz de un recurso de la Diputación de Alicante, por entender que discriminaba al castellano.

En opinión de esta madre alicantina, que vive en el municipio situado más al sur de la Comunidad Valenciana, esta ley «una tontería muy grande» que no comprende.

«Nací en Alemania y para nosotros el valenciano no es algo con lo que podamos salir al mundo, un idioma que puedan utilizar en el futuro nuestros hijos en su vida profesional», señala. También compara con su propia experiencia educativa, sus recuerdos de infancia en su país de origen: «Hay unas diferencias importantes, te enseñan a hablar inglés, nadie tiene que hacer clases particulares de idiomas».

Dar el paso de llevarse a sus dos hijos al otro lado del límite entre ambas autonomías no ha resultado fácil, no se trata de un capricho. «Mi hijo pequeño tiene dislexia y me aconsejaron no meterlo en el colegio con otro idioma, ya que eso agrava sus dificultades para distinguir la b y la uve, por ejemplo, estoy obligada a ir a otro colegio», describe Susana.

«No puedo en un centro público, solo si vives cerca o trabajas allí tienes plaza, tiene que ser en un concertado, pero la lista de espera lo hace casi imposible», relata esta madre residente en la pedanía de Pinar de Campoverde, donde antes incluso disponía de transporte público. «Los niños antes casi podían ir solos andando hasta el autobús, en nuestra urbanización, y ahora tengo que hacer el desplazamiento expresamente para llevarlos al colegio, es mucho dinero, gasolina…», porque tampoco le coge de paso para ir al trabajo, como parece que hacen otras familias de Orihuela que han matriculado a sus hijos en el cercano municipio murciano de Beniel.

Sin contar con que antes tenía ayuda para el comedor, cuando estaba en el colegio público Mediterráneo de Pilar de la Horadada, como familia numerosa, ya que tiene tres hijos, los dos matriculados en Murcia -de 11 y 7 años de edad- y otra niña discapacitada.

Para Susana Val, además, el problema se va a agravar a medio plazo, después del próximo curso, debido a la diferencia de edad entre sus dos hijos: «Solo me queda un año, porque luego mi hijo mayor pasa a Secundaria, que no está ofertado en este centro eductivo, y luego ya no sé lo que hacer, aunque hay uno privado más cerca, en San Pedro del Pinatar, pero cuesta 1.500 euros, y en el público me han dicho que no es posible», relata.

La nueva norma del valenciano también se va a implantar en los institutos, a partir de septiembre.

«Suerte que nos podemos ir»

Elisa Rodríguez ya ha superado esa etapa, porque su hija mayor ha terminado segundo de Bachillerato y el próximo curso cambiará a la pequeña también a San Pedro del Pinatar, en este caso, a apenas 10 minutos de distancia, más cerca de Pilar de la Horadada.

«Puedo y me voy a gastar el dinero, prefiero que mi hija emplee el tiempo en aprender inglés, que llegará más lejos, es que están cerrados con el tema, y todo esto lleva al fracaso escolar», indica, asegurando que lleva «mucho tiempo peleando con el tema del valenciano».

Su visión es más crítica con la política de la Generalitat. «Desde que mi hija pequeña empezó en primero de Primaria, nos dijeron que iba a ser trilingüe, y el valenciano podías elegirlo o no, estar exento, así que eran unas pocas asignaturas, como Música, pero cada vez fue a más y ya no me parecía bien; en el Consejo Escolar me intentaron convencer de que era muy beneficioso».

Ella cree que deberían dejar estas enseñanzas como opcionales, voluntarias, aparte de las materias obligatorias, como «una cosa tuya».

Acerca de esa proyección que prometen con el valenciano, al ser requisito para trabajar como funcionario, se muestra escéptica: «Mi hija mayor ha pedido la homologación de tantos años aprendiendo valenciano y le dan el título B2, pero para opositar necesitas un grado superior y hay valencianohablantes estudiantes de carrera que no consiguen sacárselo, me parece patético ese nivel de esfuerzo».

Aparte del ámbito educativo profesional, esta madre ve un trasfondo político con repercusiones sociales. «Esta política nos aisla, no dejas entrar a nadie de otra Comunidad, porque no todo el mundo tiene las mismas posibilidades de entrar en la Administración, como en Cataluña, yo tengo familia allí y hace tiempo no entendía ya porqué tenían que aprender en el colegio todo en catalán, ahora lo entiendo, por el independentismo». Y concluye con una frase elocuente: «Suerte que nosotros nos podemos ir, estamos a 10 minutos», en alusión a matricular a su hija en territorio murciano.

Más de 2.000 recursos
El rechazo de esta obligación a aprender en valenciano todas las materias se ha extendido sobre todo por la zona sur de la provincia de Alicante, castellanohablante y donde hasta ahora existía una exención del otro idioma oficial en la Comunidad Valenciana, como asignatura.

La Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística ha informado este jueves de más de 2.000 recursos presentados por familias solo a través del servicio jurídico de una asesoría con la que contactaron y ofrecieron para oponerse a esta nueva obligación de idioma, refrendada en cada centro educativo por el Consejo Escolar como «proyecto lingüístico».

El conseller Marzà, por su parte, ha destacado hace unos días que el porcentaje de alumnos que van a estudiar en valenciano se va doblar, al pasar del 28% actual tras la implantación en Infantil y Primaria al 60% con el paso también a la ESO, Bachillerato y FP.

Familias y profesores se habían manifestado y habían criticado precisamente que durante la pandemia se han aprobado algunos de esos «proyectos lingüísticos» en los centros sin la necesaria información y participación de los afectados.

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700 kilos de hachís intervenidos en un peaje de la autopista AP-7 transportados con el método Go Fast

700 kilos de hachís intervenidos en un peaje de la autopista AP-7 transportados con el método Go Fast

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Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast, es decir, utilizando la furgoneta para transportar el estupefaciente y el turismo lanzadera para abrir camino, circulando a gran velocidad y sin detenerse hasta su llegada al destino final.

Según han informado este domingo los uniformados en un comunicado, los dos conductores de los vehículos, que transportaban la droga desde Sanlúcar de Barrameda a Francia, han sido detenidos en la provincia de Málaga. Los agentes han intervenido dos vehículos de alquiler; una furgoneta que contenía la sustancia estupefaciente y un turismo que actuaba como lanzadera así como 1.290 euros.

Las pesquisas se iniciaron a principios del mes de septiembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal francesa que, presuntamente, estaba preparando el envío de una importante partida de estupefaciente desde Cádiz a Francia. Tras varias gestiones, los investigadores identificaron a dos ciudadanos franceses –que habían llegado al municipio malagueño de Torremolinos a finales de agosto– presuntamente conectados con otras personas vinculadas a organizaciones dedicadas al tráfico de hachís.

ENTREGA DE DROGA EN CADIZ

Los agentes detectaron cómo los investigados se desplazaron a la provincia de Cádiz en una furgoneta y en un turismo de alquiler, entregando la furgoneta en Jerez a terceras personas. Estas se dirigieron a una zona de diseminados de Sanlúcar de Barrameda para, posteriormente, devolvérsela a los detenidos que iniciaron la marcha en dirección a Málaga en los dos vehículos.

El hecho de que el turismo circulara varios kilómetros por delante de la furgoneta evidenció que se había producido la entrega de droga y que el transporte se realizaría mediante el método Go Fast.

HACHIS REPARTIDOS EN 21 FARDOS

Finalmente, con el objetivo de inspeccionar la furgoneta, los agentes establecieron un dispositivo policial en el peaje de la AP-7, a la altura de Manilva. El conductor, al detectar la presencia policial, intentó saltarse el control accediendo a un carril del peaje que se encontraba inhabilitado, si bien fue interceptado por otros policías que se encontraban prestando apoyo. Al mismo tiempo, otros agentes detuvieron al vehículo lanzadera a la altura de San Pedro Alcántara.

Tras inspeccionar ambos vehículos, los investigadores localizaron 21 fardos de hachís en el interior de la furgoneta, que arrojaron un peso aproximado de 700 kilos, motivo por el que los conductores fueron detenidos.

Las autoridades francesas comunicaron a la Policía Nacional que los arrestados contaban con múltiples antecedentes por robos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, entre otros. Por otra parte, la investigación continúa abierta con el fin de identificar a otras posibles personas relacionadas con los hechos.

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Un joven de 19 años muere tras recibir un disparo en la cabeza en Alcorcón

Un joven de 19 años muere tras recibir un disparo en la cabeza en Alcorcón

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Un joven de 19 años ha muerto esta madrugada de una herida en la cabeza por arma de fuego en la localidad madrileña de Alcorcón, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

En torno a las seis de la mañana, Emergencias 112 recibió el aviso de que un hombre joven estaba inconsciente en la vía pública. Al lugar se desplazaron Policía Nacional, Policía Local y una UVI móvil del Summa.

Sin embargo, al llegar al lugar del suceso, en la Avenida Torres Bellas frente al número 15, el joven había fallecido ya sin que hubiera ninguna posibilidad de reanimación, según las mismas fuentes.
El cuerpo ha sido puesto a disposición judicial. 

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La gallina de los huevos de oro en los Sindicatos, 600.000 euros y como no mariscada

La gallina de los huevos de oro en los Sindicatos, 600.000 euros y como no mariscada

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Yolanda Díaz dio casi 600.000 € a la filial de UGT que le montó el show con las mariscadoras

El Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz ha destinado cerca de 600.000 euros en estos años a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), filial de UGT que le montó este viernes un acto de propaganda con las mariscadoras de la Cofradía de Carril, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), justo antes de clausurar el evento ForoMar 2022, organizado por el citado colectivo de autónomos y la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA). En colaboración, además, con el sindicato hermano del PSOE.

La entidad presidida por Eduardo Abad, natural también de Villagarcía de Arosa, tiene estrecha relación con las mariscadoras de Carril, a través de la rama gallega, Agtamar. Por ejemplo, además de la defensa de sus intereses, Agtamar-UPTA gestiona cursos de formación para estas trabajadoras del mar. En redes sociales, el colectivo de autónomos presumió este viernes de que «hoy nos visita Yolanda Díaz», quien se fotografió «a pie de playa con las mujeres de pesca». En la instantánea en la playa Compostela también aparece el presidente de UPTA junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y diputada de Galicia en Común por Pontevedra.

Tras el show de Díaz con las trabajadoras del mar, donde incluso cogió un raño para hacer como que mariscaba, todo ello bajo la atenta mirada del delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones Conde, quien también se metió en el agua, la comitiva se quitó las botas y se desplazó hasta el Auditorio Municipal de Villagarcía de Arosa para celebrar la clausura de ForoMar 2022, dedicado a analizar las condiciones de trabajo de de mariscadoras, rederas y percebeiras

En concreto, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha otorgado un total de 592.386 euros a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) desde que ella está al frente del departamento, cuya cartera asumió en enero de 2020. Estas ayudas fueron otorgadas por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social que capitanea Joaquín Pérez Rey. Este alto cargo también ha estado este viernes en Villagarcía de Arosa acompañando a Díaz en los fastos organizados por UPTA.

En la clausura del encuentro ForoMar 2022 que organizó la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la ministra agradeció a esta filial de UGT «la puesta en común del conocimiento, de las soluciones y las experiencias de trabajo de las mujeres en el mar».

«Feminizado»

La vicepresidenta segunda del Gobierno quiso, además, «visibilizar el trabajo de las mujeres del mar y singularmente el de las mariscadoras de a pie. Es un trabajo profundamente feminizado y por este hecho ven limitados sus derechos», remarcó.

En este sentido, Díaz explicó que el marisqueo a pie «está condicionado por los sesgos y estereotipos de género de enfermedades profesionales» que en el caso de los colectivos masculinizados «sí están reconocidos». También incidió en que este «trabajo duro, en el exterior, tiene que ser reconocido y más valorado que otro tipo de trabajos» y defendió que quienes lo ejercen «tienen derecho a la formación y a la modernización de un sector clave para Galicia y para el conjunto del país», apostilló Díaz.

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