El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho que realizar un referéndum acordado con el Gobierno sobre el Estatut y el sistema de financiación en Cataluña «excluiría a una parte de los catalanes» independentistas, por lo que ha defendido que una de las opciones que deben incluirse es la independencia.

«Es un conflicto de naturaleza política que solo se puede resolver democráticamente, hay que avanzar hacia la desjudicialización de este conflicto y los acuerdos a los que se llegue, que tienen que tener un amplio apoyo y seguridad jurídica, tienen que someterse a votación de los ciudadanos de Cataluña», ha explicado en una entrevista en ‘El Periódico’ este domingo recogida por Ep.

Ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sabe perfectamente que el referéndum en Cataluña es inevitable» y que desde el Govern dedicarán las próximas semanas a trabajar la metodología de la mesa de negociación que mantendrán en septiembre, donde pretende llegar con un gran acuerdo nacional por la autodeterminación y la amnistía.

Para Aragonès, la mesa entre partidos catalanes que pide el PSC busca «desnaturalizar el resultado de las elecciones de febrero en las que hubo un 52% de votos a candidaturas independentistas». «Si el objetivo es este, no servirá y quedará frustrada», y ha afeado a los socialistas no excluir a Vox de ese hipotético encuentro entre partidos del Parlament.

También ha insistido en que la gestión «del conflicto» no pasa por adoptar la vía unilateral, y ha defendido que una solución acordada y multilateral para alcanzar la independencia en la que intervengan diversos actores siempre es, dice, prioritaria y mejor.

Preguntado por si la Generalitat avalará a los cerca de 35 excargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas pide 5,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para promover el proceso independentista, ha detallado que el Ejecutivo catalán está «estudiando las vías al alcance» para dar cobertura efectiva y mecanismos de amparo.

Por otro lado, ha afirmado que el voto de ERC a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 no irá vinculado o estará condicionado al contenido y resultados de la mesa de negociación entre Ejecutivos: «La negociación con el Estado es institucional entre gobiernos, no están vinculados a los apoyos parlamentarios».

Sobre los fondos de recuperación ‘Next Generation EU’, ha detallado que la Generalitat ha elaborado proyectos por valor de 30.000 millones de euros, «un objetivo ambicioso pero Cataluña tiene capacidad de conseguir más de un Perte, de un proyecto tractor, no solo en automoción sino también en la industria agroalimentaria, en la tecnología cuántica, en el ámbito audiovisual».

También ha defendido que el acuerdo de gobernabilidad entre ERC y la CUP «es compatible» con el modelo económico del conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, y que pueden encajar en materia presupuestaria.

Ha afeado a los partidos de la oposición que acusan al líder de ERC, Oriol Junqueras, de tutelar las acciones del Govern de hacerlo por «interés partidista», y ha reivindicado que su único límite es la confianza de la mayoría parlamentaria, y que es con ellos con quienes debe rendir cuentas.

Y ha defendido que el objetivo del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona es alcanzar la alcaldía en las próximas elecciones para «culminar lo que entonces no» pudieron, ya que los republicanos ganaron los comicios en votos en 2019 pero el pacto entre PSC y comuns le dio la llave del Gobierno municipal a Ada Colau.