La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.