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Absuelto Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa
Absuelto Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa
El Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid ha absuelto a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, en Madrid en 2019, después de que la Fiscalía retirase su acusación tras entrar en vigor la Ley de Eutanasia.
“Al haberse retirado la única acusación personada en las actuaciones, de acuerdo con la doctrina, procede dictar sentencia absolutoria respecto del acusado, con todos los pronunciamientos favorables», señala la resolución, que absuelve a Ángel Hernández de un delito de cooperación al suicidio.
Entra en vigor en España la ley de la eutanasia
La sentencia absolutoria, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, hace que queden sin efecto las medidas cautelares que se acordaron durante la instrucción de la causa.
Cooperación al suicidio
El 30 de junio pasado la Fiscalía retiró la acusación contra Ángel Hernández, para el que pedía seis meses de cárcel por cooperación al suicidio, en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de regulación de la eutanasia. Estimó que Hernández se encuentra en un supuesto legalmente autorizado.
El Ministerio Público ya había anunciado previamente que no se opondría al indulto si Hernández fuese condenado.
Ahora, la magistrada del Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid, María Luisa Roldán García, recuerda que el 3 de noviembre de 2020 el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid abrió juicio oral contra Hernández por delito de cooperación al suicidio.
María José había manifestado un deseo constante de acabar con su vida
A falta de que se fijara fecha para el juicio, la Fiscalía, única acusación en el proceso, retiró sus cargos, de modo que «procede dictar sentencia absolutoria respecto del acusado, con todos los pronunciamientos favorables, no procediendo el sobreseimiento libre solicitado (…) al haberse ya acordado por el órgano instructor la apertura de juicio oral contra el acusado», dice la sentencia.
Acaba así el proceso judicial que se inició tras la muerte de María José Carrasco el 3 de abril de 2019 en su domicilio madrileño, cumpliéndose así el deseo «constante» que tenía de acabar con su vida debido a la esclerosis múltiple que padecía desde 1989, según relataba el escrito de la Fiscalía.
María José y Ángel estaban solos aquel día en la vivienda y Ángel vertió en un vaso un medicamento, pentobarbital sódico, y se lo acercó a su mujer, que lo ingirió con una pajita. A los diez minutos falleció.
María José necesitaba ayuda para todas las actividades básicas
La enferma tenía reconocida una gran invalidez y necesitaba del apoyo de terceras personas para todas las actividades básicas de la vida diaria, por lo que su marido había pedido una reducción de jornada laborar para atenderla.
Desde 1999 el acusado «se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer» y realizó una «fuerte» inversión económica para reformar y acondicionar su vivienda con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas e, incluso, instaló un equipo medicinal en el domicilio, detalla la Fiscalía, que subrayaba en su escrito que desde 2007 Ángel Hernández había solicitado reiteradamente ayuda para el cuidado de María José y una plaza en residencia, pero no se lo dieron.
La Asociación ‘Derecho a morir dignamente les proporcionó asesoramiento
De esta forma ambos contactaron con la asociación «Derecho a Morir Dignamente», donde recibieron asesoramiento, y antes de 2018 la enferma, «que aun podía usar sus manos», compró a través de internet un frasco de 100 mililitros de pentobarbital sódico y una vez recibido, «lo guardaron en el domicilio por si en un momento dado tenían que usarlo», recordaba la Fiscalía en su escrito.
Maria José Carrasco hizo un testamento de últimas voluntades
Carrasco hizo un testamento de últimas voluntades, en el que manifestaba de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea), y finalmente su marido consensuó con aquella la forma en que la ayudaría morir.
Una vez ingerido el medicamento letal el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido, confesó lo ocurrido a la Policía y aportó en el juzgado toda la documentación y videos que explicaban su historia.
Ley de Eutanasia
La ley de regulación de la eutanasia entró en vigor el pasado 25 de junio, después de que el Congreso de los Diputados la aprobara el 18 de marzo con amplia mayoría y la oposición de PP y Vox.
Desde ese día las personas con una enfermedad grave e incurable y que padezcan un sufrimiento «constante e intolerable» pueden solicitar ayuda médica para morir
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Un inmigrante de Gambia condenado a prisión por intentar matar a un hombre a palos y agredir a policías
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La Audiencia de Almería ha condenado a cinco años de prisión a un varón natural de Gambia por intentar matar a un hombre a golpes con un palo en el paseo marítimo de Vera (Almería) en 2023. También ha sido condenado por agredir a los tres policías locales que participaron en su detención.
La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, dictada por conformidad, da por aprobado que en la noche del 12 de abril del año pasado, el acusado, de 43 años a fecha de los hechos y sin antecedentes penales, golpeó a la víctima en la cabeza con un palo de un metro de largo, de forma reiterada, «con gran violencia» y con la «intención de ocasionarle la muerte», para luego huir del lugar.
Tras la brutal agresión, tres agentes de la Policía Local de Vera procedieron a su arresto, momento en el que el procesado arremetió contra ellos «con ánimo de menoscabar su integridad física». Todos ellos sufrieron lesiones leves por patadas, golpes y mordiscos. El agredido, del que no han trascendido más datos, tuvo que ser trasladado al Hospital Público Comarcal La Inmaculada debido a la gravedad de sus heridas.
Por el delito de homicidio en grado de tentativa, el inmigrante gambiano deberá indemnizar a la víctima en algo más de 8.000 euros: 4.088 por las lesiones, 3.000 por los daños morales y 943 euros por las secuelas funcionales sufridas. Además, la Audiencia le impone 15 años de alejamiento e incomunicación con la víctima.
Por el delito de atentado a agente de la autoridad, la resolución judicial dicta seis meses de prisión adicionales. El procesado también indemnizará con una cuantía de 1.260 euros a los tres policías agredidos: 280 euros por morder a uno de los agentes, 630 euros al segundo por heridas en el brazo derecho y un dedo de la mano izquierda, y 350 euros al tercero por heridas en un ojo y contusiones en el hombro izquierdo y la rodilla.
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