La redacción será: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Tal y como ha informado a Europa Press el Ministerio de Igualdad, esta fórmula está en la línea de la definición que da el Convenio de Estambul en su artículo 36.2. Además, indica que este modelo de consentimiento en positivo ya ha sido acogido por otros países como Suecia o Gran Bretaña.

Desde el departamento que dirige Irene Montero indican que, cuando entre en vigor la norma, las víctimas «ya no tendrán que
acreditar que se han resistido o que ha habido violencia». De esta forma, se entiende que «todo acto sexual sin consentimiento será agresión» y se «eliminan» los abusos sexuales del Código Penal.

La norma, recuerda el Ministerio, se aprobará en vísperas del 7 de julio, día en el que se cumple el décimo tercer aniversario del feminicidio sexual de Nagore Laffage. En dicha fecha también se produjo la agresión a la víctima de la Manada en Sanfermines, cuya sentencia inició las protestas del movimiento feminista bajo los lemas ‘no es abuso, es violación’, ‘hermana yo sí te creo’ o ‘solo sí es sí’.

Incluye la tercería locativa
El texto, además, cumple con el Convenio de Estambul al situar el consentimiento en el centro, apunta Igualdad, que también destaca que España liderará con esta ley «la vanguardia de los derechos de las mujeres en Europa con una clara perspectiva feminista y de derechos humanos».

En este sentido, destacan algunos puntos clave que también recoge esta ley, como la protección a todas las mujeres, niñas y niños con independencia de su situación administrativa, su etnia o nacionalidad, así como a las víctimas de trata y explotación sexual bajo la premisa «todas las violencias, todas las mujeres».

A través de esta ley también se actúa contra la industria proxeneta al incorporar la tercería locativa que permitirá perseguir a los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual de terceras personas.

Del mismo modo, se evita la revictimización desarrollando medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales. Además, las mujeres víctimas de violencias sexuales tendrán recursos a su disposición aunque no denuncien, como los centros de crisis 24 horas, para las mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

Cambios en el código penal
La norma, del mismo modo, recoge cambios en el Código Penal, optando por un sistema penológico progresivo y proporcional a la gravedad, con horquillas más amplias. «Esto permite dar una adecuada respuesta penal a la multiplicidad de circunstancias», explica el Ministerio de Igualdad.

El equipo de Montero cree que esta norma da también «una respuesta más amplia y acorde a las múltiples manifestaciones de violencias sexuales», desde las más «leves» a las más «graves» y recoge, además, «un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las agresiones grupales, la existencia de una grave violencia o un daño también grave a la víctima» en los términos del artículo 46 del Convenio de Estambul, la especial vulnerabilidad de esta, o el uso de armas o medios peligrosos.

Largo recorrido
Más de un año después de que el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de esta ley, y tras pasar por la consulta pública, la Fiscalía, el CGPJ y el Consejo de Estado, como requiere la tramitación, el Gobierno ratificará esta norma para que inicie, ahora, la fase de tramitación parlamentaria.

Tal y como ha señalado Igualdad, el texto comenzará su tramitación en el Congreso, previsiblemente, el próximo mes de septiembre, en un proceso en el que recibirá las aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios.

Pero el recorrido de la reforma de los delitos sexuales va mucho más allá, ya que comenzó a idearse tras la polémica sentencia a la Manada de Sanfermines dictada por la Audiencia Provincial de Navarra. En abril de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que analizaría la tipificación de los delitos de abuso y agresión en el Código Penal.

Pero la propuesta encargada a la Comisión General de Codificación llegó a manos de la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el cambio de gobierno al que dio lugar la moción de censura. Aún así, la reforma se hizo esperar. No fue hasta la posterior llegada del Gobierno de coalición PSOE-Podemos cuando vio la luz en forma de anteproyecto de Ley de Libertad Sexual.

El texto ha sido impulsado por la ministra de Igualdad, Irene Montero y revisado por el Ministerio de Justicia, que dirige Juan Carlos Campo y va a tardar más de un año en ser remitido finalmente a las Cortes.