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LISA Melilla denuncia a ‘Sureste Seguridad’ por “okupar” sus instalaciones y no tener licencia de apertura ni de actividad

LISA Melilla denuncia a ‘Sureste Seguridad’ por “okupar” sus instalaciones y no tener licencia de apertura ni de actividad

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La empresa ha interpuesto ante el Juzgado de Primera Instancia una demanda de “desahucio por precario” y otra por un supuesto delito de apropiación indebida ante la Policía Nacional después de que extrajeran muebles de su propiedad

La dueña de las instalaciones de la empresa de limpieza LISA Melilla SL, Fernanda Cruz Rosa, denuncia que ‘Sureste Seguridad’, la segunda empresa que opta al servicio de seguridad de la Ciudad Autónoma, está de “okupa” en las instalaciones que pone a disposición de la CAM y que tienen como “delegación de seguridad”, aunque llevan tres meses y medio sin licencia de apertura. “En 2019 les dijeron de clausurar el local porque no reunía las condiciones. Haciendo caso omiso a la Administración, a día de hoy, aparte de estar de okupas no disponen de licencia de apertura”, cuenta Cruz, quien asegura que la empresa no quiere abandonar las instalaciones porque si lo hacen no puede optar al contrato de seguridad de la CAM. Además, Cruz denuncia que les están robando parte de su mobiliario.

La empresa de limpieza ‘LISA Melilla SL’ denuncia que la empresa de seguridad privada ‘Sureste Seguridad’ se encuentra de “okupa” en sus instalaciones, las cuales pone a disposición de la Ciudad Autónoma y que tienen como “delegación de seguridad”. Fernanda Cruz Rosa, dueña de las instalaciones, asegura que   esta empresa no tiene delegación de seguridad porque están “literalmente de okupas”, y afirma que ha interpuesto una demanda de “desahucio por precario” ante el Juzgado de Primera Instancia, y una denuncia ante la Policía Nacional por un supuesto delito de apropiación indebida, ya que, según ella, también extraen muebles propiedad de la empresa.

“No se le puede adjudicar un servicio a una empresa que está de okupa en unas instalaciones. Además, tengo unas fotografías inauditas de unos vigilantes de seguridad descargando muebles de mi empresa con un servicio itinerante oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla”, denuncia Cruz, quien confiesa que “no se esperaba” que esta empresa de seguridad se llevara los muebles de su empresa utilizando a los vigilantes y paralizando un servicio de seguridad. “No daba crédito”, se indigna Cruz Rosa, quien subraya la imposibilidad de que la empresa abandone las instalaciones. “Se lo he dicho en tres ocasiones, se lo ha notificado a la empresa, pero como hacían caso omiso he ido al Juzgado para que les hagan un desahucio por precario y les obliguen a que dejen las instalaciones. No me han dejado otra vía”, remata.

Asimismo, Cruz critica que esta empresa lleva tres años y medio ejerciendo su actividad sin tener licencia de apertura. “¿Nadie se pasa a cerrarles las instalaciones?”, se pregunta, confirmando que ha puesto en conocimiento de la Administración sobre las acciones de Grupo Sureste. “¿Cómo usan a un servicio oficial discontinuo, a vigilantes uniformados, para trasladar unos muebles que no son de su propiedad? Tengo pruebas de que esos muebles son míos y no me han dejado sacar fotos de allí”, afirma con rotundidad Cruz, la cual se siente “impotente” ante una situación en la que ni siquiera le han dado una explicación de por qué actúan de esa manera.

Denuncias anteriores

La propietaria de LISA Melilla SL recuerda que Sureste Seguridad fue denunciada en su día cuando gobernaba el PP porque no cumplían el contrato de la Ciudad Autónoma. “La Administración se vio obligada a sancionarles y le abrieron un expediente, pero no dejan de cesar. Hay un montón de denuncias en los juzgados, en inspección de trabajos, etc.”, cuenta Cruz, quien asegura que esta empresa tiene problemas hasta en Málaga, donde, según explica, harán una huelga “en breve”, por, entre otras cosas, no pagar a los trabajadores. Por otro lado, Cruz asegura que el pasado 30 de junio la Policía Local se personó en las instalaciones  para notificarle a dicha empresa la clausura del local porque no “reúne las condiciones técnicas necesarias”. “El pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato de seguridad de la CAM, que exige tener una delegación de seguridad bajo el reglamento de seguridad privada y licencia de apertura de esa delegación. Eso lo exige desde hace tres años y medio y no lo han hecho”, denuncia.

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Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón

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La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís oculto en un domicilio de Alcorcón y ha detenido a un matrimonio que desde este inmueble distribuía estas sustancias estupefacientes a cualquier hora del día.

Ambos han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que la vivienda estaba enganchada ilegalmente a la red, señalado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una nota.

La investigación se inició a principios de abril pasado, cuando los agentes detectaron un gran trasiego de personas que entraban en un inmueble en el entorno de la estación de cercanías de Las Retamas y tras pasar un breve momento en su interior, abandonaban el lugar rápidamente.

Además, los agentes de la Policía pudieron constatar cómo en este domicilio se efectuaban numerosas transacciones de droga a cualquier hora del día.

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En el curso de la investigación y prosiguiendo con las pesquisas, los investigadores pudieron determinar el piso donde se llevaba a cabo la actividad ilícita, así como la identificación de los responsables.

Finalmente, el 24 de mayo se estableció un dispositivo policial que concluyó con la detención de un varón y mujer, moradores de este domicilio.

En el registro efectuado, se intervinieron vehículos, pistolas simuladas, armas blancas, dinero en efectivo, varias dosis de cocaína y hachís, así como útiles para la preparación y comercialización de las sustancias.

Tras los arrestos efectuados, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de un delito contra la salud publica y un delito de defraudación eléctrica.

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Detenido en Toledo un conocido alunicero buscado por homicidio

Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

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La Policía Nacional ha detenido en Toledo a un conocido alunicero y butronero que estaba fugado de la Justicia, entre otros delitos por homicidio, y que acumula un historial con 70 detenciones.

Según ha informado la Policía, el fugitivo tiene pendiente su ingreso en prisión por su presunta relación con la muerte de una persona ocurrida al arrojar vigas de hierro desde el vehículo en el que huía para evitar su detención tras cometer un robo con fuerza.

El arrestado pertenece a la familia Motos, según apuntan fuentes policiales. Le constaban cuatro reclamaciones judiciales por los delitos de homicidio, robo con fuerza y lesiones.

Desmantelado un punto de venta de cocaína y hachís en Alcorcón
Agentes de la Policía Nacional lo han detenido en la provincia de Toledo después de que averiguaran que tanto el fugitivo como miembros de su entorno cambiaban de domicilio habitualmente con el fin de entorpecer su detención, tanto en la zona de Carabanchel, el barrio que frecuentaba de forma habitual, como en otras localidades cercanas a Madrid.

Los agentes averiguaron que su actual pareja e hijos se habían desplazado a una pequeña localidad de Toledo, articulando así los agentes un dispositivo de vigilancia que permitió ubicar el domicilio donde residía este individuo, pudiendo de esta manera proceder a su detención y posterior puesta a disposición judicial.

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Durante la investigación, en uno de los posibles domicilios familiares rastreados al pensar que podría ser usado de escondite por el fugitivo, se localizó una plantación ‘indoor’ compuesta por 174 plantas de marihuana que estaría usando para subsistir económicamente

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Piden más de 7 años de prisión para una pareja que suministraba cocaína a su hija de 19 meses

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Un bebé de tan solo 19 meses ingresó en septiembre de 2019 en el Hospital 12 de Octubre por una intoxicación por consumo de cocaína.
Fueron los padres los que se habían puesto de acuerdo para suministrar esta droga a su hija con la intención de «menoscabar la integridad física de la menor de edad», según indica el relato de la Fiscalía Provincial de Madrid.
El próximo martes 13 comienza el juicio contra esta pareja. Noticia Relacionada estandar Si La vergüenza de los huérfanos de violencia de género: «Es la primera vez que no digo que a mi madre la mató un coche» Érika Montañés Los hijos de las mujeres asesinadas quedan en una situación de doble desamparo cuando tienen más de 18 años o en el momento en que traspasan esa mayoría de edad Durante al menos 6 o 7 meses, la pareja suministraba a su hija de apenas dos años de edad dosis de cocaína con el ánimo de causarle lesiones.
El bebé ingresó con una intoxicación «plena» por cocaína, produciéndole un cuadro febril y contusiones, que precisaron de asistencia médica consistente y en la que se requería de un tratamiento farmacéutico (midazolam, que es una benzodiacepina y levetiracetam, que es un anticonvulsivo usado en epilepsia), oxigenoterapia y antipirético, y de las que tardó en curar 2 días impeditivos. Los padres, de 40 y 41 años, se enfrentan en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de más de 7 años de prisión por un delito de tráfico de drogas y otro agravado de lesiones al ser la víctima menor de 12 años.
Además, según indica el escrito del Ministerio Público, tanto el padre, P. A. J., con antecedentes penales , como la madre, S. R. G., se les privaría de la potestad de la menor y tendrían prohibido tanto acercarse como comunicarse con su hija a través de cualquier medio durante 5 años.

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