El resultado de la crisis de gobierno de hoy es un Ejecutivo menor, en el que cuesta encontrar la fuerza política para ese «gran salto adelante» que quiere dar el presidente. Por mucho que se empeñe Sánchez en inaugurar la legislatura todos los días, más bien estamos ante una confesión de parte. La salida de Carmen Calvo y de Iván Redondo revela el fracaso político de estos dos primeros años de mandato, y los cambios de cartera anunciados por Sánchez no tienen entidad para enderezar el rumbo, porque el problema es su falta de proyecto para España. En el ánimo de Sánchez para acometer esta crisis se vislumbran los efectos de la derrota de la izquierda en la Comunidad de Madrid, el 4 de mayo pasado. Que la crisis se produzca al día siguiente de la reunión con Díaz Ayuso en La Moncloa es solo una coincidencia, pero con mucho significado político.

Pedro Sánchez ha depurado su Gobierno por un temor ya notorio a la evolución de las encuestas y a la consolidación de una alternativa de centro-derecha liderada por el Partido Popular. El mensaje de «más mujeres y más jóvenes» solo revela la intencionalidad propagandística con las designaciones de nuevos ministros y ministras. Diciendo cosas así, Sánchez agota por la vía rápida el capital político de la crisis de gobierno, porque el país no está para más operaciones de diseño. La dimensión de los problemas que tiene España es muy superior a los perfiles elegidos, procedentes de la muy respetable política municipal, pero sin credenciales de gestión a escala nacional.

Descendiendo al detalle, a cada destitución le acompaña una memoria de fracasos. Carmen Calvo se vio desbordada en su función de coordinar la labor de los ministerios, además de perder batalla tras batalla frente a Irene Montero. Juan Carlos Campo se lleva el fracaso en las renovaciones del CGPJ y del Tribunal Constitucional y deja en el aire el futuro judicial de los indultos, además de importantes reformas procesales. Isabel Celáa consiguió unir a sectores muy diversos del sistema educativo para criticar sin reservas su reforma educativa de bajo coste. Y González Laya empezó su cuenta atrás con la crisis de Ceuta y la suspensión de relaciones de Marruecos. Sin embargo, el cese más significativo políticamente no ha sido el de un ministro, sino el de Iván Redondo, quien acumuló tanto poder que ha acabado sepultado por su peso. El que parecía gran gurú de la estrategia se quedó en aprendiz de brujo después de que Madrid lo sentenciara con la victoria aplastante de Díaz Ayuso.

Podría decirse que, en esta crisis, Pedro Sánchez ha querido recuperar al PSOE, ya sin José Luis Ábalos, también sacrificado. Los nombramientos de Óscar López como nuevo jefe de gabinete y de tres alcaldesas socialistas apuntarían en esa dirección, pero al haber dejado intacto al grupo de ministros de Unidas Podemos, Sánchez ha endosado la responsabilidad de la crisis a su partido y ha certificado que no preside una coalición de gobierno, sino una federación de gobiernos que ha dejado a salvo -para pasmo de muchos socialistas- al mismísimo Alberto Garzón.

El acceso de Nadia Calviño a la vicepresidencia primera es aparentemente positivo, pero suena a influencia de Bruselas para gestionar los fondos europeos. El peso político del nuevo Gobierno recaerá en Félix Bolaños, nuevo ministro de la Presidencia y hombre de confianza de Pedro Sánchez. Habrá que esperar al nuevo decreto de estructura orgánica del Ejecutivo para conocer el reparto de competencias entre los ministerios, pero entrará en lo previsible que Bolaños sume muchas de las funciones de Iván Redondo, rebajando el perfil hipertrofiado de la jefatura de gabinete. Óscar López, político bien valorado y con acceso a la oposición, puede que calme el ambiente interno del Gobierno, pero sin influencia política determinante.

La pregunta que pueden hacerse los ciudadanos es qué ha funcionado bien en este Gobierno, a la vista de la profundidad y extensión de los cambios. La cuestión catalana parece ahora menos importante, con Miquel Iceta recolocado en Cultura y Deporte y un mensaje poco grato para los socialistas catalanes. Los planes de Justicia son una incógnita en manos de Pilar Llop, que no aporta nada para un cambio de actitud de la oposición en la renovación de los órganos constitucionales. Lo mismo podría decirse de la agenda internacional, de la actividad legislativa y de las reformas económicas, sin olvidar la impotencia e incompetencia del Gobierno ante la quinta ola. Ni gran salto adelante, ni remontada de vuelo con este nuevo Ejecutivo.