Sicor Seguridad El Corte Inglés y Secoex retiraron las ofertas ante el riesgo de tener que asumir a los trabajadores de la última contrata / La falta de adjudicación del servicio provoca que sean agentes de la Guardia Civil los que asuman estas funciones

El Ministerio del Interior ha declarado desierto nuevamente el procedimiento para la contratación de los servicios de seguridad privada en los centros penitenciarios ubicados en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura, al haber renunciado finalmente las dos empresas que habían sido propuestas para la adjudicación.

En una resolución fechada el pasado viernes, la Secretaría de Estado de Seguridad da por terminado el procedimiento de licitación por no existir ninguna oferta. Secoex SA y Sicor Seguridad El Corte Inglés SA retiraron sus propuestas después de que los sindicatos anunciaran que interpondrían demandas colectivas para reconocer el derecho de subrogación de los trabajadores de la última contrata a la que se adjudicó el servicio (Ombuds) -en liquidación tras solicitar el concurso voluntario de acreedores- si no se hacían cargo de los mismos.

Interior invitó a participar a una decena de empresas del sector (Clece Seguridad SAU, Ilunion Seguridad SA, Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL, Sabico Seguridad SA, Securitas Seguridad España, Transportes Blindados, Servisecur Vigilancia Privada SL, Innovative Security Concepto, Secoex y Sicor Seguridad El Corte Inglés) pero tan solo cuatro (Transportes Blindados, Servisecur Vigilancia Privada, Secoex y Sicor) presentaron la documentación exigida en el pliego de condiciones que reguló el concurso.

El retraso de Interior en adjudicar un contrato aboca al paro a 184 vigilantes privados

El pasado 17 de junio, la mesa de contratación propuso encargarle a Sicor el lote correspondiente a los centros correspondientes a Castilla-La Mancha y parte de los de Madrid -el presupuesto de licitación ascendió a 3.159.583,46 euros- y a Secoex el de las prisiones de Extremadura y resto de las de Madrid (el importe máximo era de 2.160.847,04 euros). A finales de la semana pasada, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó la resolución por la que se declara desierto el procedimiento de licitación.

Es el cuarto intento del Ministerio en el último año y medio para intentar adjudicar los servicios de apoyo a la seguridad exterior en los centros penitenciarios de estas tres comunidades autónomas. El hecho de no haberlo logrado ha obligado a la Guardia Civil a destinar a agentes a la realización de estas funciones.

En octubre de 2019, el departamento que dirige Grande-Marlaska invitó a 11 compañías de la seguridad privada (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad SA, Ilunion Seguridad SA, Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España SL, Protección y Seguridad Técnica SA, Sabico Seguridad SA, Securitas Seguridad España, Segurisa y Trablisa) a que pujaran por alguno o los cinco lotes en que se había dividido el contrato atendiendo a un criterio de distribución geográfica. El presupuesto neto ascendió a 37,51 millones de euros.

El número 2 fue el único que quedó desierto al no registrarse ninguna oferta en la Plataforma de Contratación. De las seis empresas de seguridad privada que aceptaron la invitación y llegaron a formalizar propuestas (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad, Protección y Seguridad Técnica y Transportes Blindados), ninguna mostró interés por este paquete pese a ser el segundo con un presupuesto más elevado (8.353.840 euros). En concreto, era el correspondiente a los 15 centros penitenciarios de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura.

La falta de adjudicación provoca que sean guardias civiles los que lleven a cabo estas funciones

La última empresa a la que se le había confiado el servicio de seguridad privada en las prisiones madrileñas, extremeñas y castellano-manchegas fue Ombuds Compañía de Seguridad SA, después de sacarle más de tres puntos a la segunda mejor valorada (Garda Servicios de Seguridad SA) en el procedimiento licitado en 2016. Con sede en Las Rozas (Madrid), Ombuds se llevó tres de los cuatro lotes que se licitaron aquel año -excepto el correspondiente a los centros penitenciarios de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra- por 27.084.074,86 euros, lo que representó el 78,12 % del presupuesto total de licitación.

El 29 de julio de 2019, el Juzgado de lo Mercantil 13 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores a Ombuds, que dos años antes había absorbido a sus participadas Castellana de Seguridad SAU y Ombuds Ingeniería de Seguridad y Telecomunicaciones SLU. Y el 9 de enero de 2020, el juez acordó la apertura de la fase de liquidación y la disolución de esta compañía, asfixiada por las deudas con clientes y los impagos que mantenía con la Agencia Tributaria y la Seguridad tras perder algunos de los contratos que había conseguido.

Del ERTE al ERE

Durante parte de este tiempo, los trabajadores de Ombuds que formaban parte de la contrata de las prisiones fueron incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la espera de que que Interior sacara nuevamente a licitación el contrato y poder subrrogarse. Ello no ha sucedido y el personal pasó meses atrás a un ERE extintivo.

A finales de 2020, Interior volvió a publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio para encargar este servicio por un importe de 6.904.000 euros (impuestos excluidos). Un año después mejoró el presupuesto y lo elevó hasta 7.318.240 euros (más impuestos), sin que haya publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público si formalmente lo declaró desierto o no. Y hace unos meses volvió a licitarlo por 4.397.050 euros (sin incluir el IVA), ahora resuelto con el mismo resultado.

«Se ha cometido una injusticia con nosotros por culpa de la mala gestión de Ombuds y del Ministerio del Interior. La gente está parada y lo está pasando fatal sin tener culpa alguna», denuncia a este diario un trabajador. El sindicato Alternativa Sindical se ha dirigido a los grupos de PP, Vox, Ciudadanos y Mixto en el Congreso para buscar «una solución inmediata» para los más de 500 vigilantes de prisiones que se han visto abocados al desempleo.

La duda que se plantea ahora es si Interior volverá a sacar nuevamente este procedimiento de licitación por separado o esperará a que expire la vigencia del contrato del resto de lotes de centros penitenciarios a principios de 2022 para sacar una convocatoria completa, como hizo a finales de 2019.