Pedro Sánchez ha aliñado sus indultos con la mayor inyección financiera a la Generalitat desde que está en La Moncloa. En solo seis meses, coincidiendo con los preparativos y concesión de los indultos a los cabecillas del golpe independentista de 2017, el Gobierno de Sánchez ha adjudicado a Cataluña 12.527,4 millones de euros a través de los denominados Mecanismos Extraordinarios de Financiación (MEF), cuyo principal instrumento es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Tal y como se gestiona el FLA, el gabinete independentista de Pere Aragonés puede utilizar libremente esos fondos para financiar, en la práctica, cualquiera de sus gastos. El FLA no conlleva un control político sobre el origen del gasto que se cubre con él.

Más allá de la genérica condición de la «prudencia financiera», la normativa del FLA deja las manos libres para que el Ejecutivo catalán pueda dedicar ese dinero tanto a pagar vencimientos de deudas atrasadas como a sufragar sus nuevos déficits. Así que esta financiación extra acaba dando cobertura a todos los gastos de la Generalitat, incluidas las políticas de corte independentista. Ahora, por ejemplo, el polémico fondo de 10 millones de euros que el Ejecutivo catalán ha decidido crear en beneficio de los 34 ex altos cargos sobre los que planean cuantiosas multas del Tribunal de Cuentas, por haber gastado dinero público en promocionar el ‘procés’ secesionista.

Los 12.527,4 millones concedidos en lo que va de año por Sánchez a la Generalitat contrasta con lo adjudicado al resto de comunidades: a cinco de ellas -entre las que se incluye Madrid-, ni un euro; y entre las 12 que acceden al reparto, la disparidad es tremenda.

La cantidad asignada por el Estado a la Generalitat sale a 1.615 euros por habitante de Cataluña. Es el doble que la media de las otras 11 autonomías, 829 euros por cabeza, y eso que en el cómputo entra la Comunidad Valenciana, que este 2021 va a la par que Cataluña en financiación extra por habitante.

Este año, de cada 10 euros que el Estado ha prestado a las autonomías por esta vía, cuatro han aterrizado en la Generalitat. Para encontrar una inyección financiera tan abultada hay que remontarse a 2013, a lo peor de la anterior crisis. Pero ahora es mucho más llamativa, porque la coyuntura económica es totalmente distinta.

Las cuentas del secesionismo
Los MEF, los Mecanismos Extraordinarios de Financiación, nacieron en 2012. Los creó el Gobierno de Rajoy para evitar el hundimiento financiero de autonomías al borde del abismo, con Cataluña al frente. Desde entonces ha sido la gran beneficiaria, a enorme distancia del resto de comunidades. Ha acaparado 103.030 millones de euros de financiación extraordinaria del Estado, la tercera parte de los MEF repartidos entre todas las autonomías. Y todo esto, a su vez, coincidiendo con el despegue del desafío secesionista, patrocinado activamente desde gobiernos independentistas cuyas finanzas beben sin parar del Estado al que repudian.

En 2012 la Generalitat estaba al borde del hundimiento. Los mercados financieros le habían cerrado la puerta por sus desbaratadas cuentas y su arruinada solvencia: las agencias internacionales calificaron las emisiones catalanas de deuda como bono basura.

El Gobierno del PP concibió los MEF como un mecanismo pasajero, coyuntural. Pero la Generalitat lo ha convertido en su grifo financiero continuo, estructural. Ha hecho del Estado su gran y ventajoso prestamista.

Parte de los fondos que recibe cada año le sirven para saldar préstamos que el Estado le dio con anterioridad. Pero, como otra parte la dedica a tapar sus recurrentes números rojos, siempre devuelve menos de lo que recibe. Así que la deuda engorda.

El 80 por ciento de todo el endeudamiento público de Cataluña ya cae sobre las espaldas del conjunto de España: de los alrededor de 80.000 millones de euros a que asciende la deuda financiera de la Generalitat, unos 65.000 millones se los debe al Estado.

Según los últimos datos publicados por el Banco de España -fechados a 31 de marzo-, la Comunidad de Madrid no adeuda nada al Estado por esos fondos; se financia de forma autónoma. Sin embargo, la Generalitat le debe 64.616 millones de euros, 7.497 millones más que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. La deuda de la Generalitat con el Estado es más del doble que la de Andalucía y un 56% mayor que la de la Comunidad Valenciana, por ejemplo.