Tres narcopisos, un burdel, disparos, plantaciones de marihuana y sangre en el portal. Todo ello concentrado en un mismo edificio, el número 50 de la calle Hachero, en Puente de Vallecas. La problemática no es reciente, pero no cesa. Así resume Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los ocho años que encadena lidiando en solitario con la okupación mafiosa en su comunidad. Como él decenas de vecinos del distrito conviven a diario con usurpadores de la propiedad que destrozan zonas comunes, disparan las facturas de la luz e intimidan con sus amenazas a barrios completos.

La okupación en España subió un 2,7 por ciento en 2020 con respecto al año anterior. La mitad de las denuncias por usurpaciones se localizan en Cataluña, pero en la Comunidad de Madrid se presentaron más de 1.300. La «inacción política» y la «laxitud» de los bancos propietarios de los inmuebles ha derivado en casos en los que apenas dos familias viven de forma regular en un edificio. El resto, okupas pertenecientes a grupos organizados. «Son auténticas mafias, clanes que cuando desalojan a unos ya tienen preparada la nueva okupación», apunta Olga Domínguez, miembro de la Asociación Vecinal Kaskoviejo VK.

Más Madrid eleva este martes al Pleno del distrito una propuesta para instar a la propia Junta Municipal o al área de gobierno competente a adoptar las medidas necesarias para detectar e intervenir en aquellas zonas en las que se están produciendo ocupaciones de vivienda alentadas por los mencionados grupos organizados, provocando «graves» problemas de convivencia. El concejal Paco Pérez denuncia que se ha generado en la zona «una situación de inseguridad que afecta al vecindario». Traslada, además, la preocupación de los residentes por las amenazas y agresiones de las que son víctimas de manera continuada.https://www.madridiario.es/album/album_embebido.asp?g=13440#amp=1

La Junta Municipal de Puente de Vallecas prefiere no pronunciarse sobre la cuestión hasta la sesión plenaria de esta tarde. Por su parte, desde el área de Seguridad y Emergencias precisan que la Policía Municipal se encargaría de acturar «si hay una sentencia judicial». Sin una orden de un juez no se puede proceder al desalojo. En lo que respecta a los altercados o al orden en la vía pública y no a la okupación en sí, Ricardo Bravo reconoce que los agentes aumentan su presencia en las calles cuando los vecinos «aprietan» a los altos mandos tras algún conflicto con los okupas. «Hacen operaciones de uno o dos meses, pero cuando se relaja la situación se marchan», lamenta.

Una «ciudad sin ley»

En Hachero, 50 se han sucedido hasta 26 okupaciones en los últimos ocho años. La gestora del inmueble, Servihabitat, solo ha conseguido recuperar desde entonces tres de las viviendas que frecuenta desde hace dos meses un vigilante por horas contratado por la empresa. En el resto se mantienen los alojamientos ilegales, a excepción de la casa de Bravo, único inquilino del inmueble que paga su hipoteca. «He pedido una permuta, pero me la han negado y no puedo abandonar la casa», se queja.

Esta posición, para la cual no ve visos de solución, lo ha empujado a desarrollar un trastorno de la personalidad cuyo tratamiento psiquiátrico está dejándole secuelas. «La única forma de recuperarme es marcharme, pero no puedo», incide. Ha llegado a este punto tras las vejaciones e intimidaciones de sus vecinos. Las ha denunciado, pero ha perdido los juicios por no poder presentar testigos. Los mismos que lo amenazan han destrozado el portal y no lo dejan dormir por sus constantes ruidos a deshoras.

Con todo, la situación parece aún peor en la calle contigua, Monte Naranco. Todos los pisos del número 14 han sido okupados. «Es la ciudad sin ley; hace poco hubo una intervención por narcotráfico y tiraron la mercancía al patio de otro vecino. Había cocaína y una pistola«, relata Bravo. No paran en las dos vías citadas este nicho de viviendas usurpadas, pues también se ubican en las calles Quijada de Pandiellos y Puerto de Maderi.

Concentración contra la okupación mafiosa en Puente de Vallecas en una foto de archivo.

Olga Domínguez también remarca las dificultades para llevar las intimidaciones de los okupas por la vía judicial. «Es muy complicado que alguien se atreva a testificar porque te enfrentas a toda una mafia», señala. Interponer una denuncia supone, en muchos casos, agravar los enfrentamientos. «Imagínate si denuncias luego qué tipo de convivencia te espera con ellos», sostiene. Por ello, la sensación de «desprotección» es máxima.

Los destrozos en los bienes comunales son constantes y, como hace hincapié el concejal de Más Madrid, Paco Pérez, los inmuebles okupados son objeto de «irregulares y peligrosas manipulaciones en su distribución, comprometiendo gravemente la seguridad de los residentes y disparando las lecturas de consumo en el recibo de la comunidad, haciendo recaer injustamente el gasto del excedente sobre todos sus miembros».

La AV Kaskoviejo VK se dirige en este punto a las compañías distribuidoras. Las actitudes ilícitas de unos repercuten en toda la comunidad y las interrupciones del suministro provocadas por los enganches ilegales afectan a todos por igual. «Deberían discriminar porque no puede ser que te corten el agua cuando tú pagas religiosamente». Por otro lado, la preocupación por sobrecarga en la red eléctrica se incrementa ahora en verano ante el riesgo de incendios. «Con los empalmes podemos salir ardiendo, como ya pasó hace cuatro o cinco meses en un edificio en la zona de Monte Igueldo», comenta la representante vecinal.

Los cinco grupos municipales representados en Cibeles debatirán sobre esta lacra en el Pleno de Puente de Vallecas de este martes. El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación no exime de la inactividad ante el problema a ninguna formación y pide que «dejen la crispación política y sean capaces de sentarse a hablar lo que tienen en común». «Llegan muy tarde y necesitamos que tomen medidas reales e individuales».