La pandemia ha relegado a un segundo plano temas de la agenda política…

La pandemia ha relegado a un segundo plano temas de la agenda política que eran prioritarios hasta no hace mucho. El de la seguridad es uno de ellos y, si bien las restricciones sanitarias repercutieron en una reducción estadística de los delitos, la impresión es que el fenómeno permanece agazapado. 

En tal contexto, se informó en la edición de ayer sobre la situación de propietarios de terrenos que decidieron pagar adicionales para evitar que sean ocupados ilegalmente. 
Se trata de un interesante avance hacia la seguridad privada. Llevada al extremo, la lógica conduce a abonar por protección especial de las fuerzas de seguridad en las viviendas, por ejemplo, para sustraerse de la acción de ladrones y asaltantes; incluso hasta podría pensarse en asociaciones barriales que paguen el extra para reforzar la vigilancia. 

Seguridad de primera para el que pueda pagarla; el resto, que se resigne a la incertidumbre o a un servicio deficiente. Otra fractura producto de la inequidad, en definitiva.
En el caso de las usurpaciones, la morosidad judicial tiene gravitación central. Distintos factores confluyen en el fenómeno. Sobre la necesidad de la gente, personas inescrupulosas montan maniobras para apoderarse de lo ajeno. Hay también litigios entre particulares que alguna de las partes trata de resolver por las vías de hecho, sin hacerle asco a conductas violentas y operaciones de amedrentamiento cuando lo estiman necesario. No pueden descartarse terminales en organismos gubernamentales y en la propia Justicia, atentas a las tierras que están a tiro de operaciones de este tipo para datear a los interesados.
Los expedientes judiciales echan fojas en una deriva interminable. Sobre esto se ha informado y editorializado en este medio en numerosas oportunidades.

El caso informado el domingo, en Choya Viejo, es ejemplar porque contrasta con el expeditivo accionar de la Justicia para los desalojos cuando las tierras comprometidas son estatales.
«Ya no sabemos qué hacer porque la Justicia Penal no hace nada. Tenemos más de una docena de denuncias desde diciembre y lo único que logramos es que nos fijen restricciones cuando los propietarios somos nosotros», se lamentaron los damnificados. 
Aseguraron que permanentemente personas desconocidas y familiares de quienes ocuparon varios lotes «realizan desplazamientos de alambrados, sustracción de postes y hasta de los carteles que indican que se trata de una sucesión, de una propiedad privada».    
Independientemente de quién tenga la razón en el conflicto, el “modus operandi” descripto es clásico: se promueve la ocupación con el propósito de precipitar el litigio y forzar una instancia de negociación con los propietarios legítimos. Para esto, la prescindencia judicial es indispensable.

“Es una vergüenza que la Justicia Penal no ordene el desalojo y los dueños deban iniciar una demanda civil», dicen los abogados de la sucesión de las tierras.
Lo que es una vergüenza en cualquier caso es que la Justicia no resuelva, sea o no procedente el desalojo que la sucesión exige. 
La indefinición mantiene la controversia en un limbo que podría acarrear consecuencias mucho más gravosas que el disgusto de propietarios despojados.
En el fondo, el pago de adicionales a la Policía por el resguardo de bienes particulares no deja de ser justicia por mano propia, y es una suerte que quienes se sienten usurpados no recurran a mecanismos más brutales para defender lo que entienden que es suyo.