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Seguridad privada

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La pandemia ha relegado a un segundo plano temas de la agenda política…

La pandemia ha relegado a un segundo plano temas de la agenda política que eran prioritarios hasta no hace mucho. El de la seguridad es uno de ellos y, si bien las restricciones sanitarias repercutieron en una reducción estadística de los delitos, la impresión es que el fenómeno permanece agazapado. 

En tal contexto, se informó en la edición de ayer sobre la situación de propietarios de terrenos que decidieron pagar adicionales para evitar que sean ocupados ilegalmente. 
Se trata de un interesante avance hacia la seguridad privada. Llevada al extremo, la lógica conduce a abonar por protección especial de las fuerzas de seguridad en las viviendas, por ejemplo, para sustraerse de la acción de ladrones y asaltantes; incluso hasta podría pensarse en asociaciones barriales que paguen el extra para reforzar la vigilancia. 

Seguridad de primera para el que pueda pagarla; el resto, que se resigne a la incertidumbre o a un servicio deficiente. Otra fractura producto de la inequidad, en definitiva.
En el caso de las usurpaciones, la morosidad judicial tiene gravitación central. Distintos factores confluyen en el fenómeno. Sobre la necesidad de la gente, personas inescrupulosas montan maniobras para apoderarse de lo ajeno. Hay también litigios entre particulares que alguna de las partes trata de resolver por las vías de hecho, sin hacerle asco a conductas violentas y operaciones de amedrentamiento cuando lo estiman necesario. No pueden descartarse terminales en organismos gubernamentales y en la propia Justicia, atentas a las tierras que están a tiro de operaciones de este tipo para datear a los interesados.
Los expedientes judiciales echan fojas en una deriva interminable. Sobre esto se ha informado y editorializado en este medio en numerosas oportunidades.

El caso informado el domingo, en Choya Viejo, es ejemplar porque contrasta con el expeditivo accionar de la Justicia para los desalojos cuando las tierras comprometidas son estatales.
«Ya no sabemos qué hacer porque la Justicia Penal no hace nada. Tenemos más de una docena de denuncias desde diciembre y lo único que logramos es que nos fijen restricciones cuando los propietarios somos nosotros», se lamentaron los damnificados. 
Aseguraron que permanentemente personas desconocidas y familiares de quienes ocuparon varios lotes «realizan desplazamientos de alambrados, sustracción de postes y hasta de los carteles que indican que se trata de una sucesión, de una propiedad privada».    
Independientemente de quién tenga la razón en el conflicto, el “modus operandi” descripto es clásico: se promueve la ocupación con el propósito de precipitar el litigio y forzar una instancia de negociación con los propietarios legítimos. Para esto, la prescindencia judicial es indispensable.

“Es una vergüenza que la Justicia Penal no ordene el desalojo y los dueños deban iniciar una demanda civil», dicen los abogados de la sucesión de las tierras.
Lo que es una vergüenza en cualquier caso es que la Justicia no resuelva, sea o no procedente el desalojo que la sucesión exige. 
La indefinición mantiene la controversia en un limbo que podría acarrear consecuencias mucho más gravosas que el disgusto de propietarios despojados.
En el fondo, el pago de adicionales a la Policía por el resguardo de bienes particulares no deja de ser justicia por mano propia, y es una suerte que quienes se sienten usurpados no recurran a mecanismos más brutales para defender lo que entienden que es suyo.

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700 kilos de hachís intervenidos en un peaje de la autopista AP-7 transportados con el método Go Fast

700 kilos de hachís intervenidos en un peaje de la autopista AP-7 transportados con el método Go Fast

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Agentes de la Policía Nacional han intervenido 700 kilos de hachís en un peaje de la autopista AP-7 cuando eran transportados mediante el método Go Fast, es decir, utilizando la furgoneta para transportar el estupefaciente y el turismo lanzadera para abrir camino, circulando a gran velocidad y sin detenerse hasta su llegada al destino final.

Según han informado este domingo los uniformados en un comunicado, los dos conductores de los vehículos, que transportaban la droga desde Sanlúcar de Barrameda a Francia, han sido detenidos en la provincia de Málaga. Los agentes han intervenido dos vehículos de alquiler; una furgoneta que contenía la sustancia estupefaciente y un turismo que actuaba como lanzadera así como 1.290 euros.

Las pesquisas se iniciaron a principios del mes de septiembre cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal francesa que, presuntamente, estaba preparando el envío de una importante partida de estupefaciente desde Cádiz a Francia. Tras varias gestiones, los investigadores identificaron a dos ciudadanos franceses –que habían llegado al municipio malagueño de Torremolinos a finales de agosto– presuntamente conectados con otras personas vinculadas a organizaciones dedicadas al tráfico de hachís.

ENTREGA DE DROGA EN CADIZ

Los agentes detectaron cómo los investigados se desplazaron a la provincia de Cádiz en una furgoneta y en un turismo de alquiler, entregando la furgoneta en Jerez a terceras personas. Estas se dirigieron a una zona de diseminados de Sanlúcar de Barrameda para, posteriormente, devolvérsela a los detenidos que iniciaron la marcha en dirección a Málaga en los dos vehículos.

El hecho de que el turismo circulara varios kilómetros por delante de la furgoneta evidenció que se había producido la entrega de droga y que el transporte se realizaría mediante el método Go Fast.

HACHIS REPARTIDOS EN 21 FARDOS

Finalmente, con el objetivo de inspeccionar la furgoneta, los agentes establecieron un dispositivo policial en el peaje de la AP-7, a la altura de Manilva. El conductor, al detectar la presencia policial, intentó saltarse el control accediendo a un carril del peaje que se encontraba inhabilitado, si bien fue interceptado por otros policías que se encontraban prestando apoyo. Al mismo tiempo, otros agentes detuvieron al vehículo lanzadera a la altura de San Pedro Alcántara.

Tras inspeccionar ambos vehículos, los investigadores localizaron 21 fardos de hachís en el interior de la furgoneta, que arrojaron un peso aproximado de 700 kilos, motivo por el que los conductores fueron detenidos.

Las autoridades francesas comunicaron a la Policía Nacional que los arrestados contaban con múltiples antecedentes por robos, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas, entre otros. Por otra parte, la investigación continúa abierta con el fin de identificar a otras posibles personas relacionadas con los hechos.

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Un joven de 19 años muere tras recibir un disparo en la cabeza en Alcorcón

Un joven de 19 años muere tras recibir un disparo en la cabeza en Alcorcón

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Un joven de 19 años ha muerto esta madrugada de una herida en la cabeza por arma de fuego en la localidad madrileña de Alcorcón, según Emergencias Comunidad de Madrid 112.

En torno a las seis de la mañana, Emergencias 112 recibió el aviso de que un hombre joven estaba inconsciente en la vía pública. Al lugar se desplazaron Policía Nacional, Policía Local y una UVI móvil del Summa.

Sin embargo, al llegar al lugar del suceso, en la Avenida Torres Bellas frente al número 15, el joven había fallecido ya sin que hubiera ninguna posibilidad de reanimación, según las mismas fuentes.
El cuerpo ha sido puesto a disposición judicial. 

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La gallina de los huevos de oro en los Sindicatos, 600.000 euros y como no mariscada

La gallina de los huevos de oro en los Sindicatos, 600.000 euros y como no mariscada

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Yolanda Díaz dio casi 600.000 € a la filial de UGT que le montó el show con las mariscadoras

El Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz ha destinado cerca de 600.000 euros en estos años a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), filial de UGT que le montó este viernes un acto de propaganda con las mariscadoras de la Cofradía de Carril, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), justo antes de clausurar el evento ForoMar 2022, organizado por el citado colectivo de autónomos y la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA). En colaboración, además, con el sindicato hermano del PSOE.

La entidad presidida por Eduardo Abad, natural también de Villagarcía de Arosa, tiene estrecha relación con las mariscadoras de Carril, a través de la rama gallega, Agtamar. Por ejemplo, además de la defensa de sus intereses, Agtamar-UPTA gestiona cursos de formación para estas trabajadoras del mar. En redes sociales, el colectivo de autónomos presumió este viernes de que «hoy nos visita Yolanda Díaz», quien se fotografió «a pie de playa con las mujeres de pesca». En la instantánea en la playa Compostela también aparece el presidente de UPTA junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno y diputada de Galicia en Común por Pontevedra.

Tras el show de Díaz con las trabajadoras del mar, donde incluso cogió un raño para hacer como que mariscaba, todo ello bajo la atenta mirada del delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones Conde, quien también se metió en el agua, la comitiva se quitó las botas y se desplazó hasta el Auditorio Municipal de Villagarcía de Arosa para celebrar la clausura de ForoMar 2022, dedicado a analizar las condiciones de trabajo de de mariscadoras, rederas y percebeiras

En concreto, según consta en el Sistema Nacional de Publicidad de
Subvenciones y Ayudas Públicas, el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz ha otorgado un total de 592.386 euros a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) desde que ella está al frente del departamento, cuya cartera asumió en enero de 2020. Estas ayudas fueron otorgadas por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, dependiente de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social que capitanea Joaquín Pérez Rey. Este alto cargo también ha estado este viernes en Villagarcía de Arosa acompañando a Díaz en los fastos organizados por UPTA.

En la clausura del encuentro ForoMar 2022 que organizó la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la ministra agradeció a esta filial de UGT «la puesta en común del conocimiento, de las soluciones y las experiencias de trabajo de las mujeres en el mar».

«Feminizado»

La vicepresidenta segunda del Gobierno quiso, además, «visibilizar el trabajo de las mujeres del mar y singularmente el de las mariscadoras de a pie. Es un trabajo profundamente feminizado y por este hecho ven limitados sus derechos», remarcó.

En este sentido, Díaz explicó que el marisqueo a pie «está condicionado por los sesgos y estereotipos de género de enfermedades profesionales» que en el caso de los colectivos masculinizados «sí están reconocidos». También incidió en que este «trabajo duro, en el exterior, tiene que ser reconocido y más valorado que otro tipo de trabajos» y defendió que quienes lo ejercen «tienen derecho a la formación y a la modernización de un sector clave para Galicia y para el conjunto del país», apostilló Díaz.

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