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Seguridad nacional sin control

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El Congreso de los Diputados ha recibido ya un proyecto para reformar la Ley de Seguridad Nacional de 2015. La información conocida hasta el momento sobre las modificaciones que propone el Gobierno vaticina una polémica intensa sobre el texto legislativo. La voluntad política que anima el proyecto refleja la tendencia intervencionista -incluso totalitaria- mostrada por Sánchez desde el inicio de la legislatura y agravada durante la pandemia. El Gobierno pretende de nuevo, y con una mera ley ordinaria, que las situaciones excepcionales en la vida nacional justifiquen por sí solas la confiscación de derechos y libertades por el poder ejecutivo a conveniencia de las decisiones que vaya tomando, rehuyendo para ello, si fuera preciso, todo sistema de garantías y contrapesos propios del Estado democrático y de derecho.

El proceso de degradación constitucional de España está en marcha en varios frentes, no solo el territorial. El Gobierno no quiere únicamente crear una legalidad paralela que actúe como madriguera de sus pactos con los separatistas, sino también para establecer un régimen de impunidad política. Los poderes presidencialistas que prevé el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Nacional no tienen respaldo constitucional y serán una amenaza para el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. El Gobierno no ha aprendido nada de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado parcialmente el decreto de alarma de marzo de 2020, no porque no sea constitucional imponer restricciones o suspensiones al ejercicio de los derechos fundamentales, sino porque tal cosa debe hacerse con respeto a la Constitución. Y en el caso de la pandemia, con un estado de excepción sometido a control parlamentario previo y posterior a su declaración.

No estamos ante un error ocasional de Moncloa, sino ante su método de ejercer el poder. Pedro Sánchez está en fuga permanente de los mecanismos de control sobre el poder político. Cuando no puede dominarlos, los denigra por boca ajena, o los asalta a golpe de ley aprobada con los partidos cuya razón de ser es el desmantelamiento de la España constitucional. No hay una sola institución del Estado de derecho que no haya sido atacada por el Ejecutivo. El Consejo General del Poder Judicial ha sido mutilado de su función esencial de nombrar magistrados del Tribunal Supremo, y la intromisión de la izquierda en este órgano de gobierno de los jueces ha puesto a España bajo observación europea. Sánchez ha debilitado con los indultos la autoridad de la sentencia del ‘procés’ dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo prestigio está muy por encima de las trampas de trilero que le tiende el Ejecutivo y de la estrategia de Sánchez para que Europa revoque su fallo. También sabemos que el Tribunal de Cuentas pone «piedras en el camino» de esa normalización en Cataluña que los separatistas han borrado de un plumazo antes de que viera la luz. Y el turno final ha sido para el Tribunal Constitucional, cuya sentencia sobre el estado de alarma ha dado pie a críticas insólitas del Gobierno y sus socios.

Hace tiempo que en estas páginas editoriales se viene advirtiendo de que nuestra democracia está amenazada porque las prácticas inconstitucionales se acumulan. Los indicios a los que apunta la nueva ley de seguridad nacional, con la estatalización casi hasta de los sentimientos, acredita una pulsión autoritaria que conviene denunciar porque supera con mucho los límites que otras democracias otorgan a leyes tan excepcionales. No hay ningún otro país en Europa que prevea restringir la libertad tanto como pretende Sánchez.

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La Policía investiga la presunta violación grupal de una joven sobre el capó de un coche en Valencia

La Policía investiga la presunta violación grupal de una joven sobre el capó de un coche en Valencia

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La Policía Nacional investiga la presunta violación grupal de una joven de 26 años sobre el capó de un coche en la madrugada del sábado 18 del pasado mes de junio en la ciudad de Valencia. Hasta el momento, no hay detenidos.

La ciudad de Valencia se ha levantado hoy con un escalofrío en el cuerpo, tras conocerse los hechos acaecidos durante la madrugada del sábado 18 de junio en esa ciudad y por los que agentes de la Policía Nacional están llevando a cabo una investigación.

Esa noche, supuestamente, 3 varones violaron a una joven sobre el capó del un coche, sin que nadie llegara a escuchar los desesperados gritos de auxilio de la víctima.

La citada víctima fue abordada en una céntrica calle de Valencia, según ha informado Europa Press, en la mañana de hoy, que cita a su vez a Levante EMV, que refleja que el ataque se habría producido por sorpresa y por la espalda. Agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de Valencia llevan a cabo las pesquisas para aclarar lo sucedido. La mujer tuvo que ser atendida tras la supuesta agresión en un centro hospitalario.

Agresiones sexuales

Según los datos del Ministerio de Interior, se produjeron 15 agresiones sexuales con penetración en el primer trimestre de este año en la ciudad Valencia, una cifra que supone más del doble respecto al mismo periodo del pasado año 2021. Entonces, fueron 7. El incremento porcentual en la comparativa entre ambos periodos es del 114,3%.

El total de las infracciones penales en Valencia en el primer trimestre de 2022, según publicó OKDIARIO recientemente, se elevaron a 15.280 frente a las 10.449 del mismo periodo del ejercicio anterior, con un incremento porcentual entre ambos periodos del 46,2%.

Esta misma mañana, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia María José Catalá, ha afirmado que el alcalde de la ciudad Joan Ribó (Compromís) «no puede seguir diciendo que Valencia es una ciudad segura» y ha reclamado el refuerzo y aumento de los policías en las calles de la ciudad.

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El teniente coronel de la Guardia Civil herido en Valladolid permanece «estable dentro de la gravedad»

El teniente coronel de la Guardia Civil herido en Valladolid permanece «estable dentro de la gravedad»

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El teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Pedro Alfonso Casado, se mantiene «estable dentro de la gravedad», después de que ayer recibiera un disparo del atrincherado en Santovenia de Pisuerga (Valladolid), según señalan fuentes de la Delegación del Gobierno.

El mando de la (UEI) fue intervenido de urgencia durante dos horas en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, donde se encuentra ingresado en la UVI.

El agente resultó herido por disparo de arma de fuego durante la «larga negociación» mantenida con un varón que se atrincheró en un domicilio de Santovenia de Pisuerga tras matar a otro.

El presunto autor del homicidio de otro vecino de Santovenia y del disparo contra el uniformado fue detenido pasadas las 14:00 horas del viernes después de una «larga negociación» con la Benemérita ya que mantenía con él a un rehén, que no ha resultado herido físicamente.

Por el momento, la Delegación del Gobierno explica que hubo que mantener esa «larga negociación» con el varón que presuntamente había cometido el homicidio contra un vecino de Santovenia sobre las 1.45 horas de este viernes y que, posteriormente, se había atrincherado en un domicilio de la localidad acompañado por un rehén.

En el proceso de negociación fue herido el teniente coronel Pedro Alfonso Casado, jefe de la Unidad Especial de Intervención que se encontraba en el lugar de los hechos.

El teniente coronel ha sido intervenido de urgencia en el Hospital Clínico de Valladolid como consecuencia de ser alcanzado por un arma de fuego durante el desarrollo del servicio de la citada Unidad. Tras dos horas de operación, se encuentra en la UVI del citado centro, «estable dentro de la gravedad».

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Juzgan a dos mujeres por romperle dos costillas a un empleado tras desvalijar un supermercado en Valencia

Juzgan a dos mujeres por romperle dos costillas a un empleado tras desvalijar un supermercado en Valencia

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La Audiencia de Valencia juzga este martes a dos mujeres acusadas de entrar a robar en un supermercado de la ciudad y herir a un empleado que intentó retenerlas.

Por ello la Fiscalía solicita una pena de ocho y cinco años de prisión por un delito de robo con violencia y otro de lesiones para cada una de ellas.

Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2019 cuando, según la acusación pública, las procesadas pasaron por la línea de caja con productos por valor de más de 180 euros que no habían abonado.

Uno de los trabajadores se dio cuenta y, al intentar evitar la huida de las mujeres, recibió empujones y varios golpes. A consecuencia de la agresión, el hombre resultó con dos costillas fracturadas.

La vista oral se celebrará en la sección primera de la Audiencia de Valencia el próximo 5 de julio a partir de las diez y media de la mañana.

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