Recién nombrado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas aseguró ayer que en el caso Plus Ultra, ya judicializado, el Gobierno «está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales» y con la «máxima transparencia». Ni una cosa ni la otra. El respeto del Ejecutivo a lo que Simancas denomina «procedimientos legales» consiste en acusar a los tribunales de Justicia de administrar venganzas o, en el caso del estado de alarma ilegal que Pedro Sánchez decretó el año pasado, en descalificar al órgano de garantías constitucionales. El rescate con fondos públicos de Plus Ultra -compañía ligada al régimen chavista, marginal en el sector aéreo nacional, sin apenas infraestructura ni pasajeros y cuyas cuentas eran deficitarias incluso antes de la irrupción de la pandemia- no solo representa un ejemplo de la arbitrariedad y la opacidad con que el Gobierno, de espaldas al interés general, desarrolla su gestión, sino que constituye el peor antecedente en vísperas de que los fondos liberados por la Unión Europea para reconstruir las economías más dañadas con el Covid comiencen a ser repartidos desde La Moncloa. Aquel Plan E con que José Luis Rodríguez Zapatero despilfarró miles de millones de euros en la anterior crisis no sirve ya de referente; solo de aviso. A la espera de que la Justicia amplíe su investigación, el rescate de Plus Ultra -mucho más reciente, presuntamente relacionado con la pandemia- es el ejemplo más próximo para evaluar los criterios que van a guiar la reconstrucción de España, verde, digital y feminista, según la hoja de ruta del Ejecutivo.

La absoluta ausencia de controles con que el Gobierno de Pedro Sánchez ha querido manejarse por la vida pública pone en riesgo, más allá de la digestión estructural de los fondos comunitarios, la gestión cabal de unas ayudas que Bruselas debe vigilar de cerca, tanto como las reformas que exige como contrapartida. Corresponde a la oposición alertar a las autoridades comunitarias de la mecánica diseñada por el sanchismo para llevar a cabo una revolución económica que de momento tiene una clara inspiración chavista, y no solo por el origen de Plus Ultra. El diálogo que predica Pedro Sánchez dentro y fuera de España, discurso con el que insiste en desacreditar al centro-derecha, no se compadece con la falta de transparencia de su política económica, marcada por la unilateralidad y las camarillas y rodeada de globos-sonda, rectificaciones y ocultaciones. Es mucho lo que se juega España en los próximos meses, más aún con la incertidumbre que genera un Ejecutivo capaz de considerar estratégica una compañía residual como Plus Ultra.

Aunque cuantiosos, no van a ser los fondos procedentes de la UE los que van a obrar el milagro de rehabilitar la maltrecha economía de España, sino un paquete de reformas que el Gobierno no termina de acometer, cuando no de poner en entredicho con una demagogia de tintes contrarreformistas. Basado exclusivamente en la oportunidad que representan esas ayudas comunitarias, el relato con que Sánchez ha vendido en Estados Unidos las ventajas de invertir en España son el reconocimiento expreso de la pasividad a la que conduce la cultura del subsidio, poco atractiva para quienes buscan emprendimiento y riqueza. Si a esto sumamos el modelo de reconstrucción ensayado con Plus Ultra y ya investigado por la Justicia, la señal que envía el Gobierno al exterior no puede ser más desalentadora. Allí donde no lleguen los tribunales, tendrá que ser Bruselas la que audite, con reflejos, el reparto de estos euromillones.