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Burocracia covid: “No vuelva usted mañana… ni nunca”

Burocracia covid: “No vuelva usted mañana… ni nunca”

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El vigilante sostiene un papel con el nombre de los elegidos. Solo ellos podrán acceder a esta oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona). Los que no tienen cita previa no son bienvenidos. Ni siquiera pueden pedir información porque ese servicio ya no existe. La pandemia ha transformado en jefe de atención al usuario al vigilante de seguridad que, amable pero expeditivo, remite a un número de teléfono (aunque lo desaconseja porque “las líneas están saturadas”) y a la página web del organismo. Llama a los usuarios que esperan bajo el sol: “Aurelia, pase usted y póngase gel”, dice, y tacha su nombre con un fluorescente amarillo.

Las medidas de protección frente a la covid han levantado un muro invisible, y el manido “vuelva usted mañana” de Larra es ahora un “no vuelva usted nunca”, o solo cuando no haya más remedio. Las fuentes consultadas por EL PAÍS (sindicatos, trabajadores y la propia Administración) coinciden en que, en poco más de un año, la burocracia ha cambiado más que en toda una década. Con inconvenientes y ventajas: además de que algunos organismos arrastran retrasos tras el parón del estado de alarma, las trabas para una atención presencial merman la calidad de la atención y ahondan en la sensación de desamparo de los menos habituados a la tecnología.

Es un muro físico y también virtual, ya que la falta de medios lastra los dos pilares de la burocracia postpandémica: la atención telefónica, insuficiente, e internet, donde la estructura laberíntica de los portales administrativos lo hacen todo menos intuitivo. Sin embargo, en otros ámbitos el teletrabajo ha vuelto a los funcionarios más productivos: las horas que no dedican a la atención al público las emplean en resolver expedientes.

Carlos González Serna, alcalde de Elche y responsable de transparencia y participación ciudadana en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), trata de resumirlo. El parón de los funcionarios no esenciales por el estado de alarma llevó a “ralentizar y casi paralizar” la Administración, que “en una segunda fase reaccionó y se sustentó en la atención telefónica y telemática”. Las grandes ciudades, con más recursos y capacidad de organización, han podido capear mejor el temporal, dice. Pero “la brecha digital sigue existiendo, no todo el mundo tiene las capacidades para relacionarse digitalmente con la Administración”.El teletrabajo trae más productividad, pero merma la atención

El antes y el después es evidente. “El cambio ha sido brutal, radical”, ilustra José Antonio Rodríguez, jefe de la Oficina de Extranjería en Barcelona. En este servicio, antes se llegaba a tardar cinco meses en dar cita previa, y ahora con la presentación telemática se ha aumentado la productividad un 38%. “Volver a la presencialidad es imposible. Tendríamos que dedicar la mitad de los pocos medios humanos que tenemos a atender al público, y no resolveríamos expedientes”. La cara b es la pérdida del contacto presencial. “Hay dramas personales y situaciones difíciles que no nos negamos a atender presencialmente”, dice. Los funcionarios de su oficina van a trabajar un día a la semana y el resto desde casa. El responsable admite que la atención telefónica “está limitada por falta de medios” y que la información en la web “no está suficientemente bien trabajada para que la gente la entienda”.

Marta Anglí, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería (ACPE), critica que la falta de personal y la congestión de muchos ámbitos de la administración retrasan los trámites. La portavoz destaca otra circunstancia: es cierto que el ciudadano puede presentar por sí mismo las solicitudes de forma telemática, pero solo si dispone de un certificado electrónico, cosa que en el caso de los extranjeros rara vez ocurre. “Eso les aboca a tener que pagar servicios intermediarios para presentarlos”, afirma.

El Defensor del Pueblo ha recibido “quejas” de algunos de los 5,8 millones de extranjeros con residencia legal en España. En un informe reciente, aplaude que se han “agilizado los plazos” en la resolución de peticiones, pero reprocha que se haya hecho poco para gestionar el aumento de solicitudes de extranjeros para renovar sus tarjetas caducadas, un problema que afecta a “la práctica totalidad de provincias españolas” y que acarrea graves consecuencias para los afectados.

En su informe sobre los efectos de la covid, la institución también ha recogido “nume

rosas quejas” sobre Tráfico y Seguridad Vial. En la jefatura de Tráfico de Barcelona, donde antes de la pandemia todo era bullicio, ahora vuelve a ser el vigilante quien filtra: solo se puede entrar con cita previa. Solo tras alguna pirueta exótica (“quiero comprar un coche con matrícula extranjera y no sé qué hacer”), el vigilante-informador accede a que el ciudadano dialogue unos segundos con un funcionario.En la DGT aún no han recuperado el trabajo acumulado de la pandemia

El estado de alarma creó un episodio insólito en la DGT: por la falta de ordenadores o licencias para teletrabajar, en varias provincias los empleados estuvieron meses (en Barcelona fueron tres) en casa cobrando, pero sin poder trabajar, y se acumuló trabajo pendiente que aún colea. Ahora cualquier trámite es un calvario. “Antes era mucho más fácil porque podíamos dar más citas, y de forma presencial se resuelven muchas dudas”, lamenta Pepe Nogueira, sindicalista de CGT.

En Barcelona, cuando antes de la pandemia se atendía a unas 700 personas al día, ahora son unas 300. La pandemia también ha ampliado las dificultades para hacer el examen de conducir: la espera puede ser de dos, tres o cuatro meses en comunidades como la de Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco. “Hay un déficit de examinadores desde hace más de 20 años, pero con la pandemia se ha magnificado, porque algunos son personas de riesgo o tienen que estar confinados”, explica Enrique Lorca, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España. Según sus cálculos, hay unas 400.000 personas que han aprobado el teórico y tienen dos años para hacer el examen práctico, pero solo hay 800 examinadores, una cifra que Lorca cree que debería reforzarse en 300 más.

Los retrasos también se notan en Justicia, donde la pandemia ha hecho daño. El estado de alarma, que supuso un parón total de la actividad judicial no urgente, ha empeorado el colapso de los juzgados, según la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hecha pública esta semana. Pese a la caída de asuntos por la suspensión de los plazos, la necesidad de suspender vistas y juicios ha dejado una justicia más congestionada; especialmente en Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña y Baleares.

Pero si en un ámbito los problemas para contactar con la Administración han sido realmente flagrantes ha sido en el Servicio Público de Empleo Español (SEPE), responsable de tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), un mecanismo que protegió los puestos de trabajo, pero cuya lentitud para cobrar exasperó a los ciudadanos. Los retrasos para resolver estas y otras prestaciones continúan. El Ministerio de Trabajo indica que el promedio del retraso es de 2,9 días (en enero era de 7,44), pero la demora se amplía en las grandes metrópolis. El sindicalista de la CGT Miguel Ángel García explica: “Antes de la pandemia, tener cualquier tipo de retraso se consideraba un desastre. Llegamos a tener hasta cuatro meses de demora con 160.000 presolicitudes pendientes, muchas de ellas duplicadas porque la gente, al no recibir respuesta, vuelve a enviarla”, Sobre la situación de la delegación provincial en Barcelona, García ilustra: “Ahora estamos en cifras más razonables, con unas 20.000 presolicitudes por revisar y una demora de dos semanas”.El SEPE es uno de los organismos que más demoras y problemas enfrentó

La dificultad está en contactar con el SEPE. “Conseguir cita es como que te toque la lotería. Las llamadas que se pierden son muchas más de las que se atienden. Y luego está la web”, dice García. En el portal, una frase que induce a la esperanza pronto deja paso a la frustración: “Le recordamos que puede realizar sus trámites de forma sencilla, ágil y segura de forma electrónica sin acudir a la oficina”. Nada más lejos de la realidad: habituarse a todos los pasos requeridos puede llevar horas o días. “La ansiedad es más que comprensible. Hace un año la gente se agolpaba en la puerta para preguntar. Ahora, aunque ya no tanto, aún vienen”, detalla el sindicalista.

Trabajo destaca cifras ingentes: desde el inicio de la pandemia se han reconocido más de 10,4 millones de prestaciones nuevas, se han atendido 4,8 millones de llamadas y se han dado 9,2 millones de citas previas. Pero el volumen de citas concedidas es muy inferior a la demanda que hay. El aforo en las oficinas se ha reducido y un 15% de la plantilla del SEPE teletrabaja. “Atendemos presencialmente solo a un 25% de lo que deberíamos para cubrir toda la demanda”, dice García. Esto tiene dos consecuencias: por un lado “está claro que la calidad ha bajado muchísimo”. Pero se consigue una mayor eficiencia: ahora, el cribaje que supone hacer el trámite telemáticamente asegura que un 80% de las presolicitudes termine en prestación, cuando antes era la mitad.

Plantillas envejecidas

En el SEPE hay además un problema añadido por las plantillas envejecidas e insuficientes: hay 7.500 trabajadores y los sindicatos creen que debería aumentar a 10.500. Ante la avalancha de ERTE se contrató a 1.500 funcionarios interinos, cuyos contratos ya no se renovarán a partir de diciembre. “Nos afectará mucho, no podremos hacer frente a la demora”, explica García. El Ministerio de Trabajo afirma que estudia cómo dar “una solución estructural a las necesidades del organismo” y que invertirá 50 millones de euros en un plan de digitalización.

En el otro lado de la balanza se sitúa Hacienda, con fama de disponer de los equipos más potentes. Aun así, “el inicio fue caótico”, cuenta Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). Los técnicos acuden dos días presencialmente y tres trabajan en casa con “sus propios equipos”, con los teléfonos desviados a sus móviles. Pero cree que el teletrabajo debe quedarse. Y defiende que lo telemático “ha funcionado muy bien”.

El Gobierno ha empezado a regular el teletrabajo en los funcionarios (ahora solo voluntario o en caso de contacto con contagiados) con un máximo de tres días por semana, pero para Carolina Frías, secretaria general de CC OO para el sector de la Administración General del Estado, “es fundamental garantizar el derecho a la atención presencial”. La pérdida de calidad en la atención al ciudadano preocupa a los sindicatos, que no obstante lo ven como un acelerador de un proceso que ya estaba en marcha. “Llevamos años denunciando el deterioro de los servicios públicos de la Administración General del Estado por la pérdida de personal”, explica.

El refuerzo reclamado parece que no llegará: en la última semana se ha reunido la mesa de negociación de la Administración General del Estado para discutir el real decreto de oferta de empleo público para 2021. Previsiblemente, ningún sindicato lo firmará, aunque el texto salga adelante. “Es una contratación exigua. Y uno de los argumentos que dieron fue que por la digitalización, ya cada vez hará falta menos gente. Se nos pusieron los pelos de punta”, dice Frías

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Se cuela en una tienda y elige el artículo que quiere robar y se va tan tranquilo

Se cuela en una tienda y elige el artículo que quiere robar y se va tan tranquilo

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Ocurrió el pasado 04 de mayo, en el municipio de El Carmen de Bolívar (Colombia), un» ladrón» de cuatro patas se introdujo en un establecimiento comercial y tras revisar tranquilamente la estanterías de la tienda, elige el producto que desea robar y se va de la tienda como si nada.

Este peculiar ladrón, según los responsables de la tienda, no es la primera vez que acude al establecimiento, pero esta sí fue la primera vez que sustrajo un artículo.

En el lugar no se requirió presencia policial y tampoco se presentó denuncia.

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Medio millón de euros para armar a 300 agentes de élite de la Policía Nacional

Medio millón de euros para armar a 300 agentes de élite de la Policía Nacional

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Expertos en armas de la Policía Nacional elegirán en las próximas semanas las nuevas pistolas de alta tecnología con las que serán equipados 300 agentes de élite, pertenecientes al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y al Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). El contrato se firmará en las próximas semanas, tras el proceso de selección que ha abierto la Dirección General de la Policía. Según los informes internos con los que se ha impulsado esta licitación, a los que ha tenido acceso ABC, este contrato es necesario para subsanar las «carencias» de las armas cortas con las que actualmente están equipados estos agentes de élite.

Las empresas que pujen por este contrato deben ofrecer pistolas que cumplan con una detallada lista de requisitos que ha definido al efecto el Servicio de Armamento de la Policía Nacional. Cada licitador deberá aportar cinco pistolas del modelo que propone. Estas armas serán evaluadas por expertos del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial.

Por las prestaciones que se exigen para estas armas, la Policía Nacional calcula que su precio unitario rondará los 1.500 euros, IVA incluido. De ahí que el precio estimado total de las 300 que prevé adquirir alcance los 453.750 euros como máximo.

«Actualmente, las carencias respecto a ergonomía, operatividad y versatilidad de las armas cortas disponibles obligan a acometer esta adquisición» para los agentes de los GEO y GOES, indica el informe oficial que justifica esta licitación. Las nuevas pistolas permitirá «contar con medios más seguros y modernos, otorgando unas características tácticas y operativas superiores a las actuales» para unas unidades que –subraya el mismo informe– se enfrentan a operaciones de especial peligrosidad, tanto para ellos como para terceros que se ven implicados en sus misiones, tales como las relacionadas con secuestros o terrorismo.

Cada pistola que opte a este contrato será sometida a pruebas de resistencia y rendimiento en condiciones extremas. Por ejemplo, las armas y sus cargadores se introducirán en hornos y en cámaras de frío para someterlas a temperaturas de 50 ºC y de –20 ºC durante 24 horas, tras lo que serán disparadas para comprobar su operatividad. También serán sometidas a pruebas de resistencia: serán disparadas un total 5.000 veces, repartidas en cinco sesiones, una por día. Cada sesión incluirá diez tandas de 100 disparos, tras lo que se verificará la resistencia de las piezas del arma que están sometidas a mayor desgaste.

Para esta licitación se exige que se trate de pistolas semiautomáticas, del calibre 9×19 mm, «de gran fiabilidad, que por sus características de manufactura ofrezca la mayor de las garantías de seguridad al usuario», especifican los pliegos oficiales de la licitación. El cañón debe tener una longitud mínima de 100 milímetros y estar diseñado para poder incorporar un silenciador.

Los requisitos detallan también las condiciones que debe tener la resistencia del disparador, el cargador, el sistema de seguros automáticos o la empuñadora. Por ejemplo, detalla que la pistola debe estar diseñada con la «forma adecuada para permitir el apoyo del dedo índice de la mano que secunda la acción del disparo, para una mayor eficacia en el tiro a dos manos».

También se exige que las pistolas que opten a este contrato estén dotadas de sistema de miras de tritio, para perfeccionar la puntería en la oscuridad. Con este mismo objetivo, se exige que estas armas incorporen un sistema dual de ayuda a la puntería en operaciones nocturnas: un láser de color verde «visible a grandes distancias» y una bombilla de iluminación led, de color blanco, «con un alcance visible de al menos 50 metros».

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El hacker de 18 años que sacó 5 permisos de conducir pirateando la DGT se paseaba en Porsche por Madrid

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Hace solamente unos días varios medios de comunicación se hacían eco de una información distribuida por el Cuerpo Nacional de Policía: detenida una banda de hackers en Madrid liderada por un chico de 18 años. La operación, bautizada como Jordan, tiene unas cifras espectaculares: 100.000 euros en criptomonedas, 3 coches deportivos y 75.000 euros en efectivo. Eso es lo que los investigadores encontraron en los registros domiciliarios en viviendas de lujo donde, entre otras excentricidades, la banda tenía un Porsche 911 aparcado en una vitrina para ser contemplado desde el jardín del domicilio. Pero de entre los detenidos hay un hacker que no es un tipo cualquiera.

La Policía aseguraba haber detenido a tres personas como consecuencia de unas investigaciones arrancadas el pasado mes de enero a raíz de un fraude en las nóminas del ayuntamiento de Granada. Alguien se estaba quedando con algunas nóminas de trabajadores del Consistorio. Un toral de 26.000 euros que los agentes tuvieron que sumar a otro fraude similar, éste sufrido en el ayuntamiento de Madrid, por valor de 30.000 euros. En total, casi 60.000 euros de botín a través de un ingenioso sistema que aprovechaba las conexiones virtuales de los trabajadores para trabajar desde sus domicilios. La Policía de Granada detuvo en su jurisdicción al menos al ideólogo del golpe, quien no dudó en delatar al ‘artista’, al hacker que había sustituido las cuentas de los bancos de los trabajadores por otras donde la banda se beneficiaba de los ingresos.

Detenido y a la calle de nuevo

En todos los artículos publicados en las últimas horas hay un aspecto que se ha destacado con especial énfasis: el líder de la banda es un hacker de 18 años. Sí, es el mismo cuyas andanzas lleva denunciando desde hace semanas este diario y lo que nota oficial no explica es que tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional de Granada trasladados a propósito hasta Madrid sólo para llevarlo ante el juez, este chico de 18 años fue puesto en libertad sin medidas cautelares a la espera de ser citado por el juzgado granadino.

Ahora que sabemos de quién hablamos y de qué es capaz de hacer OKDIARIO revela unas imágenes tras la que se esconden hechos muy graves por los que también está siendo investigado este chico. La Guardia Civil va tras sus pasos por haber pirateado la base de datos de la dirección General de Tráfico y obtener hasta cinco permisos de conducir en un solo día sin haber hecho ni un solo examen. Los vídeos que revela hoy este periódico son la consecuencia inmediata de aquel hecho: el chico fue grabado hace unas semanas paseándose por Madrid a bordo de un Porsche descapotable, seguramente uno de los tres inmovilizado durante la operación policial. Seguramente en el bolsillo de este hacker ya iba uno de los permisos obtenidos de manera fraudulenta en la DGT.

Ahora la Policía Nacional se ha coordinado para intentar pararle los pies a un supuesto delincuente que los lleva de cabeza desde que tenía 16 años. Aseguran haberlo detectado en ataques a pequeñas empresas que veían manipuladas sus bases de datos hasta grandes multinacionales multimedia de pago por visión a las que les llegó a producir quebrantos económicos por valor de 450.000 euros. Pero siendo sinceros las consecuencias judiciales de las andanzas de este chico, poco tiene que ver con el empeño policial que ha habido en detenerlo. Siendo menor de edad un juez lo dejó en libertad vigilada y siendo ya adulto otro se ha desentendido de su casa porque no lo llevaba su juzgado. La sensación de impunidad es lo que le ha hecho conducir un carísimo coche por las calles de Madrid sin oficio, con mucho beneficio y un puñado de carnets falsos en la guantera.

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