Ni inmunidad ni euroórdenes. Al menos, hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ambos con sede en Luxemburgo, decidan sobre dos cuestiones de fondo. Por un lado, el TGUE, sobre la inmunidad levantada por el Parlamento Europeo, el 9 de marzo, a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí; y, por el otro, el TJUE, sobre la cuestión prejudicial planteada por el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena, tras denegar Bélgica la extradición, el 7 de enero, de Lluís Puig. En esta cuestión, el magistrado preguntaba hasta qué punto un país miembro de la UE puede denegar a otro la entrega de un ciudadano quebrantando los principios de confianza y mutuo reconocimiento de las resoluciones judiciales.

Ayer, el vicepresidente del TGUE -juez único- revocó la medida cautelar del 2 de junio que suspendió el levantamiento de la inmunidad para los tres eurodiputados. De esta manera, los tres fugados de la Justicia española vuelven a perder su inmunidad, tras el periodo comprendido entre el 9 de marzo y el 2 de junio. Igualmente, el TGUE recordó que las euroórdenes contra ellos están «suspendidas», a la espera de la cuestión prejudicial. El tribunal europeo, por lo tanto, ve un riesgo bajo de detención.

Euroórdenes, «activas»
Sin embargo, aunque sobre el papel pudiera parecer que poco cambia a corto plazo, fuentes del Supremo consultadas por ABC recordaron que las euroórdenes siguen «activas» y que «son los países ejecutores, a través de los ministerios del Interior, los que las atienden o desatienden».

Es decir, que mientras los tres eurodiputados tuvieron inmunidad «no las atendían», pero ahora, que pierden esa protección, «pueden dar cumplimiento» a las euroórdenes. Puigdemont «podría ser detenido hoy mismo por Francia [Puigdemont estuvo ayer en un acto en el sur del país vecino], si Francia lo considerara oportuno, porque no tiene inmunidad y porque la euroorden está vigente», añadieron las mismas fuentes del Alto Tribunal.

De todas formas, desde el Supremo matizaron la interpretación respecto al posicionamiento del TGUE y su aplicación: «Otra cosa es que vayan a detenerlo, mientras está pendiente que se resuelva la cuestión prejudicial. La resolución del TGUE invita a los países a esperar a ese momento y advierte de que, si se detiene a Puigdemont, podría volver a pedir la suspensión de la decisión de levantar la inmunidad».

Por otro lado, la orden de detención para los tres eurodiputados españoles -más Puig, que está en Bélgica y disfruta a distancia del acta de diputado del Parlamento de Cataluña- sigue vigente en España -el Tribunal Constitucional rechazó su suspensión en marzo-, por lo que no pueden volver a su país sin ser detenidos. Es decir, el movimiento de los fugados sigue siendo limitado y condicionado.

En esta línea, fuentes de la Fiscalía del Supremo, consultadas por este diario, apuntaron, tras conocer la decisión del TGUE, que no tomarán ninguna iniciativa hasta que se resuelva la cuestión prejudicial y recordaron que «las euroórdenes siguen vigentes». Por ello, señalaron: «Al perder la inmunidad, a partir de ahora, tendrán limitación de movimientos por la UE».

Desde que Puigdemont huyó de España en octubre de 2017, tras proclamar la independencia de Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la Justicia no ha dejado de insistir en que responda de sus actos, de la misma manera que lo hicieron sus correligionarios del ‘procés’, juzgados por el Tribunal Supremo.

En paralelo, Puigdemont trata de impedir la acción de la Justicia. Sin embargo, tras obtener el acta de eurodiputado en diciembre de 2019 -después de ser detenido en Alemania por una euroorden- y fracasar en su intento de ser reelegido a distancia presidente autonómico, Puigdemont choca contra el Parlamento Europeo.

La inmunidad como escudo
La pérdida de la inmunidad es el primer paso para ser juzgado en España. El 9 de marzo de 2021, el Parlamento Europeo le levantó este escudo, a él y a Comín y Ponsatí, tras los suplicatorios del Supremo, que les reclama. Tras esta suspensión, los tres afectados recurrieron ante el TGUE el 19 de mayo para que el tribunal anulase la pérdida de la inmunidad -decisión sobre la que todavía no hay posicionamiento judicial- y siete días después, el 26 de mayo, solicitaron medidas cautelares para que se suspendiera el levantamiento de la inmunidad.

El TGUE, el 2 de junio de 2021, firmó un auto ordenando la suspensión de la ejecución de la decisión del Parlamento Europeo y dio la razón a los tres eurodiputados. Es esta última decisión la que, ayer, el TGUE revocó -desestimando la petición de los tres fugados-, a la espera de que se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la retirada de la inmunidad votada en el pleno del Parlamento Europeo el pasado 9 de marzo.

Aunque Puigdemont, Comín y Ponsatí ya no tienen la inmunidad como eurodiputados, el TGUE recordó en el auto -cuyo contenido detallado se conocerá dentro de unos días y ante el que cabe un recurso de casación en el plazo de dos meses y diez días- que mantienen la inmunidad «durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento (Europeo)», ya sea esta en Bruselas (Bélgica) o en Estrasburgo (Francia). Puigdemont, por su parte, valoró la decisión del TGUE en Twitter destacando que «las euroórdenes están suspendidas».