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Una vigilante del Parlamento sufrió mobbing por denunciar «relaciones sexuales» en horario de trabajo

Una vigilante del Parlamento sufrió mobbing por denunciar «relaciones sexuales» en horario de trabajo

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  • Una juez da la razón a la trabajadora, que fue trasladada a prestar servicio en un supermercado, después de denunciar los hechos.
  • La empleada volverá a su puesto el próximo

 

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Una denuncia sobre las supuestas «relaciones sexuales» que mantenían vigilantes de seguridad del Parlamento en Andalucía acabó en un caso de mobbing a la delegada sindical que los denunció, que fue trasladada a trabajar en un supermercado y a la que la Justicia ha dado ahora la razón, condenando a la empresa a devolverla a su puesto en el Parlamento y a indemnizarla con 3.000 euros por los daños y perjuicios causados.

La sentencia del juzgado de lo Social número 8 de Sevilla ha fallado a favor de la trabajadora Mónica Mena, representada por el abogado Luis Ocaña, y ha condenado a la empresa Grupo Control Empresa de Seguridad por el «acoso laboral» sufrido.

El fallo recoge como hechos probados que la trabajadora Mónica Mena, que es miembro del comité de empresa, comunicó al presidente del comité en una reunión celebrada el 11 de septiembre de 2018 unos «rumores» en relación al comportamiento de ciertos compañeros y compañeras dentro de las instalaciones del Parlamento andaluz donde prestan servicio. Dos días después se celebró una nueva reunión y la secretaria del comité de empresa remitió una copia a la empresa recogiendo que Mónica Mesa había puesto de manifiesto la circunstancia de que «hay información sobre que varios compañeros están manteniendo relaciones sexuales dentro del Parlamento en horario de trabajo», recoge la sentencia.

A continuación, el jefe de servicio de la empresa le comunicó que, según el departamento de Recursos Humanos, debía ser el comité quien procediera a la investigación, «al tratarse de meros rumores expuestos por la trabajadora», y varios días después, en concreto el 21 de septiembre de 2018, le comunicó a la denunciante que ante la «falta de aportación de pruebas» se había disuelto el comité de investigación. Y tres días después, el 24 de septiembre, el jefe de equipo de la empresa envió a los trabajadores sendos escritos indicando que Mónica Mena había puesto en conocimiento unos «hechos constitutivos de delito», lo que culminó con un comunicado por parte de los trabajadores pidiendo que se tomaran medidas disciplinarias «en relación a lo implicados y dejar de prestar servicio» con la denunciante ante la falta de confianza. 

En ese momento, prosigue la sentencia, Mónica Mena denunció a la empresa la situación de «acoso» que estaba padeciendo, sin que la empresa se haya planteado investigación «al no haber una solicitud expresa de activación» y «considerar que ya la empresa tiene una imagen de lo que ha pasado». 

La trabajadora tuvo entonces una baja laboral y cuando se reincorporó a su puesto, en noviembre de 2018, la empresa la trasladó a un supermercado en Los Bermejales, una decisión «derivada al parecer de la pérdida de confianza hacia la actora por parte del cliente«, si bien hay varios escritos del jefe de servicio de asuntos general y gestión de personal del Parlamento que «niegan que el Parlamento haya tenido participación alguna en dicho traslado, ni para que opere el cambio de destino efectuado».

Sufrió un «boicot»

Mónica Mena ha explicado a este periódico que sufrió un verdadero «boicot» a su persona por haber denunciado que había una compañera que era objeto de «burlas» por parte de sus compañeros, quienes «decían que tenían relaciones con ella» y consideraba que estaba siendo objeto de un «trato vejatorio». Sin embargo, esos hechos denunciados «no los ha investigado nadie», recuerda Mónica, que lamenta cómo fue trasladada a un supermercado, un puesto «peor valorado». La actuación de la empresa, señala Mónica, fue un «castigo, una persecución por mi actividad sindical«.

Tras la sentencia, Mónica se reincorporará el próximo lunes, 7 de febrero, a su puesto de trabajo en el Parlamento andaluz, algo que le satisface. «Lo llevo bastante bien porque mis compañeros quieren que siga realizando mi actividad sindical», ha añadido.

La sentencia del juzgado de lo Social número 8 de Sevilla concluye que en este caso «se aprecian las notas caracterizadoras del hecho denunciado. Se aprecia cómo las manifestaciones que fueron trasladadas por la trabajadora en el seno del comité de empresa, como miembro del mismo y que debió estar amparada por el deber de sigilo, trasciende no sólo del propio órgano sino que llega a la propia empresa, creándose además un comité de investigación de bases inexistentes y formado arbitrariamente y del que no forma parte precisamente la impulsora». 

Un entorno «intimidatorio u ofensivo»

Pero fuera de todo esto, prosigue el fallo, los «intervinientes van más allá y proceden a dar publicidad a los hechos a toda la plantilla a través de un comunicado poniendo en la palestra el nombre de la impulsora, se hace a través de la cadena de mando por el jefe de equipo». Así, lo que pudiera calificar como un «acto aislado y puntual, realmente culmina creando un entorno intimidatorio u ofensivo para la víctima en el centro de trabajo y que culmina con un traslado de la trabajadora a instancias de los propios trabajadores y compañeros y que no ha resultado justificado por esa supuesta pérdida de confianza trasladada a la trabajadora, a la vista de las distintas certificaciones emitidas por el Parlamento de Andalucía».

Es el jefe de Equipo quien redacta dicho comunicado «sin que justifique el porqué de consignar el nombre de la trabajadora reconociendo que con ello se ha generado mayor conflicto«, por lo tanto «existe una responsabilidad del mando al tratarse de una conducta intencional y de la empresapor consentir la actuación de las personas».

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Un rumano asesina a puñaladas a su mujer en Córdoba, la tira fuera del coche y se da a la fuga

Un rumano asesina a puñaladas a su mujer en Córdoba, la tira fuera del coche y se da a la fuga

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Una mujer de origen rumano ha sido asesinada a puñaladas por su marido, también rumano, en municipio de Montemayor (Córdoba). El hombre se ha fugado, y la Policía ha creado un dispositivo para tratar de localizar al hombre, de unos 30 años de edad. El asesinato se produjo en un coche, lugar en el que el hombre apuñaló a la mujer y después la arrojó fuera del vehículo. Lamentablemente, los médicos no han podido hacer nada por salvar su vida y la mujer ha fallecido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Los hechos sucedieron en la madrugada de este sábado, 21 de mayo, cuando el servicio Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso, a las 1,50 horas, alertando de una mujer hallada en la carretera con un gran corte. El centro coordinador dio aviso a servicios sanitarios, Guardia Civil y Policía Local, han explicado a Europa Press fuentes del teléfono único de emergencias.

Al llegar al lugar de los hechos, en la carretera de la Fuente Nueva, los agentes comprobaron que la mujer presentaba heridas compatibles con un arma blanca, y fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde ha fallecido este domingo al mediodía, según han indicado desde la Guardia Civil.

Según las primeras diligencias con las que trabaja el instituto armado, a cargo de la investigación, el autor del apuñalamiento se dio a la fuga, y se ha organizado un dispositivo para dar con su paradero, si bien no han podido confirmar que se trate de un nuevo caso mortal de violencia de género.

En cambio, el Ayuntamiento de Montemayor ha señalado desde su cuenta de Facebook que sí se trata de un «brutal caso de violencia machista, intolerable y despiadado» por el que ha convocado para este lunes, a las 12,00 horas, una concentración silenciosa de repulsa.

En ese sentido, el Consistorio ha explicado que la víctima era de nacionalidad rumana y vecina de Montemayor con motivo de la temporada agrícola, y ha sido «asesinada a manos de su pareja».

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Podemos denuncia que la Policía haya registrado al diputado Serigne Mbayé en un tren porque «es negro»

Podemos denuncia que la Policía haya registrado al diputado Serigne Mbayé en un tren porque «es negro

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El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, y la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, han denunciado que este domingo la Policía Nacional haya registrado al secretario de Antirracismo de Podemos y diputado en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbayé, en un tren, a su juicio, por ser negro.

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«De todo el tren Valencia-Madrid, la Policía ha decidido registrar a nuestro diputado @Serigne_Mbaye_, quien, «casualmente», es negro», ha escrito Echenique en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Podemos ficha al portavoz de los manteros, Serigne Mbayé
Además, el dirigente nacional de la formación ha aprovechado para arremeter contra el Partido Popular que, asegura, sí «sería un fiable predictor de delincuencia». «Dicen que es aleatorio y seguro que lo es, porque ser dirigente del PP sí sería un fiable predictor de delincuencia y no el color de la piel», ha añadido.»Mi compañero en la Asamblea de Madrid Serigne Mbayé lleva tiempo denunciando el racismo institucional que sufre, hoy otra vez, volviendo de la FiestaDeLaPrimavera en Valencia ha sido el único del tren registrado por la policía por ser negro. `Ya está bien!», ha añadido, por su parte, Carolina Alonso.

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Prisión preventiva para el patrón de una patera rescatada a la derivada el miércoles en Mallorca

Prisión preventiva para el patrón de una patera rescatada a la derivada el miércoles en Mallorca

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El patrón de una embarcación tipo patera, rescatada, a la deriva, proveniente de Argelia con 19 personas a bordo, el pasado miércoles, en Mallorca, ha sido condenado a prisión preventiva, tras pasar a disposición judicial, después de que la Policía le detuviese, como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal.

Según ha informado Policía este domingo en nota de prensa, el pasado miércoles, fue rescatada una embarcación tipo patera, a la deriva, proveniente de Argelia con 19 personas a bordo por parte de Salvamento Marítimo. Estas personas fueron trasladadas a la Colonia de San Jordi y entregadas a la Guardia Civil.

Los ocupantes de la embarcación finalmente fueron puestos a disposición de la Policía, autoridad policial competente en materia de extranjería. A dichas personas por parte de la Brigada de Extranjería de la Policía se les abrieron los correspondientes expedientes de devolución por entrada irregular en territorio español y por tanto en la Unión Europea.

Los miembros la unidad contra redes de inmigración y falsedades documentales (Ucrif), abrieron de forma paralela una investigación para tratar de averiguar si existía algún delito en esa entrada irregular consiguiendo averiguar quién era la persona que tripulaba la embarcación y dirigió esa actividad ilícita.

Los agentes consiguieron saber que la embarcación había partido de Boumerdes y que la travesía había durado 28 horas. Que los ocupantes de la misma habían pagado una media de 1.000 euros y que muchos de los viajeros tenían como destino otros países de Europa, si bien algunos querían quedarse en Mallorca.

En el trayecto los ocupantes habían pasado miedo, debido a que la embarcación no reunía las medidas de seguridad mínimas, no disponían de chalecos salvavidas ni de sistemas de aviso, ni siquiera bengalas, el patrón se guiaba por un GPS y una brújula, la idea era llegar a la zona de Cabrera y allí pedir ayuda si bien no llegaron a su objetivo y quedaron a la deriva siendo rescatados.

Modus operandi

Las organizaciones criminales dedicadas a la migración clandestina de las costas argelinas a Mallorca, se encuentran ubicadas en la zona de Dellys en la costa al noreste de Argelia.

Estas organizaciones están compuestas por los conseguidores que son quienes ofrecen el viaje a España en patera por una cuantía que al cambio ronda los 1.000 euros por persona, realizando estos ofrecimientos en distintos establecimientos públicos de Argelia, normalmente a jóvenes varones, encargándose asimismo de recaudar el dinero. También, por otros miembros, que se encargan de conseguir todos los útiles para hacer el viaje, como la embarcación, el combustible, el motor y un dispositivo de GPS. Y, por último los transportistas o patrones de la embarcación, encargados de hacer el viaje.

Precisamente, el patrón de la embarcación ha sido esta vez la persona detenida. Tras su paso a disposición judicial ha ingresado en prisión preventiva por delitos de favorecimiento inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

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