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El jefe policial de Marlaska dice que se enteró del caso Gali por los periodistas y blinda al ministro

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El Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha negado haber tenido participación alguna en la operación encubierta que desplegó el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir clandestinamente en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril del año pasado.

Ante el juez que investiga este caso por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento, el DAO ha dicho que se enteró de la operación por los periódicos. La versión del desconocimiento cortocircuita la línea de investigación del juez Rafael Lasala en el Ministerio del Interior y blinda al ministro Fernando Grande-Marlaska.

El DAO es el máximo mando operativo de la Policía. Está justo debajo del director general de la Policía. Por tanto, forma parte del cuadro de mando de la cúpula del Ministerio del Interior.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

EP
González Jiménez ha tenido que comparecer ante el juez después de lo que declaró el comisario jefe de Información, Eugenio Pereiro. Reconoció que él sí tuvo conocimiento de esa entrada furtiva
poco antes de que se produjera. Le dijo al juez que lo supo a través de un confidente y que se lo comunicó al DAO. A donde no llegó la información fue a la Audiencia Nacional, que llevaba meses buscando a Gali porque estaba incurso en varias causas penales, por los delitos –entre otros– de terrorismo, torturas y genocidio.

En vez de identificar al líder del Polisario y ponerlo a disposición de la Justicia, la Policía desplegó un operativo para darle cobertura de seguridad y vigilancia durante el traslado desde la Base Aérea de Zaragoza –donde aterrizó procedente de Argelia– hasta el hospital de Logroño en el que fue ingresado con identidad falsa. Ese dispositivo de agentes de Interior se mantuvo también en el propio hospital.

Protegieron a Gali en vez de identificarlo
Preguntado por esta cobertura, el DAO le ha dicho al juez Lasala que él no sabía nada, que el dispositivo lo habría dispuesto por su cuenta el comisario general de Información y que ni siquiera sabía que el encubierto era Brahim Gali. Es decir, según la versión dada por el máximo responsable operativo de la Policía Nacional, se desplegó un dispositivo de seguridad para un líder del Polisario a sabiendas de que había entrado furtivamente y sin identificarlo ni comunicarlo a las autoridades judiciales.

Según el jefe policial de Marlaska, cuando Pereiro le llamó no le dijo que el que iba a entrar furtivamente en España era Brahim Gali sino un líder del Frente Polisario, sin especificar que era su máximo responsable. El DAO le ha dicho al juez que no le dio mayor importancia al asunto, que no se lo comunicó ni a su superior ni a ningún otro responsable, que tampoco dio orden alguna al respecto y que por eso se enteró de que era Gali cuando el caso lo destaparon los medios de comunicación, el 23 de abril, cuando Gali ya llevaba cinco días en España. Fue introducido furtivamente por el Gobierno el 18 de abril, de acuerdo con las autoridades argelinas.

El abogado que ejerce la acusación popular y que promovió esta investigación judicial, Antonio Urdiales, ha calificado de totalmente inverosímil esta versión que sostiene el DAO y ha anunciado que va a solicitar nuevas testificales para indagar en la participación que tuvo Interior en el caso Gali.

Junto al DAO compareció este lunes ante el juez Lasala el inspector jefe que identificó a Gali en el hospital de Logroño. Lo hizo días después de que el caso trascendiera por los periodistas. Ese inspector intervino por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que llevaba meses intentando que la Policía localizara a Gali para que respondiera por la causa penal abierta contra él.

A tenor de lo dicho por ese inspector, el líder del Polisario no fue identificado hasta el 5 de mayo, doce días después de que su presencia fuera hecha pública por los medios de comunicación.

Entrada clandestina
Gali entró en España sin pasar los controles de pasaporte, sin ser identificado, provisto de documentación falsa, con nombre ficticio y con cobertura militar y policial. Y todo eso a pesar de que tenía causas penales abiertas en España, por las que se le buscaba desde hacía tiempo y por las que en ese mismo momento pesaba una orden de localización dictada por la Audiencia Nacional. La Policía tenía encomendada su localización y puesta a disposición del juzgado. Pero cuando la cúpula policial de Interior supo que Gali llegaba a España de forma furtiva, no lo comunicó a las autoridades judiciales.

De ahí que una de las líneas principales de investigación en la que está profundizando el juez instructor del caso Gali es en la rama de Interior. Es decir, en la participación directa que tuvo en esta operación el Ministerio que dirige el exjuez Fernando Grande-Marlaska. La investigación del magistrado Lasala se ha topado con una insistente estrategia del Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, para no facilitar datos y documentación esenciales que ha reclamado el juez del caso Gali. Se ampara en el supuesto carácter secreto de las decisiones urdidas por el Gobierno.

El líder del Polisario tenía abiertas varias causas en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, torturas y genocidio, entre otros, y unos meses antes había declarado la guerra a Marruecos. Pese al empeño que puso el Gobierno por encubrir a Gali en España, su estancia en el hospital público de Logroño acabó trascendiendo por los medios de comunicación. El Ejecutivo quedó en evidencia y desató una fuerte crisis diplomática con Marruecos.

La operación clandestina desplegada por el Gobierno en abril del año pasado para introducir en España al líder del Polisario se ha saldado, de momento, con la imputación de la ex ministra Arancha González Laya y de quien fue su jefe de gabinete en Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino. Ambos están investigados por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad y encubrimiento.

Operación urdida por el Gobierno
Hasta el momento, las pesquisas del juez Lasala han permitido destapar que esa operación clandestina fue ordenada y ejecutada desde el Gobierno de Pedro Sánchez, con participación activa de al menos tres ministerios: Exteriores, Defensa e Interior.

La entonces ministra de Asuntos Exteriores fue la encargada de coordinarla, a través de su jefe de gabinete. Villarino se apoyó en el Estado Mayor del Ejército del Aire, que procuró la entrada furtiva de Gali a través de la Base militar de Zaragoza, en un avión de la Presidencia de Argelia. Los gobiernos español y argelino habían acordado el traslado de Brahim Gali, enfermo de coronavirus.

En Zaragoza le esperaba una ambulancia enviada por el servicio riojano de sanidad, que depende del Gobierno regional que preside la socialista Concha Andreu. Esa ambulancia recogió a Gali y lo trasladó al hospital público de Logroño, donde fue tratado de Covid durante semanas.

El traslado y el ingreso en el hospital de Logroño contó con cobertura de agentes del Ministerio del Interior, según ha destapado también la investigación judicial. Además, el líder del Polisario fue internado en el hospital de Logroño con identidad falsa, para lo que se utilizó un pasaporte amañado en el que se hacía pasar por un supuesto embajador jubilado, con el nombre ficticio de Mohamed Benbatouche y con membrete de la República de Argelia.

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Detenido un clan de narcos que utilizó a dos menores para deshacerse de la droga en Zaragoza

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La policía ha detenido a un clan familiar de narcos en Zaragoza dedicado a la venta de cocaína. La detención por parte de los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha saldado con la detención de veinte personas a las que se le imputan dos delitos, uno de tráfico de drogas y otro de pertenencia a un grupo criminal.

El grupo estaba altamente especializado en todos los ámbitos de la venta de cocaína, desde la compra de grandes cantidades hasta su entrega al cliente final. En la operación policial, los detenidos no dudaron utilizar a menores de edad para intentar deshacerse de la droga.

Todos los detenidos, dada la gravedad de los hechos, fueron puestos a disposición judicial, habiéndose decretado para ocho de ellos prisión provisional y para el resto otras medidas cautelares de control sobre su libertad de movimientos.

La investigación que se ha saldado con la desarticulación de este clan de la droga que operaba en la provincia de Zaragoza, inició el pasado mes de noviembre, cuando los agentes recibieron varias informaciones sobre una posible trama de tráfico de sustancias estupefacientes.

Este grupo criminal era muy activo y le permitía tener como única fuente de ingresos las ganancias que les proporcionaba el tráfico de drogas. Así mismo, tenía gran relevancia en el mercado ilícito de la venta de cocaína en la provincia de Zaragoza, puesto que la policía había detectado que tenían una larga cartera de clientes y consumidles finales.

Un clan familiar de origen colombiano

La atención de los agentes del Grupo de Estupefacientes encargados de la investigación, estuvo fijada en una pareja de origen colombiano que tenía su residencia en el pueblo zaragozano de Cuarte de Huerva, donde distribuirían cocaína a multitud de clientes en Zaragoza y poblaciones cercanas.

Tras comprobar estas informaciones, los agentes pudieron identificar plenamente a estar personas y también a otra pareja de origen colombianos los cuales actuaban como jefes de los primeros, resultando ser todos familia.

De tal manera, los investigadores se centraron en los miembros de la misma familia, comprobando que la forma de delinquir era muy similar en todos ellos. Su actividad ilícita consistía en repartir la sustancia estupefaciente a multitud de clientes por ellos mismos, o través de personas que tenían asalariadas y que eran muy cercanas a su entorno.

Tal y como indican las fuentes policiales, sería la segunda pareja identificada, y la que actuaría como jefecilla del clan familiar, la encargada de proporcionar la droga al resto de la organización a través de proveedores de fuera de Zaragoza. Esta pareja tenía la residencia fijada en otro municipio de Zaragoza, La Muela.

En cualquier caso, según indica la policía, la otra pareja era libre de buscar sustancias en otros mercados o a través de otros traficantes sin pasar por los miembros destacados. Además, los agentes averiguaron que uno de los miembros del clan acababa de aprovisionarse, de manera independiente, de un kilo de cocaína. Precisamente, los agentes localizaron a esta persona y la detuvieron portando la mochila que contenía en su interior la droga.

1.ª fase de la detención de este clan de la droga en Zaragoza

Los veinte miembros del clan fueron detenidos por la policía en dos fases, en cada una de las cuales se detuvo a diez personas. En la primera etapa, los agentes detuvieron al hombre que portaba la mochila, junto con otros nueve, realizando a su vez varios registros domiciliarios y de vehículos.

En esta operación, la policía encontró 6,5 kg de cocaína, de la cual parte de esta estaba ya preparada en dosis individuales listas para su venta. También intervinieron multitud de efectos para cortar, manipular y preparar la droga, en dosis individuales como básculas, bolsas, cierras, sustancias de corte, etc.

En uno de los registros realizados, la policía sorprendió mientras esperaba la llegada de la comisión judicial, a una menor de 17 años y a otro de 12 años, que estaban abandonando la vivienda con un kilogramo de cocaína y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas.

2. ª fase de la detención de este clan de la droga en Zaragoza

Tras la primera detención y pasados unos días, los agentes detuvieron a otros cuatro miembros in fraganti, justo en el momento en que trataban de ocultar parte de la droga (más de 600 gramos de cocaína) así como 45.000 euros en dinero en efectivo y útiles para su manipulación en una motocicleta que el clan utilizaba para repartir a sus clientes la droga por toda Zaragoza.

Así mismo, los investigadores detuvieron a otras tres personas, dedicadas a la venta del menudeo al cliente final, y a los tres miembros del clan familiar, responsables directos del tráfico de drogas y de tener trabajando para ellos a otros dos.

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Así es el método de ‘apalancamiento’ con el que dos ladrones han robado 11.000 euros en diez bares de un pueblo de Valencia

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por la comisión de una decena de robos en bares de la localidad valenciana de Sueca.
El total de lo sustraído ascendería a más de 11.000 euros , según ha informado el instituto armado en un comunicado. Las hechos comenzaron en el mes de diciembre del pasado año, cuando la Benemérita detectó un significativo aumento de los robos en establecimientos hosteleros, por lo que dio inicio a la denominada operación ‘Bossu’ para dar con los delincuentes.
Una vez comenzada la investigación, los agentes se dieron cuenta de que todos los robos se realizaban en establecimientos ubicados en la zona centro de la localidad y a través del método del ‘ apalancamiento ‘, por el que sujetaban la persiana con un palo o barra de hierro.
Después, los ladrones sustraían dinero del interior de las máquinas de tabaco, tragaperras o máquinas registradoras, además de botellas de alcohol y otros enseres.
En este sentido, la Guardia Civil inició las labores de vigilancia discreta en la localidad para tratar de dar con los responsables de los robos, lo que dio como resultado la identificación de un posible sospechoso que fue visto, en diversas ocasiones, merodeando cerca de la «zona caliente» donde se producían los robos.
Finalmente, a las 2:55 de la madrugada del 7 de marzo, se recibe un aviso de la central de alarmas que informa de la presencia de una persona en uno de los establecimientos , tras lo que, personados los agentes, observan a dos varones huyendo del lugar.
Uno, incluso, llega a lanzar un destornillador por encima de una parcela vallada, que fue posteriormente localizado junto con los sospechosos, que no tardaron en ser identificados al vestir con la misma ropa que la captada por las imágenes de seguridad del establecimiento.
En total, los detenidos han sustraído más de 11.000 euros entre dinero en efectivo y diversos enseres (alcohol, jamón, queso), además de los daños causados.
Por todo ello, se procede a la detención de dos varones de 43 y 49 años por diez delitos de robo con fuerza en las cosas . Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Sueca.

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Detenida una mujer por robar patinetes y bicicletas a alumnos de institutos de Benicarló mientras estaban en clase

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por un delito continuado de hurto de patinetes eléctricos y biciclestas en centros educativos de la localidad castellonense de Benicarló, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre a raíz de las denuncias interpuestas por los progenitores de tres alumnos de un Instituto de Educación Secundaria de la localidad, a los que les habían sustraído sus patinetes eléctricos mientras se encontraban en clase.
Tras las primeras pesquisas, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicarló centró la investigación en una mujer con antecedentes por hechos similares.
Además, se determinó que el modus operandi utilizado por la presunta autora era aprovechar los momentos en los que los alumnos se encontraban en las aulas y las puertas de acceso a los recintos estaban abiertas para acceder al interior y sustraer «con total impunidad» los patinetes y las bicicletas.
Por todo ello, el pasado día 22 de marzo, los guardias civiles detuvieron a la mujer, de 33 años, a la que se le atribuye un delito continuado de hurto por la sustracción de tres patinetes en un Instituto de Educación Secundaria y tres bicicletas en otros centros docentes de la misma localidad.
La actuación ha sido realizada por componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Benicarló. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Vinaroz.

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