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La lentitud en la ejecución de las sentencias retiene el cobro de 11.000 millones de euros

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Problemas con las notificaciones, con la localización de bienes, insolvencias «sobrevenidas»… Ejecutar una sentencia cuya condena es una obligación de pago se convierte en muchas ocasiones en una empresa imposible. Tanto es así que un estudio de Sigma Dos para el Consejo General de los Procuradores concluye que solo una de cada cuatro sentencias se llega a ejecutar en tiempo y forma. Las otras tres o lo hacen con retraso o nunca llegan a hacerlo, con lo que eso implica para quien cree haber encontrado reparación en la justicia y se da de bruces con la burocracia de un sistema sumamente lento e ineficaz.

Lo cierto es que la ejecución de las sentencias traspasa el ámbito individual para impactar de lleno en la economía, porque como consecuencia de este maltrecho –cuando no imposible– peregrinaje hacia el cobro, cerca de once mil millones de euros (10.742.892.000) están paralizados. Por la ejecución de ese 25 por ciento de sentencias condenatorias solo se han obtenido 3.657 millones de euros.

Impacto económico por la demora

Las cifras que sustentan este estudio, en el que se ha calculado una media de 10.000 euros por sentencia pendiente de ejecutar, llevan a los procuradores a pedir que se les homologue a sus colegas europeos, de forma que se les permita tener un papel protagonista en la fase de ejecución de la sentencia. En España participan en este proceso el tribunal (al que hay que solicitar esa ejecución, importe, intereses y costas), el juez (que será quien dicte un auto decretando la ejecución) y el letrado de la administración de justicia, que emite el decreto acordando las medidas que se han solicitado. La implicación de todas estas figuras jurídicas y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada uno de estos pasos hace que el procedimiento de ejecución se convierta en una carrera de obstáculos, sea lento y llegue a duplicar o triplicar el tiempo de ejecución. A modo de ejemplo, España empezó 2019 con 1.915.742 sentencias pendientes de ejecución y a lo largo de ese año se sumaron otras 484.329, según datos del Consejo General del Poder Judicial. De las resoluciones pendientes de cumplimiento, el 60 por ciento son sentencias de ejecución dineraria, aquéllas con las que el Código Civil se refiere a las que contemplan un pago.

Los procuradores –representantes del cliente ante los tribunales– creen que su intervención directa en el proceso de ejecución contribuiría a agilizar los trámites. No en vano representan los intereses de un particular. Nadie más interesado que su representado en que el cobro al que obliga la sentencia se lleve a cabo y se llegue hasta donde haya que llegar para destapar una posible estrategia de ocultación del dinero u otras argucias encaminadas a eludir el cumplimento del fallo.

Abogados que consiguen sentencias condenatorias para sus clientes están acostumbrados a ver las dificultades que entraña el cumplimiento efectivo de la condena por cuestiones tan aparentemente triviales como puede ser un cambio de domicilio –pero que vuelve a situar la ejecución en el punto de partida– o por el laberinto burocrático que supone la localización de los bienes del contrario.

A la cola de Europa
Lo cierto es que por unas u otras razones España se sitúa a la cola de Europa en el plazo de ejecución de la sentencia condenatoria, como muestran los datos de Sigma Dos, que ha estudiado el comportamiento de losdiez países europeos con figuras análogas a la del procurador español. Se trata de Luxemburgo, Países Bajos, Francia, Bélgica, Escocia, Grecia, Lituania, Hungría, Estonia, Portugal. En todos ellos, el procurador tiene funciones ejecutivas para dar cumplimiento a la sentencia, lo que incluye actuaciones como la notificación a los deudores, evaluación y decisión de las medidas a aplicar para garantizar el cobro de la deuda o acciones de cobro como embargos o subastas.

En España, el plazo de ejecución de una sentencia, es decir, el tiempo que transcurre desde que se dicta hasta que se cumple, oscila entre los seis meses y el año. Solo Grecia está detrás de nosotros, con un proceso que se puede alargar hasta los 15 m eses. En todos los demás casos, el tiempo es menor. En Hungría, por ejemplo, el plazo máximo de abono es de 8 días. Lo mismo sucede en Estonia y Lituania. En Escocia, Francia y Luxemburgo la ejecución se mueve en una horquilla de entre dos y seis meses, que es el caso del último de estos países.

La mayor o menor agilidad en la ejecución de las sentencias depende mucho de los medios digitales de los que se disponga para que el cumplimiento llegue a buen término en el menor tiempo posible. En este sentido se da la circunstancia de que los cuatro primeros países con menor plazo de ejecución (es decir, Hungría, Estonia, Lituania y Bélgica)son precisamente los que tienen una mayor implantación de medios telemáticos y digitales.

España sale perdiendo también en este ránking porque mientras que en nuestro país el procurador solo puede tener acceso a los registros (datos de los ejecutados, patrimonio del deudor…), sus homólogos europeos pueden comunicarse con entidades bancarias, notificar embargos de bienes (Bélgica, Países Bajos, Hungría o Estonia) o incluso realizar subastas electrónicas (Países Bajos, Hungría, Lituania, Estonia o Portugal, país en el que sus agentes judiciales disponen de una herramienta que les permite tramitar todos los pasos del procedimiento de ejecución).

Estonia y Bélgica, en cabeza
Los resultados están ahí. En un ránking de eficacia o porcentaje de éxito en la ejecución de la sentencia, Estonia y Bélgica se sitúan como los países con mejores resultados en el cobro, pues llegan a ejecutar hasta un 85 por ciento de las sentencias; le siguen, con cifras de en torno a un 60 por ciento Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Lituania. Después Hungría, con un 35 por ciento, y en penúltimo lugar España, con un 25 por ciento. Cierra el ránking Grecia, que con un 10 por ciento de sentencias ejecutadas.

El estudio que presentó esta semana el presidente de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, hace una proyección del flujo económico que se obtendría si el sistema español fuera igual de eficiente que en el resto de países de Europa. Solo con igualarnos a la tasa de éxito del país que nos precede, Hungría, se obtendría de la ejecución de sentencias un millon de euros más, ocho millones y medio si nuestro porcentaje de éxito en conseguir el cobro fuera igual que el de Estonia.

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Detenido un clan de narcos que utilizó a dos menores para deshacerse de la droga en Zaragoza

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La policía ha detenido a un clan familiar de narcos en Zaragoza dedicado a la venta de cocaína. La detención por parte de los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha saldado con la detención de veinte personas a las que se le imputan dos delitos, uno de tráfico de drogas y otro de pertenencia a un grupo criminal.

El grupo estaba altamente especializado en todos los ámbitos de la venta de cocaína, desde la compra de grandes cantidades hasta su entrega al cliente final. En la operación policial, los detenidos no dudaron utilizar a menores de edad para intentar deshacerse de la droga.

Todos los detenidos, dada la gravedad de los hechos, fueron puestos a disposición judicial, habiéndose decretado para ocho de ellos prisión provisional y para el resto otras medidas cautelares de control sobre su libertad de movimientos.

La investigación que se ha saldado con la desarticulación de este clan de la droga que operaba en la provincia de Zaragoza, inició el pasado mes de noviembre, cuando los agentes recibieron varias informaciones sobre una posible trama de tráfico de sustancias estupefacientes.

Este grupo criminal era muy activo y le permitía tener como única fuente de ingresos las ganancias que les proporcionaba el tráfico de drogas. Así mismo, tenía gran relevancia en el mercado ilícito de la venta de cocaína en la provincia de Zaragoza, puesto que la policía había detectado que tenían una larga cartera de clientes y consumidles finales.

Un clan familiar de origen colombiano

La atención de los agentes del Grupo de Estupefacientes encargados de la investigación, estuvo fijada en una pareja de origen colombiano que tenía su residencia en el pueblo zaragozano de Cuarte de Huerva, donde distribuirían cocaína a multitud de clientes en Zaragoza y poblaciones cercanas.

Tras comprobar estas informaciones, los agentes pudieron identificar plenamente a estar personas y también a otra pareja de origen colombianos los cuales actuaban como jefes de los primeros, resultando ser todos familia.

De tal manera, los investigadores se centraron en los miembros de la misma familia, comprobando que la forma de delinquir era muy similar en todos ellos. Su actividad ilícita consistía en repartir la sustancia estupefaciente a multitud de clientes por ellos mismos, o través de personas que tenían asalariadas y que eran muy cercanas a su entorno.

Tal y como indican las fuentes policiales, sería la segunda pareja identificada, y la que actuaría como jefecilla del clan familiar, la encargada de proporcionar la droga al resto de la organización a través de proveedores de fuera de Zaragoza. Esta pareja tenía la residencia fijada en otro municipio de Zaragoza, La Muela.

En cualquier caso, según indica la policía, la otra pareja era libre de buscar sustancias en otros mercados o a través de otros traficantes sin pasar por los miembros destacados. Además, los agentes averiguaron que uno de los miembros del clan acababa de aprovisionarse, de manera independiente, de un kilo de cocaína. Precisamente, los agentes localizaron a esta persona y la detuvieron portando la mochila que contenía en su interior la droga.

1.ª fase de la detención de este clan de la droga en Zaragoza

Los veinte miembros del clan fueron detenidos por la policía en dos fases, en cada una de las cuales se detuvo a diez personas. En la primera etapa, los agentes detuvieron al hombre que portaba la mochila, junto con otros nueve, realizando a su vez varios registros domiciliarios y de vehículos.

En esta operación, la policía encontró 6,5 kg de cocaína, de la cual parte de esta estaba ya preparada en dosis individuales listas para su venta. También intervinieron multitud de efectos para cortar, manipular y preparar la droga, en dosis individuales como básculas, bolsas, cierras, sustancias de corte, etc.

En uno de los registros realizados, la policía sorprendió mientras esperaba la llegada de la comisión judicial, a una menor de 17 años y a otro de 12 años, que estaban abandonando la vivienda con un kilogramo de cocaína y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas.

2. ª fase de la detención de este clan de la droga en Zaragoza

Tras la primera detención y pasados unos días, los agentes detuvieron a otros cuatro miembros in fraganti, justo en el momento en que trataban de ocultar parte de la droga (más de 600 gramos de cocaína) así como 45.000 euros en dinero en efectivo y útiles para su manipulación en una motocicleta que el clan utilizaba para repartir a sus clientes la droga por toda Zaragoza.

Así mismo, los investigadores detuvieron a otras tres personas, dedicadas a la venta del menudeo al cliente final, y a los tres miembros del clan familiar, responsables directos del tráfico de drogas y de tener trabajando para ellos a otros dos.

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Así es el método de ‘apalancamiento’ con el que dos ladrones han robado 11.000 euros en diez bares de un pueblo de Valencia

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por la comisión de una decena de robos en bares de la localidad valenciana de Sueca.
El total de lo sustraído ascendería a más de 11.000 euros , según ha informado el instituto armado en un comunicado. Las hechos comenzaron en el mes de diciembre del pasado año, cuando la Benemérita detectó un significativo aumento de los robos en establecimientos hosteleros, por lo que dio inicio a la denominada operación ‘Bossu’ para dar con los delincuentes.
Una vez comenzada la investigación, los agentes se dieron cuenta de que todos los robos se realizaban en establecimientos ubicados en la zona centro de la localidad y a través del método del ‘ apalancamiento ‘, por el que sujetaban la persiana con un palo o barra de hierro.
Después, los ladrones sustraían dinero del interior de las máquinas de tabaco, tragaperras o máquinas registradoras, además de botellas de alcohol y otros enseres.
En este sentido, la Guardia Civil inició las labores de vigilancia discreta en la localidad para tratar de dar con los responsables de los robos, lo que dio como resultado la identificación de un posible sospechoso que fue visto, en diversas ocasiones, merodeando cerca de la «zona caliente» donde se producían los robos.
Finalmente, a las 2:55 de la madrugada del 7 de marzo, se recibe un aviso de la central de alarmas que informa de la presencia de una persona en uno de los establecimientos , tras lo que, personados los agentes, observan a dos varones huyendo del lugar.
Uno, incluso, llega a lanzar un destornillador por encima de una parcela vallada, que fue posteriormente localizado junto con los sospechosos, que no tardaron en ser identificados al vestir con la misma ropa que la captada por las imágenes de seguridad del establecimiento.
En total, los detenidos han sustraído más de 11.000 euros entre dinero en efectivo y diversos enseres (alcohol, jamón, queso), además de los daños causados.
Por todo ello, se procede a la detención de dos varones de 43 y 49 años por diez delitos de robo con fuerza en las cosas . Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Sueca.

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Detenida una mujer por robar patinetes y bicicletas a alumnos de institutos de Benicarló mientras estaban en clase

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por un delito continuado de hurto de patinetes eléctricos y biciclestas en centros educativos de la localidad castellonense de Benicarló, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre a raíz de las denuncias interpuestas por los progenitores de tres alumnos de un Instituto de Educación Secundaria de la localidad, a los que les habían sustraído sus patinetes eléctricos mientras se encontraban en clase.
Tras las primeras pesquisas, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicarló centró la investigación en una mujer con antecedentes por hechos similares.
Además, se determinó que el modus operandi utilizado por la presunta autora era aprovechar los momentos en los que los alumnos se encontraban en las aulas y las puertas de acceso a los recintos estaban abiertas para acceder al interior y sustraer «con total impunidad» los patinetes y las bicicletas.
Por todo ello, el pasado día 22 de marzo, los guardias civiles detuvieron a la mujer, de 33 años, a la que se le atribuye un delito continuado de hurto por la sustracción de tres patinetes en un Instituto de Educación Secundaria y tres bicicletas en otros centros docentes de la misma localidad.
La actuación ha sido realizada por componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Benicarló. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Vinaroz.

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