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La lentitud en la ejecución de las sentencias retiene el cobro de 11.000 millones de euros

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Problemas con las notificaciones, con la localización de bienes, insolvencias «sobrevenidas»… Ejecutar una sentencia cuya condena es una obligación de pago se convierte en muchas ocasiones en una empresa imposible. Tanto es así que un estudio de Sigma Dos para el Consejo General de los Procuradores concluye que solo una de cada cuatro sentencias se llega a ejecutar en tiempo y forma. Las otras tres o lo hacen con retraso o nunca llegan a hacerlo, con lo que eso implica para quien cree haber encontrado reparación en la justicia y se da de bruces con la burocracia de un sistema sumamente lento e ineficaz.

Lo cierto es que la ejecución de las sentencias traspasa el ámbito individual para impactar de lleno en la economía, porque como consecuencia de este maltrecho –cuando no imposible– peregrinaje hacia el cobro, cerca de once mil millones de euros (10.742.892.000) están paralizados. Por la ejecución de ese 25 por ciento de sentencias condenatorias solo se han obtenido 3.657 millones de euros.

Impacto económico por la demora

Las cifras que sustentan este estudio, en el que se ha calculado una media de 10.000 euros por sentencia pendiente de ejecutar, llevan a los procuradores a pedir que se les homologue a sus colegas europeos, de forma que se les permita tener un papel protagonista en la fase de ejecución de la sentencia. En España participan en este proceso el tribunal (al que hay que solicitar esa ejecución, importe, intereses y costas), el juez (que será quien dicte un auto decretando la ejecución) y el letrado de la administración de justicia, que emite el decreto acordando las medidas que se han solicitado. La implicación de todas estas figuras jurídicas y el hecho de que el procurador tenga que solicitar cada uno de estos pasos hace que el procedimiento de ejecución se convierta en una carrera de obstáculos, sea lento y llegue a duplicar o triplicar el tiempo de ejecución. A modo de ejemplo, España empezó 2019 con 1.915.742 sentencias pendientes de ejecución y a lo largo de ese año se sumaron otras 484.329, según datos del Consejo General del Poder Judicial. De las resoluciones pendientes de cumplimiento, el 60 por ciento son sentencias de ejecución dineraria, aquéllas con las que el Código Civil se refiere a las que contemplan un pago.

Los procuradores –representantes del cliente ante los tribunales– creen que su intervención directa en el proceso de ejecución contribuiría a agilizar los trámites. No en vano representan los intereses de un particular. Nadie más interesado que su representado en que el cobro al que obliga la sentencia se lleve a cabo y se llegue hasta donde haya que llegar para destapar una posible estrategia de ocultación del dinero u otras argucias encaminadas a eludir el cumplimento del fallo.

Abogados que consiguen sentencias condenatorias para sus clientes están acostumbrados a ver las dificultades que entraña el cumplimiento efectivo de la condena por cuestiones tan aparentemente triviales como puede ser un cambio de domicilio –pero que vuelve a situar la ejecución en el punto de partida– o por el laberinto burocrático que supone la localización de los bienes del contrario.

A la cola de Europa
Lo cierto es que por unas u otras razones España se sitúa a la cola de Europa en el plazo de ejecución de la sentencia condenatoria, como muestran los datos de Sigma Dos, que ha estudiado el comportamiento de losdiez países europeos con figuras análogas a la del procurador español. Se trata de Luxemburgo, Países Bajos, Francia, Bélgica, Escocia, Grecia, Lituania, Hungría, Estonia, Portugal. En todos ellos, el procurador tiene funciones ejecutivas para dar cumplimiento a la sentencia, lo que incluye actuaciones como la notificación a los deudores, evaluación y decisión de las medidas a aplicar para garantizar el cobro de la deuda o acciones de cobro como embargos o subastas.

En España, el plazo de ejecución de una sentencia, es decir, el tiempo que transcurre desde que se dicta hasta que se cumple, oscila entre los seis meses y el año. Solo Grecia está detrás de nosotros, con un proceso que se puede alargar hasta los 15 m eses. En todos los demás casos, el tiempo es menor. En Hungría, por ejemplo, el plazo máximo de abono es de 8 días. Lo mismo sucede en Estonia y Lituania. En Escocia, Francia y Luxemburgo la ejecución se mueve en una horquilla de entre dos y seis meses, que es el caso del último de estos países.

La mayor o menor agilidad en la ejecución de las sentencias depende mucho de los medios digitales de los que se disponga para que el cumplimiento llegue a buen término en el menor tiempo posible. En este sentido se da la circunstancia de que los cuatro primeros países con menor plazo de ejecución (es decir, Hungría, Estonia, Lituania y Bélgica)son precisamente los que tienen una mayor implantación de medios telemáticos y digitales.

España sale perdiendo también en este ránking porque mientras que en nuestro país el procurador solo puede tener acceso a los registros (datos de los ejecutados, patrimonio del deudor…), sus homólogos europeos pueden comunicarse con entidades bancarias, notificar embargos de bienes (Bélgica, Países Bajos, Hungría o Estonia) o incluso realizar subastas electrónicas (Países Bajos, Hungría, Lituania, Estonia o Portugal, país en el que sus agentes judiciales disponen de una herramienta que les permite tramitar todos los pasos del procedimiento de ejecución).

Estonia y Bélgica, en cabeza
Los resultados están ahí. En un ránking de eficacia o porcentaje de éxito en la ejecución de la sentencia, Estonia y Bélgica se sitúan como los países con mejores resultados en el cobro, pues llegan a ejecutar hasta un 85 por ciento de las sentencias; le siguen, con cifras de en torno a un 60 por ciento Francia, Países Bajos, Luxemburgo y Lituania. Después Hungría, con un 35 por ciento, y en penúltimo lugar España, con un 25 por ciento. Cierra el ránking Grecia, que con un 10 por ciento de sentencias ejecutadas.

El estudio que presentó esta semana el presidente de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, hace una proyección del flujo económico que se obtendría si el sistema español fuera igual de eficiente que en el resto de países de Europa. Solo con igualarnos a la tasa de éxito del país que nos precede, Hungría, se obtendría de la ejecución de sentencias un millon de euros más, ocho millones y medio si nuestro porcentaje de éxito en conseguir el cobro fuera igual que el de Estonia.

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El niño que acudió cinco veces a Urgencias no es atendido, imputando a dos doctaras de su muerte

El niño que acudió cinco veces a Urgencias no es atendido, imputando a dos doctaras de su muerte

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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elda ha citado en calidad de investigadas a dos médicas que atendieron a Aitor , el niño de 8 años de la localidad alicantina de Petrer que falleció por peritonitis en 2020 tras acudir cinco veces a Urgencias.
Ambas están citadas a declarar el 12 de diciembre después de que un informe médico, solicitado por la jueza, haya determinado que pudo haber una «mala praxis» por parte del personal que atendió al menor fallecido, de acuerdo con fuentes jurídicas.
En concreto, se trata, en primer lugar, de la pediatra que vio al niño y que, según la familia, suministró una medicación «inadecuada» al menor, y por otro lado, se ha citado también a una médica del hospital de Elda que, en el momento de examinarlo, no estaba supervisada por un superior, tal y como han indicado las mismas fuentes.



El caso se conoció después de que la madre del menor fallecido denunciará en las redes sociales que su hijo murió «después de haber acudido cinco veces a Urgencias» en tres días .
Aseguraba que al pequeño no le hicieron «ni una ecografía ni una analítica de sangre» y que el personal alegó que no se le practicaron más pruebas debido al coronavirus.
Tras el fallecimiento del menor, la familia acudió al juzgado de guardia, que abrió procedimiento penal con diligencias previas, ya que los resultados de la preautopsia proporcionados por la familia desvelaron que el menor murió a causa de una peritonitis .
Por su parte, el Departamento de Salud de Elda también abrió una investigación, además de ponerse «a disposición de la familia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos que han desembocado en tan triste suceso».

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Estamos al límite: Hay tantos cirmenos que nos presionan para cerrarlos sin resolver

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Para comprender hasta qué punto se ha deteriorado la seguridad en Cataluña sólo hay que echar un vistazo al estado de las comisarías y de su personal. Y sobre todo, a los agentes encargados de perseguir los delitos más graves, los que atentan contra la salud o la vida de las personas, y llevar a sus autores ante los tribunales. Los miembros de la División de Investigación Criminal, según explican fuentes internas de los Mossos d’Esquadra, están «al límite». La creciente carga de trabajo ha provocado bajas por estrés, ataques de ansiedad e incluso casos archivados de forma prematura por falta de capacidad para investigarlos.

«Hay tantos que nos presionan para cerrarlos sin resolución». La confesión de un agente de esta unidad  deja a las claras lo que están viviendo desde hace ya algunos años en el grupo de mossos que persiguen a los autores de crímenes violentos. El último caso que han sumado a su larga lista de carpetas amontonadas en sus mesas ha sido el del joven apuñalado hasta la muerte durante los festejos de La Mercè del pasado fin de semana.

El aumento de la criminalidad y de los delitos violentos en Cataluña, y especialmente en Barcelona, queda patente en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior: dos de cada 10 crímenes se cometen en la región. Y esa situación, que viene arrastrándose desde hace años ya, ha dejado en cuadro a quienes deben investigarlos.

En la División de Investigación Criminal de los Mossos, explican fuentes policiales , hay «una terrible falta de personal». En parte, porque el ritmo de trabajo al que se han visto sometidos con ese aumento de la carga de trabajo sin precedentes ha provocado que aumente de forma significativa las bajas laborales.

«Hay muchos compañeros en atención psiquiátrica por cuestiones de estrés. Los ataques de ansiedad son constantes». Parte de los casos que investigan, cuyo número no para de crecer, quedan bloqueados por la falta de personal.

«Hay equipos trabajando en crímenes de hace dos, tres, cinco, hasta 15 años. Si se está en esos casos, no se puede seguir los más recientes. La primera etapa de investigación es muy importante, porque el terreno está fresco y es más fácil localizar testigos. Pero no hay personal para hacerla como es debido, y eso dificulta que se puedan resolver en un futuro». No hablan sólo de asesinatos y homicidios, sino también todas las agresiones graves -con armas blancas principalmente- de las que las víctimas se han salvado. Cualquier crimen que afecte a la vida o a la salud de las personas es de su negociado.

A la delincuencia callejera, que en los últimos años ha disparado las riñas tumultuarias con resultado de heridas graves, hay que sumar la implantación del crimen organizado en la región. Pero el problema principal, dicen, está en la calle: agresiones con arma blanca, muchas veces entre inmigrantes, que terminan archivándose sin culpable. Las comunidades donde se producen esas agresiones son impermeables al trabajo policial de investigación.

Además, a su labor se ha sumado otro obstáculo: la colaboración decreciente de la Guarida Urbana. «Se han puesto de perfil, ya no colaboran. Pero no hay mala intención, su falta de personal y la política no ayuda». «Bastante tienen con la jungla que es Barcelona», aseguran fuentes policiales de Mossos.

Y luego está la cuestión de los mandos. La cúpula política, explican, está «más preocupada por introducir cuotas de mujeres en el cuerpo que por resolver los problemas internos». Y la cúpula policial, además, está enfrentada: el número uno de Mossos ha pedido al consejero de Interior catalán que destituya a su número 2 por falta de confianza.

Criminalidad




El portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior no engaña.  Recoge datos objetivos proporcionados por Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y policías locales. Estos datos colocan a Cataluña como la comunidad autónoma donde más delitos penales se cometen en toda España. En total, con los datos de 2021, son 390.356 delitos, un 20% de los 1.957.719 cometidos en toda España. Frente a Cataluña se encuentra La Rioja, con 9.115 delitos y Ceuta con 3.916 delitos.

A la cabeza de delitos en Cataluña están los hurtos, con 118.745, un delito que se puede ver frecuentemente en las calles de las grandes ciudades catalanas. El siguiente es robo con fuerza, por ejemplo, romper la ventanilla de un coche o una ventana para acceder a un domicilio, con 22.582 casos. Las riñas tumultuarias graves y menos graves, como los altercados relacionados con botellones fueron 3.134 en toda Cataluña durante 2021.

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Noche larga en Alcorcón: un muerto por un disparo y dos apuñalados

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Una noche de fiesta en Alcorcón ha terminado de la forma más trágica posible: una reyerta múltiple a las puertas de una discoteca , dos apuñalados y un muerto tras recibir un disparo en la sien. La Policía Nacional investiga ahora la relación entre los tres agredidos y si los ataques –que podrían ser enfrentamientos entre bandas latinas– están vinculados. Los hechos se desataron a las a las 5.30 horas de la madrugada de este domingo en el exterior de un pub del centro de la localidad. Treinta minutos antes del cierre del club nocturno , en la puerta se inició una pelea en la que, aproximadamente, participaron una veintena de personas. La reyerta terminó con dos personas apuñaladas: un joven, de nacionalidad española y 26 años, con herida por arma blanca en el abdomen ; y otro, nacido en República Dominicana y de 21, con una herida incisa en el hombro. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del Summa 112, que estabilizaron al primero de los heridos y lo trasladaron al hospital del municipio en una UVI Móvil. El segundo de los afectados huyó del lugar hasta su domicilio, según informan fuentes consultadas por este diario, y se personó directamente en el centro sanitario instantes después para que le sanasen la herida que no revestía gravedad. Este joven, de 21 años, ha sido detenido por la Policía Nacional , ya que tras recibir el alta y ser trasladado a dependencias policiales confesó su participación en la pelea, informan fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Media hora después de la reyerta, a solo 800 metros, se recibió un segundo aviso. Un vecino de la avenida Torres Bellas llamó al 091 para alertar de que había escuchado varias detonaciones . Agentes de la Policía y Emergencias 112 Comunidad de Madrid se desplazaron hasta el lugar del aviso, donde hallaron sin vida a un hombre , de 19 años y nacionalidad venezolana, con una herida de bala en la cabeza. Los presuntos autores del crimen efectuaron un mínimo de cinco disparos y al menos uno de ellos impactó en la víctima, que quedó tendida en el suelo sin posibilidad de reanimación. Otros dos fueron a parar al baño portátil de una obra que se está llevando a cabo en el edificio contiguo al lugar del tiroteo. Testigos del suceso manifestaron a los agentes que vieron a los asesinos huir a la carrera en dos coches . Noticia Relacionada estandar No Muere un joven de 19 años tras recibir un tiro en la cabeza en Alcorcón EP Desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid han explicado que acudieron a la zona tras ser alertado por «varias detonaciones por arma de fuego» Efectivos de la Policía Científica y el Grupo V de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación, se personaron en la avenida con el objetivo de recabar pruebas y aclarar lo ocurrido. Todas las hipótesis están abiertas, aunque no se descarta que sea un nuevo ataque entre bandas latinas –posiblemente, Lating Kings contra Dominican Don’t Play, se analiza la posible relación entre las agresiones.

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