Víctimas de ETA, los principales partidos de la oposición y sindicatos de las fuerzas de seguridad salen este sábado a la calle para manifestarse contra un «Gobierno traidor». Así lo define la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), que convoca la protesta de este sábado a partir de las 12.00 horas en la plaza de Colón.

Una movilización que llega tras casi cuatro años en los que Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han forzado la política penitenciaria a favor de los presos de ETA. Tanto que muchas víctimas y colectivos que las apoyan han decidido alzar la voz con un «basta ya», como clamarán hoy en el corazón de la capital.

Las «traiciones» del PSOE, como las califica la AVT, empezaron antes incluso de que Sánchez se hiciera con La Moncloa a mediados de 2018, cuando aseguraba con toda solemnidad que jamás pactaría con el brazo político de los proetarras: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo repito veinte veces», afirmaba en una entrevista ya en 2015. Y así siguió hasta 2019, ya como presidente, cuando negaba por activa y por pasiva que su partido fuera a pactar con los de Otegi para hacerse con el Gobierno de Navarra: «Con Bildu no se acuerda nada», insistía Sánchez días antes de que su compañera María Chivite fuera investida presidenta regional gracias a la abstención de cinco diputados bildutarras.

Justo después de las últimas elecciones generales de 2019, el propio Sánchez convirtió a Bildu en uno de sus socios preferentes. Y, a partir de ahí, se han sucedido las decisiones del Gobierno con un denominador común: favorecer a los cerca de 200 presos de ETA que siguen cumpliendo condena, muchos de ellos por delitos de sangre.

Como reveló el mes pasado un informe de la Guardia Civil, el entorno de los etarras ha disfrutado de línea directa y privilegiada con el Ejecutivo a través de la delegación del Gobierno en el País Vasco y de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

Mientras, el Gobierno de Sánchez ha liquidado la política de dispersión de los etarras a golpe de acercamientos, de los cuales Marlaska ha autorizado ya más de 300. Así, de los 183 presos de la banda que siguen cumpliendo condena en España, más de la mitad (101) ya están en prisiones del País Vasco y Navarra y no queda ninguno a más de 400 kilómetros.

Además de acercamientos, el Gobierno también ha fomentado otras medidas penitenciarias, como las progresiones de grados. Sólo queda un etarra en el régimen más estricto (primer grado), mientras que ya hay 26 en tercer grado, lo que les permite acceder a la libertad condicional y, en la práctica, salir a la calle.

Algo que se acelerará en los próximos meses por otra maniobra de este Gobierno, como fue transferir la competencia de las tres prisiones vascas al Ejecutivo autonómico a finales del año pasado. O, lo que es lo mismo, dejar la mitad de los presos de ETA –89 de 181– y su futuro penitenciario en manos del PNV, partido hegemónico en esta comunidad.

Más concesiones
El Ejecutivo de Sánchez ha explorado otras vías para aliviar las condenas de etarras con penas más largas, que son los que más preocupan y presionan a Bildu. Así, contempla incluso reformas legales para que se puedan descontar en España los años de cárcel que cumplieron en Francia por otros delitos o reducir el límite de prisión real en nuestro país, fijado en la actualidad en 40 años.

Según cálculos de la AVT, sólo la primera de estas medida permitiría a medio centenar de etarras ahorrarse más de 400 años de las condenas que les han impuesto los tribunales españoles. El líder de Bildu, Arnaldo Otegi, presumía en octubre ante los abertzales de que «esos 200 presos tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los Presupuestos [Generales del Estado], los votaremos».

Mención aparte merece una de las situaciones que más indignación provoca en las víctimas: los ‘ongi etorri’ u homenajes públicos a presos de ETA. Pese a que su entorno se comprometió a dejar de hacerlos, lo cierto es que se siguen repitiendo mientras el Ministerio del Interior lleva cuatro años sin novedades sobre la reforma legal que le propuso la AVT para castigar con sanciones económicas a los ayuntamientos que permiten estos actos. Hace sólo dos semanas, centenares de personas homenajearon en el frontón municipal de Berango al etarra Ibai Aginaga con la complicidad de este consistorio vizcaíno.

La Justicia no para
Mejores noticias para las víctimas llegan desde la Audiencia Nacional, que ha puesto pie en pared a Interior para conceder terceros grados con burdas cartas de arrepentimiento y peticiones de perdón en las que los etarras ni siquiera citan a las víctimas que asesinaron ni los atentados que cometieron. También ha reabierto varias causas judiciales para intentar juzgar a miembros de la cúpula de ETA que ordenaron, planificaron o permitieron crímenes como los de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.