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ETA y Bildu: 379 deudas de sangre con las víctimas y con la sociedad española

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La asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ) celebró este martes la presentación oficial del libro ‘379, los crímenes de ETA sin resolver’. Es el resultado de un trabajo profuso para detallar todos los asesinatos cometidos por la banda terrorista que han quedado impunes. Son casi la mitad de los 856 crímenes de ETA durante más de cuatro décadas, desde el primero en 1968 hasta el último en 2010.

Casi 400 familias que ni siquiera han tenido la oportunidad de ver a los asesinos de sus seres queridos sentados en un banquillo para responder ante la Justicia. Como explica en el prólogo de esta obra el vicepresidente de DyJ, Víctor Valentín, fundamentalmente por dos razones. La primera, «por la ausencia de testigos y demás elementos de prueba», toda vez que los medios con los que contaban las fuerzas de seguridad para investigar estos atentados en los años más sanguinarios de ETA, a finales de los 70 y la década de los 80, eran muy escasos y rudimentarios. Y la segunda y más importante, según Valentín, «por el complejo de la sociedad y del Estado para hacer frente al terrorismo», lo que provocó que «durante muchísimos años se mirara para otro lado quedando en el olvido el dolor de tantas y tantas familias».

Muchos de estos asesinatos han prescrito, al transcurrir más de 20 años sin que la Justicia española pudiera abrir una causa judicial. Otros se cometieron antes de la Ley de Amnistía de 1977, que extinguió la responsabilidad penal de los autores de unos 70 crímenes de ETA durante la dictadura y la Transición. Gracias a esa norma excepcional, muchos etarras salieron de la cárcel de inmediato y otros que permanecían huidos lograron así la impunidad. Es la misma ley que ahora pretende reformar este Gobierno de PSOE-Unidas Podemos y sus socios parlamentarios, como Bildu, pero sólo para los crímenes franquistas y no para los cometidos por ETA y otros grupos de extrema izquierda en esos mismos años e incluso después.

Y es que más del 80% de esos asesinatos ocurrieron ya en plena democracia y no pocos de ellos todavía no han prescrito. Sin embargo, los únicos culpables de que sigan impunes son los propios etarras, que se niegan a colaborar con la Justicia para aportar la más mínima prueba o indicio al respecto. Algo que sería muy útil para los tribunales españoles y las familias afectadas, como quiera que ETA era una organización con una jerarquía férrea y en la que, por tanto, los dirigentes de la banda sabían perfectamente quién cometió todos y cada uno de esos atentados sobre los que los etarras se niegan a confesar no sólo quién los cometió, sino también quién los ordenó y planificó.

Algunos de estos crímenes se perpetraron en las dos últimas décadas, por ejemplo el de Diego Salvá, el joven de 27 años al que ETA mató en 2009 cuando era agente en prácticas de la Guardia Civil en Calvià (Mallorca). O los ertzainas Ana Isabel Arostegi y Javier Mijangos, asesinados por ETA a finales de 2001 mientras regulaban el tráfico en la localidad guipuzcoana de Beasain.

Beneficios sin colaborar
Dignidad y Justicia recuerda que la legislación española vigente ya condiciona ciertos beneficios penitenciarios a que los etarras colaboren con las autoridades para esclarecer otros crímenes de ETA. El artículo 90.8 del Código Penal establece que «la libertad condicional requiere» que el preso en cuestión «haya colaborado activamente» para, entre otras cosas, «la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas», como esos más de 300 asesinatos de ETA posteriores a la Ley de Amnistía que siguen impunes. Y la Ley General Penitenciaria, en su artículo 72.6, exactamente lo mismo para el tercer grado.

Sin embargo, los etarras siguen accediendo a esos beneficios penitenciarios cuando cumplen el 75% de su condena sin colaborar con la Justicia. Y sin cumplir otros requisitos de esas mismas leyes, como pagar la responsabilidad civil a las víctimas, grandes cantidades de dinero que tiene que asumir el Estado. O el arrepentimiento «inequívoco», que los etarras han venido sorteando con cartas de mero trámite que la Audiencia Nacional ya no considera válidas. Por todo ello, el presidente de DyJ, Daniel Portero, añade en la introducción del libro que «ETA continúa torturando hoy a todas estas familias con muy graves consecuencias morales y psicofísicas».

A lo largo de dos tomos que suman 770 páginas, este libro dedica una ficha completa a cada una de esas 379 víctimas cuyos asesinatos a manos de ETA no han sido resueltos. Desde sus datos personales y del propio atentado, hasta la situación judicial en la que quedó o sigue pendiente cada caso.

La presentación se celebró en el Centro Cultural de los Ejércitos y corrió a cargo de la número dos del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, hermana del concejal del PP sevillano Alberto Jiménez-Becerril, al que la banda asesinó en 1998 junto a su esposa, Ascensión García. Durante la presentación señaló que «tenemos una deuda ingente» con esas 379 familias «que no pueden cerrar el círculo del dolor» porque «no saben qué pasó con sus seres queridos. Entre los asistentes también estaba el propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, al que Dignidad y Justicia agradeció su colaboración en esta iniciativa.

Como Putin
Por su parte, el presidente de DyJ comparó la guerra de Ucrania con la labor de su asociación por sentar en el banquillo no sólo a los que apretaban el gatillo o activaban las bombas de ETA, sino también a los dirigentes que ordenaban y planificaban esos atentados. Portero explica que, aunque Putin «no ha dado ni un sólo tiro, nadie duda que debe ser juzgado por esos crímenes», de la misma manera que las sucesivas cúpulas o ‘zubas’ de ETA deben responder ante la Justicia española de los asesinatos que se cometieron en España durante sus respectivas etapas.

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Detenido un clan de narcos que utilizó a dos menores para deshacerse de la droga en Zaragoza

Detenido un clan de narcos que utilizó a dos menores para deshacerse de la droga en Zaragoza

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La policía ha detenido a un clan familiar de narcos en Zaragoza dedicado a la venta de cocaína. La detención por parte de los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se ha saldado con la detención de veinte personas a las que se le imputan dos delitos, uno de tráfico de drogas y otro de pertenencia a un grupo criminal.

El grupo estaba altamente especializado en todos los ámbitos de la venta de cocaína, desde la compra de grandes cantidades hasta su entrega al cliente final. En la operación policial, los detenidos no dudaron utilizar a menores de edad para intentar deshacerse de la droga.

Todos los detenidos, dada la gravedad de los hechos, fueron puestos a disposición judicial, habiéndose decretado para ocho de ellos prisión provisional y para el resto otras medidas cautelares de control sobre su libertad de movimientos.

La investigación que se ha saldado con la desarticulación de este clan de la droga que operaba en la provincia de Zaragoza, inició el pasado mes de noviembre, cuando los agentes recibieron varias informaciones sobre una posible trama de tráfico de sustancias estupefacientes.

Este grupo criminal era muy activo y le permitía tener como única fuente de ingresos las ganancias que les proporcionaba el tráfico de drogas. Así mismo, tenía gran relevancia en el mercado ilícito de la venta de cocaína en la provincia de Zaragoza, puesto que la policía había detectado que tenían una larga cartera de clientes y consumidles finales.

Un clan familiar de origen colombiano

La atención de los agentes del Grupo de Estupefacientes encargados de la investigación, estuvo fijada en una pareja de origen colombiano que tenía su residencia en el pueblo zaragozano de Cuarte de Huerva, donde distribuirían cocaína a multitud de clientes en Zaragoza y poblaciones cercanas.

Tras comprobar estas informaciones, los agentes pudieron identificar plenamente a estar personas y también a otra pareja de origen colombianos los cuales actuaban como jefes de los primeros, resultando ser todos familia.

De tal manera, los investigadores se centraron en los miembros de la misma familia, comprobando que la forma de delinquir era muy similar en todos ellos. Su actividad ilícita consistía en repartir la sustancia estupefaciente a multitud de clientes por ellos mismos, o través de personas que tenían asalariadas y que eran muy cercanas a su entorno.

Tal y como indican las fuentes policiales, sería la segunda pareja identificada, y la que actuaría como jefecilla del clan familiar, la encargada de proporcionar la droga al resto de la organización a través de proveedores de fuera de Zaragoza. Esta pareja tenía la residencia fijada en otro municipio de Zaragoza, La Muela.

En cualquier caso, según indica la policía, la otra pareja era libre de buscar sustancias en otros mercados o a través de otros traficantes sin pasar por los miembros destacados. Además, los agentes averiguaron que uno de los miembros del clan acababa de aprovisionarse, de manera independiente, de un kilo de cocaína. Precisamente, los agentes localizaron a esta persona y la detuvieron portando la mochila que contenía en su interior la droga.

1.ª fase de la detención de este clan de la droga en Zaragoza

Los veinte miembros del clan fueron detenidos por la policía en dos fases, en cada una de las cuales se detuvo a diez personas. En la primera etapa, los agentes detuvieron al hombre que portaba la mochila, junto con otros nueve, realizando a su vez varios registros domiciliarios y de vehículos.

En esta operación, la policía encontró 6,5 kg de cocaína, de la cual parte de esta estaba ya preparada en dosis individuales listas para su venta. También intervinieron multitud de efectos para cortar, manipular y preparar la droga, en dosis individuales como básculas, bolsas, cierras, sustancias de corte, etc.

En uno de los registros realizados, la policía sorprendió mientras esperaba la llegada de la comisión judicial, a una menor de 17 años y a otro de 12 años, que estaban abandonando la vivienda con un kilogramo de cocaína y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas.

2. ª fase de la detención de este clan de la droga en Zaragoza

Tras la primera detención y pasados unos días, los agentes detuvieron a otros cuatro miembros in fraganti, justo en el momento en que trataban de ocultar parte de la droga (más de 600 gramos de cocaína) así como 45.000 euros en dinero en efectivo y útiles para su manipulación en una motocicleta que el clan utilizaba para repartir a sus clientes la droga por toda Zaragoza.

Así mismo, los investigadores detuvieron a otras tres personas, dedicadas a la venta del menudeo al cliente final, y a los tres miembros del clan familiar, responsables directos del tráfico de drogas y de tener trabajando para ellos a otros dos.

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Así es el método de ‘apalancamiento’ con el que dos ladrones han robado 11.000 euros en diez bares de un pueblo de Valencia

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por la comisión de una decena de robos en bares de la localidad valenciana de Sueca.
El total de lo sustraído ascendería a más de 11.000 euros , según ha informado el instituto armado en un comunicado. Las hechos comenzaron en el mes de diciembre del pasado año, cuando la Benemérita detectó un significativo aumento de los robos en establecimientos hosteleros, por lo que dio inicio a la denominada operación ‘Bossu’ para dar con los delincuentes.
Una vez comenzada la investigación, los agentes se dieron cuenta de que todos los robos se realizaban en establecimientos ubicados en la zona centro de la localidad y a través del método del ‘ apalancamiento ‘, por el que sujetaban la persiana con un palo o barra de hierro.
Después, los ladrones sustraían dinero del interior de las máquinas de tabaco, tragaperras o máquinas registradoras, además de botellas de alcohol y otros enseres.
En este sentido, la Guardia Civil inició las labores de vigilancia discreta en la localidad para tratar de dar con los responsables de los robos, lo que dio como resultado la identificación de un posible sospechoso que fue visto, en diversas ocasiones, merodeando cerca de la «zona caliente» donde se producían los robos.
Finalmente, a las 2:55 de la madrugada del 7 de marzo, se recibe un aviso de la central de alarmas que informa de la presencia de una persona en uno de los establecimientos , tras lo que, personados los agentes, observan a dos varones huyendo del lugar.
Uno, incluso, llega a lanzar un destornillador por encima de una parcela vallada, que fue posteriormente localizado junto con los sospechosos, que no tardaron en ser identificados al vestir con la misma ropa que la captada por las imágenes de seguridad del establecimiento.
En total, los detenidos han sustraído más de 11.000 euros entre dinero en efectivo y diversos enseres (alcohol, jamón, queso), además de los daños causados.
Por todo ello, se procede a la detención de dos varones de 43 y 49 años por diez delitos de robo con fuerza en las cosas . Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Sueca.

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Detenida una mujer por robar patinetes y bicicletas a alumnos de institutos de Benicarló mientras estaban en clase

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a una mujer por un delito continuado de hurto de patinetes eléctricos y biciclestas en centros educativos de la localidad castellonense de Benicarló, según ha informado el instituto armado en un comunicado.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre a raíz de las denuncias interpuestas por los progenitores de tres alumnos de un Instituto de Educación Secundaria de la localidad, a los que les habían sustraído sus patinetes eléctricos mientras se encontraban en clase.
Tras las primeras pesquisas, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Benicarló centró la investigación en una mujer con antecedentes por hechos similares.
Además, se determinó que el modus operandi utilizado por la presunta autora era aprovechar los momentos en los que los alumnos se encontraban en las aulas y las puertas de acceso a los recintos estaban abiertas para acceder al interior y sustraer «con total impunidad» los patinetes y las bicicletas.
Por todo ello, el pasado día 22 de marzo, los guardias civiles detuvieron a la mujer, de 33 años, a la que se le atribuye un delito continuado de hurto por la sustracción de tres patinetes en un Instituto de Educación Secundaria y tres bicicletas en otros centros docentes de la misma localidad.
La actuación ha sido realizada por componentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Benicarló. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Vinaroz.

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