El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la denominada operación Cóndor y ha decretado que la causa se siga contra ocho personas, entre ellas el dueño de Monbus, y dos empresas –Transportes la Unión y Viajes Fisterra –, por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de delitos de falsedad contable, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Sin embargo, en el auto, recogido por Europa Press, el instructor no ve indicio de delito en los hechos vinculados con el vehículo de lujo de 11 plazas de Monbus, puesto a disposición del expresidente del Congreso José Bono y diversos acompañantes, sin coste alguno para ellos, para su desplazamiento desde Salobre (Toledo) a Sanxenxo (Pontevedra) y luego para rutas turísticas en Galicia, con chófer y guía turístico, y regreso a Castilla-La Mancha (entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 2014). Lo mismo ocurre con los servicios utilizados en el Hotel Talaso de Sanxenxo por parte de José Bono durante su estancia u «obsequios puntuales», sobre los que el juez señala que «no se aprecia indicio alguno de delito, pues, pese a lo prolongado de la investigación, no se pone en relación dichos obsequios ni con el ejercicio, directo o indirecto, pasado o futuro, de funciones públicas del beneficiario ni con resoluciones administrativas dictadas ni con la influencia en su dictado».

En el auto, difundido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), y tras las diligencias practicadas, el magistrado explica que puede considerarse como indiciariamente acreditado que en 2009, la persona que ejercía de administrador de Monbus, Raúl López, alcanzó un acuerdo con los que eran administradores de Viajes Fisterra –padre e hijo–, según el cual esa sociedad, que además de vender circuitos turísticos organizados ofrecía excursiones complementarias opcionales en destino, contrataría a una empresa vinculada al grupo Monbus, Transportes la Unión, como proveedor principal de esas excursiones opcionales. El pacto consistía, según consta en la resolución, en que Transportes la Unión, la cual sería dirigida por el administrador de Monbus, proporcionaría los autobuses y conductores. Los viajeros abonarían los pagos por esas excursiones a los guías turísticos que los acompañaban en efectivo, sin recibir tiques o facturas.

El instructor relata en el auto que, una vez llevado a cabo el acuerdo, Viajes Fisterra formó «una caja en B, absteniéndose ambas sociedades y sus gestores, de forma consciente y deliberada, de declarar parte sustancial de tales ingresos ante la Agencia Tributaria, ni por el Impuesto de Sociedades ni por el Impuesto sobre el Valor Añadido, como era obligado, así como de incluirlos en su contabilidad». El magistrado asegura que hay indicios de que para ello elaboraron, tras haberse puesto de acuerdo en los servicios de autobús que habían de ser facturados y cuáles no (plaza a plaza), así como sobre sus cuantías, «facturas no acordes con la realidad de los servicios prestados». Además, contaron con la intervención de algunos empleados «en la gestión operativa, el registro contable y correspondiente abono irregular en efectivo».

Ambas empresas, según la resolución, llevaban «una contabilidad que, de forma consciente, no reflejaba parte de las operaciones comerciales, con constancia solo de una parte de los servicios efectivamente prestados y sus ingresos, omitiendo/simulando otros servicios y sus ingresos, los cuales Viajes Fisterra abonó a Transportes la Unión en efectivo, pero cuya contabilización formal no se registraba».

Cantidades defraudadas
En cuanto a Transportes la Unión, las cantidades presuntamente defraudadas con respecto al I.V.A. de entre los años 2008 y 2014, no superan el umbral delictivo de los 120.000 euros, por lo que no hay indicios suficientes de delito fiscal respecto de dichos fraudes en esos ejercicios e impuesto. Sin embargo, con respecto al Impuesto de Sociedades, la cuota defraudada ascendería 1.177.787 euros, si bien en el caso del año 2014 fue de 65.631 euros, por lo tanto, no supera el umbral delictivo de los 120.000 euros. Respecto a Interrías, las cuotas defraudadas por el Impuesto de Sociedades por los años 2012 y 2013, que son las únicas que superan los 120.000 euros, sería de 328.484 euros.

En ejecución del plan, según el instructor, actuó el yerno del administrador de Monbus, quien presuntamente gestionaba el dinero cobrado en efectivo y las entregas a Transportes la Unión. Además, asegura que el administrador del grupo operó con el conocimiento y auxilio de empleados investigados en la causa. En concreto, del entonces director financiero de Monbus, que era quien ejercía «todo el control contable y gestión financiera de todos los ingresos, incluidos los irregulares, llevando así una doble contabilidad», y de la trabajadora que se encargaba del control de la facturación respecto de Viajes Fisterra y de las sumas en metálico irregulares a abonar y que se abonaban. Por su parte, los dos administradores de Viajes Fisterra, actuaban, según la resolución, a través de otro de los investigados, quien tenía «las más amplias funciones de administración de la empresa», y actuaba «con el conocimiento y el auxilio directo» de una empleada (también investigada), quien participaría «en la preparación, registro contable detallado y en la entrega material de las sumas irregulares de dinero».

«Disfrutaban así de grandes cantidades de dinero en efectivo, de las que disponían para pago en metálico a distintos proveedores, operaciones inmobiliarias, gestión de gastos de las empresas ligadas a la familia, sus propios gastos y ahorro en metálico», señala el instructor, quien especifica que fueron intervenidos en los registros realizados un total de 1.381.636 euros en hoteles pertenecientes y gestionados por el grupo empresarial al que pertenece Viajes Fisterra. El magistrado destaca que, pese a los «importantes ingresos» del administrador del grupo Monbus, «su patrimonio mobiliario e inmobiliario o el de sus familiares más directos no se corresponde a tales ingresos y el elevado nivel de vida del que disfrutaba junto con su familia».

Además, resalta que traspasaron a una sociedad (Maysga) importantes cantidades de dinero cobradas en efectivo a Interrías, «adquiriendo un importante patrimonio mobiliario e inmobiliario, con un valor estimado en 2.384.809 euros, pese a carecer tal mercantil de una actividad real en el tráfico mercantil y de personal suficiente real para ello». El juez ha ordenado dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas, para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias. Contra el auto cabe presentar recurso.