El Ministerio del Interior, en manos de Fernando Grande-Marlaska, ha gastado 1.073.425 euros en un plan contra delitos de odio que obvia las ofensas a los cristianos, a las víctimas del terrorismo de ETA o, entre otros, a los españoles constitucionalistas que sufren a los independentistas en Cataluña.

El plan detalla que «por categorías o modalidades, tres figuras ocupan, y con diferencia, los primeros lugares de la tipología de los delitos de odio: los relacionados o derivados de conductas racistas o xenófobas (678 en 2021, el 37,6 % del total), los delitos de odio contra la orientación sexual e identidad de género (477, el 26,5 %) y, en tercer lugar, los derivados de discriminaciones o ataques por ideología (336, el 18,6%)».

En total, esos tres tipos suman el 82,7 % y no incluye ofensas por religión, por sufrir haber sufrido un atentado etarra o yihadista, o por no tragar con las proclamas independentistas. Son tres colectivos que suelen ser objeto de agravio por parte de «raperos», «artistas» y otros provocadores de izquierdas. El Ministerio niega que se den esos tipos de menosprecios.

El plan ha sido detallado a OKDIARIO por el director general de Coordinación y Estudios de Interior, José Antonio Rodríguez. Este alto cargo respondía así a este periódico que preguntaba sobre los planes ministeriales para cumplir la promesa de Pedro Sánchez de crear unidades especiales de Policía Nacional y Guardia Civil para perseguir los delitos de odio. El presidente del Gobierno lo anunció en septiembre tras presidir una reunión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento de los Delitos de Odio tras la falsa agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña.

El alto cargo del Ministerio detalla que el 12 de abril de 2022, Interior aprobó el II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio 2022-2024. Ese mismo día se aprobó la Instrucción 5/2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre dicho plan.

Grupos de lucha

Dentro de ese plan se recoge la creación de Grupos de lucha contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y Brigadas Provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y sus Unidades Periféricas. Se prevé su creación durante el segundo semestre del año 2022. Todo ello, con un coste previsto de 58.500 euros.

Por otra parte, este plan, que en suma tiene una dotación de 1.073.425 euros, desgrana «un paquete integral que contiene 86 medidas concretas para prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva». Este dispositivo incluye la mejora de la asistencia y apoyo a las víctimas de este tipo de comportamientos delictivos.

El primer plan contra delitos de odio fue aprobado en enero de 2019 y estaba vigente hasta 2021. Interior destaca que organismos internacionales como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODHIR) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la propia Comisión Europea lo consideró muy positivo, hasta el punto de poner a España como referente y ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra los delitos de odio.

De nuevo se ha contado con la participación y aportaciones de todos los cuerpos policiales, estatales y autonómicos, de la Fiscalía de Sala contra los Delitos de Odio y la Discriminación y las organizaciones sociales especializadas en la materia.

Las ocho líneas de acción pasan por el desarrollo de herramientas específicas y el refuerzo de los servicios de asesoramiento, la mejora de los mecanismos de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones especializadas o la mejora de la efectividad de las investigaciones.

Por otra parte, además de los grupos de lucha contra los delitos de odio, se promete la impulso de la formación, sensibilización y concienciación de los agentes del Estado, el incentivo a las actividades con las organizaciones del tercer sector encaminadas hacia la mejora constante, el incremento de los instrumentos con que cuentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la ampliación de los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD) del Ministerio del Interior.

El Gobierno publicita que se gastará entre 2022 y 2024 1.073.425 euros.  De los cuales, 284.575 euros van a mejorar de la asistencia y apoyo a las víctimas de los delitos de odio y 277.210 euros a herramientas que incrementen la eficacia de la investigación policial. Las medidas son, según dicen, de obligado cumplimiento para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron 1.802 posibles delitos de odio, frente a los 1.272 investigados en 2016. En cinco años son 530 más, una subida del 41,6 %. Desde 2014, primer año con registros, 11.811 casos han sido objeto de investigación policial.