Las agresiones sexuales con penetración y los homicidios dolosos y asesinatos consumados han aumentado notablemente en el segundo trimestre del este 2024 en la Comunidad Valenciana, según refleja el balance trimestral de criminalidad del Ministerio del Interior. En concreto, las agresiones sexuales con penetración se han incrementado en un 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras los homicidios dolosos y asesinatos consumados han sufrido un enorme aumento porcentual, hasta alcanzar una subida del 112,5%. En el lado contrario, los secuestros se han reducido un 47,2%. En cifras absolutas, las infracciones penales en la Comunidad Valenciana se han incrementado de las 115.797 en los seis primeros meses de 2023 a las 117.746 en el primer semestre de de este 2024.

Estas cifras se producen en un contexto que se ha caracterizado por la reclamación desde la Consejería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana de más efectivos tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil y en medio de un incesante trabajo de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad por dar la mejor respuesta a la realidad delincuencial.

Ya en una reunión mantenida en abril de este 2024, representantes de la Confederación Española de Policías (CEP) y la Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) reclamaron una actualización de los puestos de trabajo del Ministerio de Interior, porque no se renovaban desde los años 2008 y 2010. Una circunstancia que les hacía encontrarse infradotados ante el aumento de realidad delincuencial por el aumento de la población y el incremento de la inmigración ilegal.

En concreto, los homicidios dolosos y asesinatos consumados en la Comunidad Valenciana fueron 16 al término del segundo trimestre de 2023. En tanto que, en el actual 2024, la cifra se ha elevado hasta los 34. Estos números suponen, porcentualmente, un incremento del 112,5%, mientras que a nivel estatal, la subida ha sido mucho más moderada. En concreto, de 180 en los seis primeros meses de 2023 a 195 en el primer semestre de 2024. Un 8,3%.

Respecto a las agresiones sexuales con penetración, a nivel estatal, han crecido en España de 2.305 en los seis primeros meses de 2023 a 2.465 de enero a junio de 2024, lo que supone un aumento porcentual del 6,9%.

En la Comunidad Valenciana, este tipo de delitos han crecido de 204 en 2023 a 267 al término del mes de junio de este 2024, con una subida del 30%. En concreto, 23 puntos por encima de la media estatal.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha pedido a la Fiscalía que informe sobre si compete o no a dicha instancia judicial abordar el caso de presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato, en el cual el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos se inhibió en favor de los juzgados de Instrucción, al alegar el inculpado una rectificación de su inscripción registral identificándose como mujer. José Antonio Sires, que representa a la acusación particular que ejerce la denunciante del caso, ha explicado a OKDIARIO Andalucía que espera que la Fiscalía se decante por una prisión de hombres.

En una providencia emitida el pasado viernes, dicha instancia judicial expone que «dadas las circunstancias personales de las personas litigantes, remitánse las actuaciones al Ministerio Fiscal a fin de que informe si este órgano es competente para continuar con el conocimiento de la causa o procede plantear cuestión de competencia a la Audiencia Provincial, al no constar el visto del Ministerio Fiscal en el auto dictado por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número dos de Sevilla de fecha 13 de agosto de 2024, acordando la inhibición a favor de los Juzgados de Instrucción».

En dicho auto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Sevilla acordaba derivar a los juzgados de Instrucción las actuaciones incoadas por la denuncia de una mujer contra su ex pareja y padre de sus hijos, por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato; exponiendo que había unido a tales diligencias un auto de fecha de 6 de agosto de 2023 del Registro Civil de Carmona, «donde se acuerda la rectificación de la mención registral del sexo» del varón investigado, que «pasará a ser mujer».

Al punto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos explica que «la nueva redacción dada por el artículo 44 de la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que la competencia objetiva, en el ámbito penal del Juez de Violencia sobre la Mujer, se extenderá a la instrucción de los delitos cometidos contra quien sea o haya sido la esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, así como a los descendientes, menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a potestad, cuando también se haya producido un acto de violencia de género».

Voluntad del legislador

«Quedan excluidos por tanto, y por expresa voluntad del legislador, que de otra forma los hubiera incluido, los posibles delitos o delitos leves de los que sean sujeto activo o pasivo personas distintas a las mencionadas», argumenta el juzgado, concluyendo que «el sexo de la persona denunciada ha cambiado, siendo ahora el de mujer, por lo que procede la inhibición de las diligencias previas remitidas por falta de competencia objetiva, con remisión de las mismas a los Juzgados de Instrucción» de Sevilla.

Ante ello, el abogado penalista Sires ha interpuesto un recurso de reposición ante el propio juzgado contra dicha decisión judicial; avisando de que el artículo 46.3 de la Ley 4/2023 de garantía de los derechos de las personas LGTBI dispone literalmente que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género».

Este letrado, que viene avisando de que este cambio de sexo del investigado para pasar a ser mujer supone «un fraude de ley» para que su caso sea abordado por un juzgado convencional y no por uno de violencia sobre la mujer con lo que ello comporta en materia de penas; ha explicado que esta persona ya había sido condenada en 2019 a 15 meses de prisión por malos tratos con relación a su expareja y mujer denunciante de estos otros hechos de presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato.

Defensa

La defensa, de su lado, asegura que esta persona siempre se ha «sentido mujer» y el «único error» que ha cometido ha sido «crecer en una sociedad en la que ha estado cohibida durante mucho tiempo, sin poder expresar su verdadera condición sexual».

«El día que se aprobó la Ley Trans vio la luz al final del camino y a los 15 días de la aprobación de la misma fue al registro a cambiar su género. Ella sólo hizo realidad su deseo de convertirse en mujer y la ley por primera vez la amparó. Ella no ha realizado este paso tan importante simplemente por librarse de la cárcel, con esta nueva defensa jurídica ha obtenido una sentencia absolutoria, ya que la denuncia interpuesta era falsa», sostiene su defensa.

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido 70 kilogramos de carne en el madrileño distrito de Carabanchel dentro del maletero de un vehículo sin refrigerar, ha informado a Europa Press un portavoz del Cuerpo Local.

Dos detenidos por la reyerta en Carabanchel que dejó un herido de gravedad
La intervención tuvo lugar el pasado lunes en la avenida de Oporto número 13, cuando los agentes le dieron el alto y le pidieron el permiso de conducir. Al inspeccionar el vehículo, comprobaron que en el maletero llevaban varias bolsas con 70 kilos de carne sin ningún tipo de protección térmica.

Por ese motivo, llamaron a los especialistas de Madrid Salud del Ayuntamiento, que levantaron acta y comprobaron que el género se encontraba entre 11,8 y 18,7 grados de temperatura, por lo que ordenaron la destrucción del género, a lo que se dueño accede voluntariamente y se realiza en el Mercado de San Isidro.

Además, ha sido denunciado por transporte de mercancía perecedera en un vehículo sin las características térmicas adecuadas. Se trata del propietario de una carnicería que se dirigía a repartir a un restaurante latino en el distrito de Usera, que será inspeccionado.