Domingo Álvarez Abalde lleva más de veinte años como vigilante de seguridad. En su trayectoria figuran varias situaciones complicadas, pero ninguna agresión física fue tan grave como la que sufrió el pasado sábado, 14 de mayo. Lo cuenta todavía dolorido y de baja laboral tras haber presentado una denuncia ante la Policía Nacional. Eran sobre las 17.20 horas del sábado cuando Domingo fue requerido por personal facultativo del hospital para que desalojara un box del servicio de urgencias. Según consta en la denuncia, el motivo era que la nieta de un paciente mayor que estaba siendo atendido por los sanitarios estaba incordiando a la enfermera, interfiriendo en su trabajo. Una vez en el box, la mujer se niega a abandonar a su abuelo, aunque después accede.

La cosa parecía haber quedado ahí, pero no fue así. Poco después, se persona en urgencias una patrulla de la Policía Nacional. Domingo vuelve a ser llamado para acudir a esas dependencias del servicio. Pero esta vez ya no le dio tiempo. Salió a pie de la garita situada en el vial de acceso a urgencias y por el camino se encontró de frente con la chica que había sido desalojada, que iba acompañada de su padre. Este hombre, sin mediar palabra, empezó a propinar al vigilante puñetazos y patadas, al tiempo que su hija lo agarraba. Domingo acabó en el suelo, donde siguió recibiendo patadas, alcanzándole en la cara, el brazo derecho y la espalda. 

Debido a las lesiones fue atendido primero en el propio servicio de urgencias de Montecelo, y después derivado al hospital Quironsalud Miguel Domínguez. Los partes acompañan la denuncia. Domingo, que está acostumbrado a lidiar con situaciones difíciles, no entiende el comportamiento de los familiares del paciente. «Es la lesión física más grave, de que me golpearan, sí. Hubo otras complicadas, como cuando hubo que cerrar el servicio de urgencias porque había una persona con un cuchillo. Esto es muy desagradable, estás haciendo tu trabajo y empiezan a darte puñetazos y patadas sin más. Caí al suelo y siguió», relata. Este vigilante al que le quedan cinco años para jubilarse y que tiene reconocida una discapacidad del 40 % por un infarto, cuatro stents y una lesión lumbar, pide que se reconozca la autoridad y se respete la función de estos profesionales. «Cuando nos llaman para actuar las fuerzas de seguridad o el personal sanitario sí estamos amparados por la ley, aunque siempre a expensas de lo que determine un juez. Siempre intentamos no agredir, reducir y retener. No somos de golpear porque estamos habituados a trabajar con enfermos», apunta.

Por su parte, el sindicato USO (Unión Sindical Obrera) anunció que intensificará su campaña Stop agresiones al personal de seguridad privada en Galicia tras la «brutal agresión» sufrida por el vigilante del hospital Montecelo. Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la central se alerta del aumento de estos comportamientos al personal y se anuncian acciones en la comunidad autónoma. Expone que la Ley de Seguridad Privada, aprobada en 1992, eliminó después de cien años la condición de agentes de la autoridad de los vigilantes de seguridad. «La aplicación de esta ley ha llevado a que, en muchas ocasiones, los vigilantes no estén amparados jurídicamente en el ejercicio de su profesión», afirma USO. Añade que con la regulación actual aprobada en el 2014 se intenta atajar esta situación al introducir en el articulado una protección jurídica de agente de la autoridad, considerando agresión y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada, debidamente identificado, cuando desarrolle sus actividades en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un cambio que USO considera «descafeinado» y de criterio «muy subjetivo».

También hace hincapié en que las lesiones que sufren los vigilantes podrían reducirse con la implantación de equipos de protección individual adecuados a la prestación del servicio. USO exige la implantación de una protección anti-trauma/pinchazo, la dotación de chalecos y medios de defensa más efectivos y adaptados a los riesgos más expuestos. En el caso de los vigilantes de los hospitales públicos del CHOP pontevedrés solicitaron sin éxito a la empresa concesionaria, Eulen, la dotación de gel pimienta.