Los policías, los guardias civiles y los funcionarios independientes se han hartado de las promesas de Pedro Sánchez y a partir de este miércoles se movilizarán en las calles de toda España para protestar por la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación desbocada. El recorte de sueldos hechos por el Gobierno durante toda la legislatura. La convocatoria no está apoyada ni por CCOO ni por UGT, sindicatos afines al Gobierno de PSOE y Podemos. Los funcionarios denuncian una pérdida del 15% del salario real a consecuencia de las políticas económicas del Gobierno.

Según el principal convocante de las protestas, CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios),»las empleadas y empleados públicos han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2010: exigimos al Ministerio de Hacienda que inicie ya la negociación salarial».

En representación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se ha sumado a las movilizaciones Jusapol, mayoritario en el Consejo de Policía Nacional. Los actos tendrán lugar en «toda España contra el Gobierno, en defensa de la dignidad y la calidad de los servicios de los y las empleados públicos, que arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 15% cuando se les rebajó el sueldo en 2010», han explicado en un comunicado.

La concentración principal se producirá en Madrid, en la puerta de la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública -calle Alcalá, 5- mientras que en el resto de España se realizarán concentraciones en las puertas de las subdelegaciones de Gobierno. El sindicato CSIF lleva solicitando desde el mes de marzo de 2022 la apertura de la negociación, pero ante el mutismo de la ministra de Hacienda, «hemos decidido iniciar este proceso de movilizaciones», explican.

El sindicato independiente denuncia «que el conjunto de trabajadores públicos está contribuyendo al Pacto de Rentas desde hace 11 años, por lo que exigimos un acuerdo plurianual que permita mitigar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas», además consideran que «las y los empleados públicos se sienten maltratados. A la pérdida de poder adquisitivo hay que sumar el déficit y el envejecimiento estructural de las plantillas, la alta de temporalidad de empleo en el conjunto de las Administraciones Públicas».

Por su parte, desde JUSAPOL, JUPOL y JUCIL, se pone de manifiesto la «urgente necesidad de concluir, de una vez por todas, con la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado – Policía nacional y Guardia Civil – con las policías autonómicas».

Una situación, según Aarón Rivero, secretario general de JUPOL , que «ya se alarga mucho en el tiempo, sin que el Gobierno ponga una solución». Rivero añade que para el Ejecutivo actual «la equiparación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue un compromiso de su programa electoral y que nada más llegar al Gobierno decidieron vetar la Iniciativa Legislativa Popular de JUSAPOL en el Congreso de los Diputados».

«Los empleados y empleadas públicos han dado sobradas muestras de compromiso y de sacrificio, en los últimos años. Durante la pandemia hemos dado todo y más para que este país saliera adelante y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes dificultades que han tenido que asumir las plantillas del SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuerzas de Seguridad», añaden los convocantes.

Por todo ello, desde CSIF se exige al Gobierno «que esté al mismo nivel de compromiso y de entrega que los y las funcionarios públicos han demostrado en los últimos años, y les conceda los recursos justos y necesarios para que puedan seguir realizando su trabajo al servicio de todos los ciudadanos con la misma efectividad y profesionalidad demostrada en los últimos años» y entre sus peticiones están «recuperar el poder adquisitivo, respetar las condiciones laborales, estabilizar el empleo y suprimir la tasa de reposición, corregir las desigualdades retributivas entre administraciones, actualizar las cuantías sobre indemnización por razón de servicio, adecuar los complementos de insularidad y fijar el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad», entre otras cuestiones, aseguran desde el sindicato.