Los ex vigilantes del Centro Nacional de Formación de Bamio del Instituto Social de la Marina Bamio acaban de ganar la primera batalla en la guerra que mantienen desde hace meses por la defensa de sus derechos laborales. El Juzgado de lo Social número uno de Pontevedra acaba de fallar a su favor, reconociendo el despido improcedente y las cantidades adeudadas que se reclaman a la empresa, Mersant Vigilancia S.L., que es condenada a readmitir al personal y al pago de los salarios de tramitación desde el 31 de marzo hasta la fecha o a la indemnización al personal por despido por un montante de 166.950 euros más 7,5 días de vacaciones por un importe total de 2.393,70 euros más el diez por ciento de intereses moratorios. Esta cantidad corresponde a la reclamación de cinco de los doce trabajadores afectados por este conflicto laboral. Queda pendiente un segundo juicio para establecer las cantidades adeudadas por despido, para el que todavía no hay fecha.La justicia da la razón a los trabajadores, pero esto no les da garantías de que llegarán a cobrar «por la pasividad de la administración al no agilizar una solución a este conflicto y permitir que la empresa Mersant siguiera con el contrato todos estos meses», según indican Alternativa Sindical. «Lamentamos que la administración no actúe de forma rápida, eficaz y contundente contra este tipo de empresas, porque su pésima gestión lleva a muchas familias a situaciones muy graves», apuntan las mismas fuentes.

Los vigilantes dejaron de percibir sus salarios en diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, el ISM rescindió el contrato a la empresa de seguridad «quedándose los trabajadores en la calle, sin cobrar las nóminas y la liquidación correspondiente».

«Los sinvergüenzas de esta empresa de seguridad han tenido la capacidad de no cortarse un pelo en mantener a unos trabajadores sin cobrar durante cinco meses y dejarlos abandonados en todos los sentidos. Desde el primer momento, han engañado a sus los trabajadores, y nunca han intentado darles una solución para acabar con la grave situación que afectaba a varias familias de la comarca», se lamentan las mismas fuentes.

Esta sentencia se produce un mes después de que la directora del ISM se pronunciase respecto a este conflicto a propósito de una visita a la remodelada casa del mar de Vilagarcía. «No son trabajadores nuestros, porque lo que tenemos es una empresa contratada, pero hemos estado desde el primer momento preocupados por ellos. Hemos hecho todo lo posible, cumpliendo la ley, por rescindir el contrato con esta empresa. Sé que es una situación dolorosa para los trabajadores, que durante meses no han podido cobrar, pero nosotros hemos tenido que cumplir la ley y hacer lo que nos correspondía», apuntaba entonces Elena Jiménez.

La directora del ISM recordó que podrán pagar cuando lo permita el juez, porque no lo pueden abonar directamente a los trabajadores. Entre tanto, la clave está en el nuevo pliego de contratación del servicio de vigilancia y, sobre todo, en el plazo en el que se apruebe la nueva licitación. No es un tema menor, porque si tardara más de un año, los trabajadores perderían el derecho de subrogación.

De este asunto se habló también hace tan solo unos días en el Congreso a instancia del diputado de Unidas Podemos-Galicia en Común, Antón Gómez Reino, quien se interesó por las gestiones en marcha para solucionar el conflicto por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los trabajadores tienen derecho a que sus contratos sean subrogados por la compañía que se haga cargo de esta labor tras la apertura de un nuevo concurso público. Pero esa garantía expira al cabo de un año de modo que si el ISM no ha resuelto este proceso antes del 31 de marzo del año que viene, la plantilla perderá ese derecho.