El Gobierno se reafirma en el polémico indulto a la ex presidenta de Infancia Libre, María Sevilla, y lo hace, además, amparándose en «los mecanismos de protección de los menores» recogidos en la legislación. Sevilla fue condenada en 2020 a dos años y medio de prisión y cuatro de pérdida de la patria potestad por secuestrar a su hijo y apartarlo del padre durante dos años.

No se arrepintió del delito, pero, pese a ello, el Ejecutivo le concedió en mayo un indulto parcial que la libra de la cárcel y le permite seguir viendo a su vástago. Sevilla desapareció con su hijo mayor después de que un juez le concediese la custodia al padre, que había sido denunciado por abusar sexualmente del niño, algo que no fue probado por el juzgado, que archivó la causa. En 2019, la ex presidenta de Infancia Libre fue detenida en Cuenca, donde residía con sus dos hijos, a los que tenía sin escolarizar.

El niño fue instruido en la fe evangélica y,, cuando la Policía entró en el escondite en el que Sevilla le tenía retenido, ésta le repetía: «Tu padre es el diablo». Ahora, con 14 años, vive con su padre y ha retomado su vida con normalidad.

El diputado Pablo Cambronero remitió una pregunta al Gobierno interesándose por los «mecanismos de protección» previstos para el niño, «que ha manifestado su miedo hacia su madre y su deseo de no cambiar de vida ahora que está llevando una vida normal con su padre». Igualmente, recordó que Sevilla aseguró «que iba a volver a delinquir en el mismo sentido y que no se arrepentía de sus delitos».

En la respuesta, a la que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno describe que, a través del Ministerio de Justicia, «dispuso conmutar a doña María Sevilla Sánchez la pena privativa de libertad impuesta por otra de dos años de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por 180 de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años».

A continuación, se justifica alegando que «tanto para la concesión como para la denegación de un indulto, el Gobierno tiene en cuenta todas las circunstancias concurrentes en cada caso, adoptando sus decisiones de acuerdo con la legislación vigente y los mecanismos de protección de los menores que son los que establece dicha legislación aplicable». El apunte no deja de resultar llamativo cuando, precisamente, Sevilla fue condenada por el secuestro de su hijo.

«Protectoras»

El indulto a Sevilla resultó especialmente polémico y recibió las críticas de los grupos de la oposición. El Partido Popular acusó al Gobierno de «reescribir sentencias». Ni el juez ni fiscal eran partidarios de devolver a la mujer la patria potestad, pero sí veían bien rebajar la condena de cárcel a dos años.

Irene Montero utilizó la medida de gracia para su discurso ideológico, refiriéndose incluso a la ex presidenta de Infancia Libre como una «madre protectora». La ministra de Igualdad calificó el indulto como «patrimonio del movimiento feminista» y aseguró que era «una deuda del Estado».