La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona ha dejado en libertad sin fianza a Ana Patricia T.C. tras comparecer en este juzgado por requerimiento de las autoridades tras escapar a Portugal con su hijo B., de cinco años en mayor de 2022. Allí fue detenida a primeros de septiembre de este mismo año después de que el padre, Alexandre, denunciase ante los Mossos d’Esquadra a su ex pareja por sustracción parental del menor, delito del que sigue acusada.

El padre del niño que vive en Barcelona, en conversación asegura «tener miedo, porque la madre puede solicitar la custodia y llevárselo de nuevo donde no pueda encontrarlo». La anterior ocasión fue el 6 de mayo cuando el padre denunció ante los Mossos d´Esquadra que la madre del menor, Ana Patricia, se lo había llevado a Portugal sin permiso paterno, violando la custodia compartida que tenía. A mediados de agosto la madre fue detenida por orden de un Juzgado de Évora, en respuesta a la orden del Juzgado de Instrucción número 23 de Barcelona, e ingresó en una prisión portuguesa. Sin embargo, un Tribunal de Menores de Setúbal entregó la custodia a la familia de la madre, en concreto a su abuela materna, ignorando la personación del padre en el proceso y la orden española de custodia.

Antes, la madre había interpuesto varias denuncias contra el padre del niño, que fueron desestimadas en su totalidad y ante su derrota judicial decidió seguir el mismo «manual» de sustracción parental iniciado por la conocida activista María Sevilla hace años. En concreto fueron interpuestas siete denuncias contra el hombre, cuatro de ellas por supuestas agresiones a la madre, una quinta por agresión al menor, la sexta por abusos sexuales y la séptima por incumplir el convenio regulador. Todas fueron archivadas.

El modus operandi de María Sevilla luego se ha imitado por otras madres, como en el caso de Alena Prieto y de los mellizos Izán y Jorge Ortiz, que ahora están en Suiza, eludiendo a la Justicia española.

Mientras tanto, el padre había contratado a dos personas que localizaron al niño en casa de su abuela materna en Setúbal y condujeron rápidamente al niño a España, sin que las autoridades portuguesas pudieran impedirlo. El padre tenía a su favor una orden de un juzgado español que le otorgaba la custodia compartida y la patria potestad del niño y como la madre se encontraba en prisión no había discusión legal sobre esta custodia. Pero ahora la madre está en libertad, con la obligación de comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes, a pesar de que tanto la Fiscalía como la defensa del padre pedían el ingreso en prisión de la mujer, investigada por sustracción de menores.

Portugal es firmante del Convenio de La Haya, que obliga a restituir al menor a su país de origen sin necesidad de emitir una nueva orden judicial, pero el Tribunal de Menores de Setúbal encargado del caso en ningún momento informó al padre de diligencias tras la detención de la madre. El padre pidió entonces al Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona que investigaba la sustracción del menor que enviase un documento para reclamar el Convenio de la Haya y así lo hizo el juzgado, mandándolo al Ministerio de Justicia español que se lo haría llegar a las autoridades portuguesas. Pero pasaron los meses y no había noticias del niño. El padre comenzó a temer que Ana Patricia fuese puesta en libertad y llevase a cabo el plan que parecía tener ya avanzado, viajar con el niño a África y quedarse allí.

«La madre se había dado de alta en una aplicación llamada «boatsharing» para ir a Sudáfrica desde Portugal y eso nos da miedo de que pueda llevarse de nuevo al niño durante sus quince días de custodia», resume el padre del niño. Todo comenzó cuando tras varios incidentes la situación se había deteriorado tanto que el padre reclamó la custodia única en el juzgado y desde marzo de 2022 la madre ya no permitió que el padre viese al menor. «El único contacto fue por videollamada diez días antes de que el niño desapareciera, luego ya la madre no volvió a contestar al teléfono y lo apagó», explicaba entonces a OKDIARIO Joaquín Amills, presidente de la asociación SOSDesaparecidos.

El día 8 de mayo de 2022 los Mossos acudieron al domicilio de la madre en Barcelona. Allí se encontraron a otra mujer, no a la madre del niño, haciendo fotos de los muebles de la casa para ponerlos a la venta en una conocida red social, como si no pensara en volver, lo que demostraría que la mujer había planeado anteriormente su huida a Portugal con el menor.

Cuando fue detenida la madre del niño trabajaba como monitora de yoga en una ecoaldea portuguesa, pero no tenía un trabajo fijo más allá de la pensión alimenticia que recibe del padre del menor y trabajos esporádicos anunciando y vendiendo productos naturistas.