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Condenada a 15 años de prisión la mujer que decapitó a su pareja en Castro Urdiales (Cantabria)

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El presidente del tribunal del jurado del caso del ‘cráneo de Castro Urdiales’ ha condenado a 15 años de prisión a Carmen Merino, la acusada de decapitar a su pareja , Jesús María Baranda, en la citada localidad en 2019 y hacer desaparecer su cuerpo, salvo el cráneo, que encontró una amiga de aquella dentro de un paquete.
La sentencia, que se ha dado a conocer este viernes y que recurrirá la defensa ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, según ha avanzado a Europa Press, considera a la mujer autora de un delito de homicidio con el agravante de parentesco y la condena a la pena máxima prevista para este delito -que oscilan entre los 12 años y medio y los 15 -, tal como solicita la Fiscalía.
Además, en concepto de responsabilidad civil, se le impone el pago de una indemnización de 18.000 euros para el hermano de la víctima y de 20.000 euros para cada uno de sus dos hijos.
El magistrado considera probado que la mujer «participó de forma activa» en la muerte de su pareja con la intención de aprovecharse económicamente de los bienes y dinero de él, al haber sido nombrada por éste, en su testamento, heredera universal.
Sin embargo, la sentencia señala que no se ha probado que Merino le suministrara previamente «una elevada dosis de Diazepam para acabar con su vida, eliminando así cualquier posibilidad de defensa por su parte», lo que descarta el delito de asesinato, tal y como pedían las acusaciones.
En su resolución, el magistrado señala que el «cúmulo» de indicios , la cabeza de la víctima y el resultado de las pruebas periciales han llevado al jurado a considerar suficientemente acreditado que la acusada mató a su pareja, se deshizo del cadáver y entregó el cráneo a su amiga, haciéndole creer que la caja contenía juguetes sexuales, «sabedora de que la denuncia de los familiares de su pareja iba a terminar en una investigación policial que probablemente llevara aparejado un registro en su domicilio».
las claves del crimen de Castro Urdiales María Carbajo Carmen Merino afronta estos días el juicio en el que se piden 25 años de cárcel por matar presuntamente a su marido en 2019
El juez también apunta que «solo la acusada puede contestar» al motivo por el que conservó el cráneo de su pareja, aunque en su opinión se puede deducir que la mujer – heredera universal y a la que había legado la vivienda en la que ambos residían -, una vez obtuviera una declaración civil de ausencia de su pareja, «pudiera dejar el cráneo de la víctima en algún lugar fácilmente localizable transcurrido un tiempo» para obtener de ese modo una confirmación de la muerte de él, sin esperar a los plazos de la declaración de fallecimiento –diez años– y poder cobrar así su parte de la herencia.
«Ese móvil económico es el que el jurado ha considerado probado» , concluye la resolución.
Por otra parte, la sentencia señala que la defensa hizo hincapié en la indeterminación de la causa de la muerte, pero el magistrado considera que si hubiera sido natural o accidental, «lo lógico» es que la mujer hubiera llamado a los servicios de emergencia y que «no lo hubiera decapitado».
«Queda la muerte homicida, que es la única que puede abocar a deshacerse del cadáver, guardando un resto para poder acreditar en un plazo breve la muerte de la víctima», añade.
La sentencia analiza las pruebas practicadas durante las dos semanas que duró el juicio y sobre la primera de ellas, el interrogatorio de la acusada, señala que fue una «declaración selectiva» -solo respondió a su defensa y al jurado- «contradicha por las numerosas pruebas indiciarias».
«La acusada no pudo o no quiso ofrecer, pudiendo hacerlo, una explicación razonable que pudiera servir para desvirtuar las pruebas incriminatorias válidas practicadas, por lo que dicha falta de explicación puede servir como elemento corroborador de las tesis acusatorias», explica la resolución.
Junto a la prueba directa que constituye el cráneo hallado, la resolución repasa los «numerosos indicios que se han aportado al acervo probatorio», como los veinticinco reintegros de 600 euros que realizó en cajeros automáticos entre los meses de marzo y septiembre de 2019, tras la desaparición de la víctima, con la tarjeta de quien era su pareja y que fue encontrada en el interior de un bolso de señora que estaba en la vivienda de ambos.
También son indicios las búsquedas en internet desde uno de los ordenadores de la casa -¿cuánto tiempo tarda en descomponerse un cuerpo?, si mi marido desaparece sigo cobrando la pensión- y a las compras de herramientas en una ferretería y de una motosierra en un comercio electrónico.
Además, considera el magistrado un indicio la búsqueda en internet cómo desatascar una motosierra atascada .
«Inferir de ello que a la acusada se le atascó la motosierra cuando estaba haciendo algo con ella no es una inferencia descabellada», indica.
Por otro lado, se refiere a la decisión de limpiar a fondo la vivienda tras la desaparición de su pareja.
«Sorprende que la acusada llamara a una persona para limpiar porque dijo padecía lumbago, pero el grueso del trabajo (las bolsas de basura cerradas, cargadas y muy pesadas que esta se encontró en la entrada) lo hiciera ella misma».
Otro indicio más lo constituye el hecho de que «nada más interponerse la denuncia por la desaparición» de su pareja, instaló un nuevo sistema operativo en su ordenador, «hecho este del que no es descabellado inferir, como hacen las acusaciones, una intención de eliminar pruebas que pudieran apuntar a ella».
La resolución también pone de relieve que todas las comunicaciones telefónicas relacionadas con los teléfonos que supuestamente fueron usados por la víctima tras su desaparición «se efectuaron mediante repetidores todos ellos situados en el área urbana de Castro Urdiales», «lo que desmonta la suposición defensiva de que los whatsapps o SMS recibidos supuestamente de él los emitiera este desde no se sabe dónde, como sugiere la defensa de la acusada».
Y sobre el paquete que entregó a una amiga y que esta abrió meses después encontrando el cráneo en su interior, señala la sentencia que en los envoltorios «se encontraron nada menos que siete huellas dactilares completas de la acusada, una de ellas en la bolsa de basura que contenía el cráneo, lo que revela que la misma manipuló la bolsa de basura que contenía la cabeza» de su pareja.
Además, en esas bolsas «no se encontró ninguna huella» de la depositaria del paquete.
Por último, se refiere la sentencia a las manifestaciones de los numerosos testigos que declararon en el juicio y que «contradicen las afirmaciones de la acusada».
«Con este bagaje probatorio, el jurado ha considerado que la acusada participó activamente en la muerte de su pareja, siendo los hechos por ella ejecutados los que causaron la muerte de este», añade la resolución.
Que el jurado cambiara la propuesta inicial del objeto del veredicto de causó la muerte por participó actuando como autora, «dejó entrever la posibilidad de que la acusada hubiera sido ayudada por una tercera persona, pero que en cualquier caso los hechos por ella ejecutados fueron causantes directamente de la muerte de su pareja».
El magistrado presidente considera que los hechos constituyen un delito de homicidio , con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco, merecedor de una condena de quince años.
«Hemos de imponer la pena máxima, porque no podemos dejar de considerar el hecho de la decapitación de la víctima y de la ocultación del resto del cadáver, acciones estas tendentes a la desaparición de pruebas de cargo que van más allá de un autoencubrimiento impune y cuya reprobación debe ser la máxima», señala la sentencia.
Y añade que « de la condenada depende que el resto del cuerpo se encuentre algún día» .

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Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

Vigilancia con drones en Zona Franca de Vigo, controlado por Vigilantes de Seguridad

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La Zona Franca de Vigo ha tomado una iniciativa pionera en el sector de la seguridad al implementar un servicio de vigilancia con drones. Este proyecto es el resultado de un acuerdo entre Zona Franca y Securitas Seguridad España, y busca optimizar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos.

El sistema de seguridad aborda tres ejes clave: seguridad, protección y operaciones. En términos de seguridad, los drones estarán equipados con tecnologías de detección de intrusos, robos y acciones vandálicas, permitiendo una respuesta rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza. Además, la presencia de drones mejorará la protección de los trabajadores y visitantes de la Zona Franca, al mismo tiempo que contribuirá a garantizar la continuidad de las operaciones en el parque empresarial.

Securitas ha formado a seis vigilantes para el desarrollo de este proyecto, los cuales cuentan con el certificado de piloto de drones. La compañía ha indicado que los drones juegan un papel clave en la evolución de la seguridad privada y están cambiando la forma de proteger muchas instalaciones, pero es importante cumplir con la estricta regulación de seguridad para poder implementar de manera efectiva este tipo de soluciones.

El servicio de vigilancia con drones permitirá visualizar las imágenes en tiempo real en la consola de control del aparato, tanto desde el centro de control de seguridad como desde un centro de control remoto. En un futuro, se prevé la posibilidad de llevar a cabo vuelos programados con rutas preestablecidas, siempre bajo la supervisión de los pilotos-vigilantes.

En resumen, la implementación de este servicio de vigilancia con drones en la Zona Franca de Vigo es una iniciativa pionera que busca mejorar la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de la actividad empresarial en el parque empresarial de Balaídos. Con el tiempo, se espera que esta solución tenga un impacto positivo en la forma en que se aborda la seguridad en el sector privado y permita una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier tipo de amenaza.

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Los dueños de Prosegur aon condenados por intentar evadir 94.000 euros de IVA en su finca de caza

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El castillo de Salvacañete, situado en la provincia de Cuenca en España, es propiedad de la familia Revoredo desde hace siglos. La fortaleza medieval y sus alrededores son explotados por la familia para actividades cinegéticas. La familia Revoredo es una de las más ricas de España y ha sido objeto de una sentencia judicial tras intentar evadir el pago de más de 94.300 euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El caso tiene sus raíces en 2014 cuando la sociedad Hispaninver SL, que es parte de la familia Revoredo, presentó sus liquidaciones del IVA a la Agencia Tributaria y reclamó una devolución de más de 95.700 euros. La inspección analizó los datos presentados y descubrió que estos eran incorrectos y los corrigió a una devolución de solo 1.400 euros. La decisión fue respaldada por el Tribunal Económico Administrativo de Madrid y el recurso presentado por la familia Revoredo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La familia Revoredo incluyó gastos no vinculados con la actividad para la que fue creada la sociedad en la liquidación del IVA, como los gastos en suministros de telefonía y energía y las obras de reforma y mantenimiento del castillo. Aunque el castillo es propiedad de Hispaninver, su uso está arrendado a otra sociedad, Agrocinegética San Huberto SL, que es propiedad en exclusiva de Helena Revoredo, presidenta de Prosegur.

La ley limita la devolución del IVA solo a aquellos gastos que están directamente vinculados con la actividad de la empresa. La Agencia Tributaria concluyó, tras una investigación, que los gastos incluidos por Hispaninver en su liquidación del IVA no estaban vinculados con la actividad de la sociedad y, por lo tanto, no podían ser deducidos.

La sentencia del TSJM es un recordatorio de que las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que la ley limita los gastos deducibles para evitar la evasión fiscal. Los contribuyentes deben ser cuidadosos y asegurarse de incluir solo gastos directamente vinculados con su actividad comercial en sus liquidaciones del IVA para evitar cualquier problema legal o fiscal.

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Vigilantes de seguridad en puerto de Tarifa sin cobro y sin respuestas

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Durante los últimos cinco meses, un grupo de trabajadores de seguridad privada en la estación marítima del puerto de Tarifa han estado viviendo una situación difícil.

La empresa que los contrata, Prosetecnisa, los ha dejado sin cobrar, sin horarios y sin un coordinador que se haga responsable.

La situación se ha agravado desde la llegada de la pandemia del coronavirus, cuando comenzaron a haber retrasos en los pagos.

Sin embargo, después de la OPE del pasado verano, los problemas empeoraron con el incumplimiento de compromisos y el impago de nóminas, lo que ha dejado a los trabajadores sin ingresos desde agosto.

Los trabajadores han informado a los sindicatos y a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras sobre la situación, pero aún no han recibido una solución.

La empresa Hispanosegur había sido señalada como posible sustituta, pero aún no ha finalizado todos los trámites necesarios para tomar el relevo.

Los trabajadores describen su situación como «desesperante» ya que no tienen certeza sobre su futuro ni quién puede ser responsable.

A pesar de todo, continúan asistiendo a su trabajo y demostrando su compromiso y profesionalismo, incluso pagando sus propios gastos de desplazamiento.

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