Los problemas laborales de estos trabajadores que prestaban servicios en el Consorcio gaditano, además de en Chiclana o en Los Toruños, entre otros, se debieron a una deuda millonaria de sus propietarios con una organización, según la Policía

Una investigación de meses ha confirmado, según la Policía Nacional, que Mersant, la empresa de vigilancia privada que prestó servicios a varias instituciones públicas, de titularidad municipal, autonómica y estatal, en Cádiz, entre otros su Ayuntamiento,era una de las pieza clave de un entramado que supuestamente utilizaba una organización para cometer fraudes millonarios.

Así al menos se desprende de las pesquisas que durante meses han desarrollado varias unidades de la Policía de forma conjunta desde la central de Madrid, Sevilla, y también la comisaría provincial gaditana. Entre los delitos esclarecidos destaca un presunto fraude a la Seguridad Social por importe de 6.576.558,31 euros, y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

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Y, como ha concluido la investigación realizada por los agentes, Mersant era una pieza clave para estos supuestos engaños. Una empresa «pirata». La misma que consiguió y concatenó contratos con ayuntamientos y con la Junta de Andalucía ofreciéndoles un servicio más barato y a la que después le llovieron las denuncias por impagos a sus trabajadores.

Así le ocurrió a los profesionales del sector que tenían contratados para la vigilancia del Ayuntamiento de Cádiz, y otras dependencias municipales como el depósito de vehículos, el ECCO, el Falla, entre otros, o el Instituto Social de la Marina (ISM) de la Casa del Mar, responsabilidad del Estado, el parque natural de Los Toruños, de la Junta, Comes, por Diputación, etc. Además de otras sedes municipales en Chiclana y en otras localizaciones. Todos ellos dejaron de cobrar sus nóminas y protagonizaron numerosas manifestaciones y denuncias conjuntas. Como la que precisamente se produjo hace un año a las puertas del parque metropolitano de El Puerto y en la que más de un centenar de trabajadores lanzaban un grito de auxilio.

Y ante esta situación que según los afectados se eternizó y se pospuso demasiado ya que ellos estaban trabajando y sin cobrar, los ayuntamientos, la Junta y otras instituciones fueron rescindiendo su contrato de vigilancia y seguridad con Mersant por estos impagos e incumplimientos. Al igual que Chiclana. O la Junta de Andalucía, a través del SAE, que también cortaba estas relaciones.

Pues bien, tras todo este drama y problema laboral que los dueños de la empresa justificaban en «un momento difícil», había en realidad bastante tela que cortar. Así se conocía este domingo cuando la Policía Nacional informaba sobre la operación que han desarrollado y que, según exponen, ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social. Esta operación se ha saldado con la detención de 23 personas en las provincias de Sevilla, Almería y Barcelona (ninguno en Cádiz).

Además, se han realizado nueve registros en los que se han intervenido 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, y se han incautado siete vehículos, tres pistolas-una de ellas detonadora-, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta.

Según detallan, las investigaciones se iniciaron a finales de marzo de 2022, cuando los agentes recibieron una denuncia contra «una empresa de seguridad privada que no pagaba la nómina a 600 trabajadores desde diciembre de 2021». Además, la empresa cobraba la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, pretendiendo descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los obligados pagos a sus acreedores.

Por otro lado, indicaron en la denuncia que los actuales gestores de la empresa de seguridad, detenidos en la presente investigación, eran testaferros de uno de los líderes de la organización, que estaba siendo investigado desde 2019 y que ahora ha sido igualmente arrestado junto a su mujer.

Como indican las mismas fuentes, este hombre, un empresario sevillano, habría prestado a los antiguos dueños de la mercantil más de un millón de euros para intentar reflotar la empresa. Como propietaria figuraba su mujer ya que él estaba inhabilitado para poder administrar empresas tras haber gestionado previamente otra también quebrada, Kappa Vigilancia. Ambos eran detenidos el pasado 20 de diciembre, además del padre de la supuesta dueña, un guardia civil en la reserva.

Y fue cuando no pudieron devolver ese dinero, cuando le entregaron a esta supuesta organización criminal la compañía para que se cobrara la deuda con la facturación de sus clientes. Por ese motivo, los nuevos propietarios dejaron de pagar, entre otros conceptos, las nóminas de los empleados. Además, según la investigación, estarían cediendo de forma ilegal sus servicios y su facturación a otra empresa de seguridad, administrada por el citado prestamista a través de un testaferro.

Fiesta por todo lo alto

Según apuntan las fuentes consultadas, la vida que llevaban los propietarios «en la sombra» de Mersant no escatimaba tampoco en gastos. Recientemente por el 40 cumpleaños de él llegaron por ejemplo a contratar a un conocidísimo grupo tecno de los 90 para la gran fiesta que montó.

Por otro lado, la organización ‘madre’ que ha sido desarticulada estaba «fuertemente jerarquizada y especializada en la comisión de delitos económicos como fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida».

Además de esto, esta misma organización y su líder al que les ‘traspasaron’ Mersant, se dedicaban «al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad y de capitales procedentes del tráfico de drogasde, al menos, otros dos grupos a los que prestaban sus servicios», asegura la Policía. Para ello, simulaban transacciones comerciales entre sociedades vinculadas, y así justificaban entradas y salidas de fondos de sus cuentas bancarias por un importe que, entre 2016 y 2021, superó los 27 millones de euros.

Para llevar a cabo estas actividades, la organización disponía de «una extensa red de colaboradores y una estructura societaria integrada por más de 80 sociedades y 30 testaferros, a través de la cual simulaba transacciones comerciales que le permitían introducir y mover el dinero en el circuito financiero legal y ostentar la titularidad de unos setenta inmuebles y un gran número de vehículos de alta gama».

Realizadas las investigaciones pertinentes, los agentes confirmaron la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social, apropiación indebida y cohecho, cometidos por los anteriores gestores de la empresa de seguridad en connivencia con el líder de la organización. Entre los delitos esclarecidos cabe destacar fraudes a la Seguridad Social acreditados por importe de 6.576.558,31 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.000 euros.

En la investigación se ha constatado la participación de 26 personas, siendo detenidas hasta el momento 23 de ellas en la ciudad de Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital. Se han realizado nueve registros, en los que han participado unos 100 agentes, tanto en domicilios particulares de los detenidos como en diferentes despachos y empresas.

En estos lugares se han incautado 127.195 euros y 1.225 dólares americanos en efectivo, siete vehículos, tres pistolas, una de ellas detonadora, una carabina de perdigones y gran cantidad de armas blancas como catanas, cuchillos, navajas y puñales, además de munición para arma corta. También se han intervenido varios ordenadores portátiles, tabletas, memorias USB, teléfonos móviles y numerosa documentación relacionada con la investigación.

A ello hay que añadir el bloqueo de 169 cuentas bancarias (39 de personas físicas y 130 de sociedades), en las que, hasta el momento, se ha constatado la existencia de más de 300.000 euros. También se han realizado anotaciones preventivas de embargo de 67 bienes inmuebles. La investigación sigue abierta y no se descarta una segunda fase de la misma con nuevas detenciones.

La investigación ha sido realizada de forma conjunta por la Unidad Central de la Seguridad Privada en Madrid, el Grupo de Blanqueo de Sevilla y también la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Cádiz.