El presidente del Gobierno volvió a recurrir ayer al desprecio a la oposición para acusar al PP de bloquear ahora la renovación del Tribunal de Cuentas, máximo organismo fiscalizador del Estado. Pedro Sánchez no tiene solución y su argumentario tiene el mismo valor que su hemeroteca. Dice una cosa y su contraria sin solución de continuidad, y todas las instituciones democráticas sin excepción se tienen que amoldar a él por la sencilla razón de que él es quien representa a la democracia, y los demás la obstaculizan. En su día, el PSOE votó a favor de que el Tribunal de Cuentas fiscalizara los gastos dedicados por la Generalitat a su aparato de ‘acción exterior’. Ahora, como cualquier multa a los separatistas dificulta sus planes de negociar con ERC soluciones soberanistas, a Sánchez le sobra ese Tribunal porque su intención última es condonar también -indultar más bien- casi diez millones de euros. Y dado que no tiene mayoría suficiente en ese organismo para someter a sus consejeros, su solución solo pasa por deslegitimar al Tribunal, atacar a la oposición, plantear otra reforma arbitraria para nombrar a sus miembros, y enviar a sus ministros a acusar a los consejeros de cuentas de «poner piedras en el camino» de la supeditación al separatismo.

Esta estrategia se une a la que Sánchez ya puso en marcha meses atrás para desapoderar al Poder Judicial y para ningunear la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O. Y también, para tratar de controlar al Tribunal Constitucional sumando magistrados conservadores al bloque progresista para impedir, por ejemplo, que el TC termine dictaminando que el primer estado de alarma fue inconstitucional, o para fabricar la coartada jurídica para que Estrasburgo termine dando la razón a los condenados por sedición. Sánchez está en una operación de desmontaje de todas aquellas instituciones que le supongan un inconveniente en su cesión al nacionalismo extremo. Por eso, ayer no tuvo el más mínimo reparo moral en afirmar que ha cambiado de opinión, y que si antes rechazaba los indultos, ahora le parecen útiles. ¿Útiles para quién? De momento, para que unos delincuentes salgan de prisión sin haber cumplido la pena impuesta, y para que ERC garantice al Gobierno la continuidad de la legislatura. Y si instituciones como el Supremo, el TC o el Tribunal de Cuentas no se pliegan, ya se encarga él de denostarlos y presentarlos ante la opinión pública y ante Europa como auténticos nidos de represores.

Sánchez es el presidente del Gobierno y tiene la obligación de impulsar la renovación de los órganos constitucionales pactando con realismo con el PP, porque ambos son los partidos que suman tres quintas partes del Congreso. Pero Sánchez no pretende negociar nada con el PP, sino imponer unos nombramientos a imagen y semejanza de su Gobierno con el aval de ERC. Quiere encubrir su tóxico modelo de democracia orgánica con una falsa apariencia de normalidad institucional bajo su mando. Y todo, trufado de un autoritarismo ya fuera de toda duda. Si los independentistas han sido condenados por malversación de caudales públicos, y además se les ha conmutado la pena de prisión por ello, lo razonable al menos es que devuelvan el dinero del que se apropiaron para convocar una consulta prohibida y promocionar el odio a España. Y también, que Sánchez lo pida públicamente, porque una cosa es la generosidad que tanto invoca, y otra muy distinta es forzar al Estado a arrastrarse ante quienes han cometido graves delitos sin arrepentirse. En el fondo, Sánchez quiere que España deje de ser un Estado de derecho con todas las instituciones a sus órdenes.