Los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza liderarán las investigaciones cuando un atentado se produzca en su territorio. Así se recoge, por primera vez, en el nuevo Plan de Prevención, Protección y Respuesta Antiterrorista, que fue aprobado y presentado ayer por el Ministerio del Interior y que sustituye al de 2015. Sectores de la Policía y la Guardia Civil mostraron a ABC su malestar por lo que consideran una cesión al nacionalismo, pero otras fuentes de esos cuerpos explican que «de facto, ya sucedía; son ellos los primeros en llegar cuando se produce un ataque».

El ministro Fernando Grande-Marlaska, que dio a conocer las principales líneas del plan, explicó que «la primera responsabilidad tras un atentado será del cuerpo de seguridad, estatal o autonómico, que tenga asignada la demarcación donde se produzca».

Se fija, por tanto, un criterio claro que, en principio, debería evitar que en el futuro se produzcan situaciones muy tensas como las vividas tras los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, en los que hubo una disputa entre los Mossos y la Policía y la Guardia Civil sobre qué cuerpo debía liderar la investigación. Estos últimos consideraron entonces que la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les da a ellos la competencia en materia antiterrorista.

Esquema de respuesta
A pesar de la premisa marcada en el nuevo plan, el devenir de la investigación, o bien la decisión de los fiscales y jueces que instruyan las diligencias, podrían provocar, en una segunda fase, que la responsabilidad de las pesquisas recaiga en otro cuerpo. «Al final, cuando hay una concurrencia investigativa, es el juez quien decide».

Con este esquema, cuando se produzca un ataque terrorista en el País Vasco o Cataluña será la Ertzaintza o los Mossos los que lideren el dispositivo, al menos en la primera fase, si bien en paralelo se reunirá de inmediato una mesa de coordinación reforzada, en la que participan la Secretaría de Estado de Seguridad, todos los cuerpos policiales, el Citco, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, entre otros organismos; y además se pondrá en marcha un Centro de Gestión de Crisis Territorial, de nueva creación, que debe garantizar una respuesta conjunta y cohesionada de todas las instituciones y que estará activo hasta que los terroristas sean detenidos o se haya reducido el riesgo. Tras un atentado también se reunirá de forma inmediata la Mesa de Evaluación de la Amenaza, en la que están representados, además de los responsables del Ministerio del Interior, todos los cuerpos policiales, el CNI y el Citco.

Las fuentes policiales más críticas con esta preeminencia de los cuerpos autonómicos sobre los estatales en sus territorios explican que la citada ley 2/86, en sus artículos 29.2 y 38.2, apartado b, consagra que cuando la Policía o la Guardia Civil concurren en una investigación con las policías autonómicas, son los cuerpos estatales los que están al frente, siendo el resto colaboradores: «Es una concesión más para contentar a sus socios», afirman.

Otras fuentes, más pragmáticas, explican: «Los estatutos de autonomía son los que confieren el carácter de policía integral a los Mossos y a la Ertzaintza, y también tienen carácter de ley orgánica, así que el debate jurídico no está claro». Pero más allá de eso, consideran que «la realidad es que los cuerpos estatales estamos en desventaja de antemano, desde el momento en que cuando hay un atentado los primeros que actúan son los policías autonómicos. Ellos hacen la inspección ocular, toman la declaración a los testigos, diseñan los dispositivos de búsqueda de sospechosos… Y son ellos los que van a explotar esa información. Es preocupante para la Policía y la Guardia Civil, pero es lo que hay».

El ministro Marlaska alabó la colaboración prestada por todos los grupos parlamentarios, que ayer por la mañana acudieron al Ministerio del Interior para conocer, por boca de los expertos que han elaborado el plan, sus pormenores, y al mismo tiempo hacer las aportaciones que han considerado oportunas. En realidad, no todos los grupos acudieron, ya que tres de ellos, Vox, Bildu y Esquerra, no enviaron ningún representante. Desde Interior no se quiso hacer lectura alguna de este asunto.