Una cantidad procedente de ayudas otorgadas por el Gobierno valenciano (755,641,72), catalán (414.774,42) y aragonés (39.328) en distintas convocatorias. Ahora un juez investiga qué cantidades de ese dinero fueron «indebidamente obtenidas» tras detectar la Guardia Civil hasta cuatro tipos de irregularidades en la justificación de esas partidas.

La Policía Judicial, en un informe de cerca de 400 páginas al que ha tenido acceso ABC, desgrana las cuantías obtenidas por cada una de las empresas investigadas durante cuatro años: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions, de Francis Puig; y Canal Maestrat, de los hermanos Adell Bover. La primera y la última ya fueron multadas por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt.

El Equipo de Delitos Económicos ha constatado la existencia de facturas cuyo pago no ha quedado acreditado, duplicadas o que contemplan gastos que no serían subvencionables. Por ejemplo, se justifican las ayudas al fomento de las lenguas propias de cada territorio con recibos de la compra de gasóleo B -reservado a maquinaria agrícola-, sacos de pellets para calefacción o productos de la perfumería de una familiar de los Puig. Además, se imputan los mismos gastos al 100% en subvenciones que tienen el mismo objetivo.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, a petición del fiscal, ha solicitado a la Intervención de la Generalitat Valenciana y la Intervención de la Generalitat de Catalunya que realicen sendos informes-auditoría sobre estas subvenciones teniendo en cuenta la documentación con la que se justificaron para determinar la cantidad exacta que presuntamente se habría defraudado.

De hecho, según el portavoz del Ministerio Público, estas se situarían «en el límite entre el delito y la infracción administrativa» que la ley marca en 120.000 euros por cada año natural y la misma actividad.

Del mismo modo, el instructor ha citado a declarar como imputado, el próximo 23 de mayo, a Francis Puig, por las facturas cuyo pago no ha podido ser acreditado o aquellas cuya relación con la actividad de las empresas no ha podido ser determinado. También comparecerá en sede judical, dos días más tarde, Enrique Adell Bover, como administrador de Canal Maestrat, por el mismo motivo. A este investigado se le añaden también las imputaciones de falseamiento de nóminas, para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.

La causa parte de una denuncia del PP, que ejerce la acusación particular, y también mantiene como imputado al director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano.

En ese sentido, este jueves el presidente Ximo Puig ha reiterado su confianza en la Justicia, que ya archivó una causa alto cargo de Compromís, y ha asegurado que le produce «repugnancia moral lo que está haciendo el PP». Al mismo tiempo, ha defendido que «quien debe asumir responsabilidades políticas son aquellos que han denunciado ilícitamente y han hecho una campaña sucia que lo único que pretende es enturbiar la estabilidad de la Comunidad Valenciana».