Después de que en el primer trimestre del año hayan tenido que realizar 250 intervenciones, padecer más de 30 agresiones y efectuar 150 llamadas de auxilio a la Policía Nacional, Local y Guardia Civil, los vigilantes de la Estación Intermodal de Palma se rebelan ante el Govern de la presidenta socialista, Francina Armengol y, desde hoy, están en huelga ante la falta de seguridad con la que tienen que desempeñar su trabajo.

Una estación propiedad de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), dependiente de la Conselleria de Movilidad del Govern balear, y foco donde las mafias captan a las menores tuteladas abusadas de Baleares, tal y como investiga la Misión Europea que visitó este mes Mallorca para abordar este escándalo.

Rafael Leito, miembro del comité de huelga de SFM y coordinador de la organización de Alternativa Sindical en Baleares, reivindica «más seguridad para la estación y sus miles de usuarios».

«Queremos una oficina de la Policía Nacional permanente en la estación y más efectivos, un 25% más de vigilantes de seguridad, porque hace un mes éramos 60 y ahora han bajado a 40, y han aumentado la frecuencia de trenes. Eso es una seguridad falsa que no existe».

Además de más efectivos, los vigilantes de la Intermodal exigen «un plus de peligrosidad de 150 euros, al ser el servicio más peligroso de la Isla, donde se producen más intervenciones y agresiones a los vigilantes de seguridad».

Y es que como apunta el portavoz sindical, «hemos solicitado presencia de la Policía Nacional o Local permanente en la estación y, en todo caso, si no puede ser un vigilante armado a la entrada, en los tornos, para evitar atentados, agresiones con arma blanca, con arma de fuego, cosa que ya ha pasado en esta estación».

Otra de sus reclamaciones es la presencia de vigilantes caninos, «que antes había cinco y los han quitado para ahorrarse dinero».

Un panorama preocupante y por ello lamentan que el alcalde de Palma, el socialista José Hila, «diga que no pasa nada, el conseller también y que las agresiones nos las inventamos nosotros, cuando en el primer trimestre del año hemos hecho más de 250 intervenciones, más de 30 compañeros han sido agredidos, con más de 150 llamadas a Policía Nacional Local y Guardia Civil». «Todo esto está registrado, ¿por qué mienten? No vamos a parar hasta que nos escuchen porque los compañeros temen por su vida. Solicitamos 15 plazas de parking porque nos han destrozado motos y coches», apostillan.