Según traslada en un comunicado, la comisaría compostelana recibió una serie de informaciones sobre posibles estafas que se estarían cometiendo con el objetivo de legalizar la situación administrativa en España de extranjeros y aprovechar la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes que querían regularizar su situación para residir legalmente en España. La Comisaría de Santiago de Compostela, dentro del dispositivo de Seguridad establecido con motivo de la celebración del año Xacobeo 21-22 sobre las diferentes áreas de investigación, mantenía a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras en «alerta y vigilancia» sobre estos hechos.

Una información del Ilustre Colegio de Abogados de Santiago, donde un ciudadano había formulado una queja, hizo saltar las alarmas. En ella se manifestaba que en marzo del año 2020 había contratado los servicios de una abogada, supuestamente especialista en extranjería, así como su pareja, para realizar los trámites relacionados con su regularización en España, habiendo realizado varios pagos y siendo rechazado su expediente por las autoridades españolas.

A partit de ahí, surgió ‘Operación Papiro’, una investigación de los agentes de la policía que lograron identificar a la supuesta mujer que manifestaba ser abogada y a la pareja de ésta y como no figuraban colegiados como letrados ejercientes en ningún Colegio de Abogados de España y mucho menos como representantes en materia de extranjería.

Modus operandi

Los dos se hacían pasar por abogados especialistas en materia de extrajería realizando diversos trámites para la obtención y renovación de tarjetas de residencia, nacionalidades e «impulsos» de las mismas a ciudadanos afincados, sobre todo, en la provincia de La Coruña. La investigación destapó que la pareja arrestada no disponía de despacho físico alguno y se servía de su presencia frecuente en bares, cafeterías y locales frecuentados por ciudadanos extranjeros de localidades como Ames, Ribeira, La Coruña, Santiago y otras zonas de influencia.

Al contactar con ellos, le ofrecían sus servicios como abogados, aprovechándose de la vulnerabilidad y desconocimiento que muchas de estas personas tenían de las leyes españolas, de la burocracia que conlleva y beneficiándose de la situación generada por las medidas adoptadas con motivo de la covid-19, a unos precios fuera de rango de lo que se manejan en el entorno profesional. Para rizar el engaño, concertaban sus citas a las puertas de organismos oficiales como Comisarías de Policía, Registro Civil o Oficinas de Extranjeros.

Más de 100 afectados
Para robarle dinero a sus víctimas utilizaban cobros en metálico, aunque en ocasiones también se realizaban mediante ingresos en cuentas bancarias a nombre de terceros y a través de la aplicación Bizum, oscilando las cantidades entre los 50 y los 200 euros por cada gestión realizada. De esta forma consiguieron embaucar a más de 100 personas.

Aún con la investigación sin concluir, esta fue realizada por funcionarios adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Santiago de Compostela y los arrestados puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santiago.