La sucesión de hechos fue la siguiente: desde la unidad se pusieron en contacto con la afectada, vía telefónica. Le pidieron que explicase lo ocurrido, y que luego redactase un correo electrónico, para dejarlo por escrito. La comisión de valoración determinó que no se trataba de un caso de acoso, sino de abuso. Es decir, de un hecho penal, y la emplazaron a interponer una denuncia.

La agente formalizó -ya en febrero de 2020- la queja en su propia comisaría, pero esperaba que alguien la asistiese y eso nunca sucedió. No contó con acompañamiento, ni tampoco con ayuda psicológica. Por eso, los sindicatos de agentes Sap-Fepol y USPAC lamentan la inacción de la Dirección General de la Policía (DGP) y del Departamento de Interior, hasta que TV3 destapó el caso.

Fue la propia afectada quien, ante la falta de apoyo de la DPG, acudió a una de las organizaciones sindicales -Sap-fepol-, a pedir ayuda ante lo ocurrido. Y es que denunciar a un presunto abusador que pertenece al mismo ámbito laboral que la víctima, puede suponer «errores en la confidencialidad de las diligencias de investigación, además de un juicio paralelo y la estigmatización en su círculo social», explica a ABC Pere Garcia, secretario general del sindicato.

Hasta el momento ya son cinco las agentes que han denunciado ser víctimas del mismo facultativo, que trabajaba en el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de Interior desde julio de 2017. En la reunión del Consejo Extraordinario de la Policía este jueves, el secretario general del Departamento, Oriol Amorós, ha explicado que tuvieron conocimiento de los supuestos delitos en junio de 2021.

La primera medida que adoptó la Consejería fue asignarle a una enfermera, que hacía de supervisora cuando éste pasaba consulta. Después, cuando un juzgado abrió una causa contra el médico, Interior le prohibió atender a agentes que fuesen mujeres. Finalmente, después de que Sap-fepol remitiese un escrito a la DGP el 13 de mayo, una semana después, el Departamento apartó al facultativo del servicio. Es decir, lo suspendió de empleo y sueldo.

El reclamo de los sindicatos es que desde la dirección del Cuerpo se garantice la atención a las víctimas y que éstas no sientan solas, recalca Garcia, que recuerda que es un error que la Consejería trate de justificar que, cuando estalló el caso, se encontraba bajo el mando de otro titular. «El Departamento tiene estructura suficiente para evitar que esto ocurra», subraya.

Por eso motivo, las organizaciones de mossos piden una revisión del protocolo contra el acoso sexual del Cuerpo para que este garantice el acompañamiento a las víctimas. «La realidad es que, pese a tener conocimiento de que el médico estaba imputado desde junio de 2021, no fue hasta mayo de 2022 cuando se adoptó la cautelar de suspensión de empleo y sueldo, sin que se pueda garantizar que más agentes hayan sufrido abusos durante este tiempo», censuran desde USPAC.