El Seprona de la Guardia Civil ha retirado una tonelada de pescado ilegal en establecimientos de Alicante, Elche y Altea -productos frescos y congelados- tras realizar inspecciones durante el mes de junio. El pescado intervenido, que estaba destinado a su comercialización, fue retirado por no cumplir con los requisitos establecidos, según ha informado el instituto armado en un comunicado. Estas inspecciones se llevan a cabo con la finalidad de garantizar la calidad de la mercancía a los consumidores, así como proteger tanto el medio natural como la supervivencia de las distintas especies. Las inspecciones, en esta ocasión, se han llevado a cabo en Alicante capital, Altea, Elche, Santa Pola y Teulada. En algunas de estas comprobaciones, los agentes detectaron diversas infracciones . Entre ellas, localizaron dos establecimientos de almacenamiento, distribución y transformación de productos pesqueros que carecían de autorizació n ni registro sanitari o para desarrollar la actividad. En uno de estos establecimientos, la autorización había sido suspendida por la autoridad sanitaria por haber dejado de reunir los requisitos preceptivos de calidad sanitaria, según la Guardia Civil. Mercancía retirada por no cumplir con los requisitos ABC En cuanto a los establecimientos de hostelería , en dos de los inspeccionados, los agentes detectaron en el almacenamiento de los productos alimenticios la carencia de etiquetado o cualquier otra trazabilidad con la que poder determinar su origen y condiciones para el consumo. En las actuaciones, los agentes intervinieron más de una tonelada de productos, tanto frescos como congelados, de atún rojo, musola, pulpo, calamar, sardina, quisquilla, y langostino. El producto aprovechable se entregó a centros benéficos para su consumo, tras pasar los pertinentes controles de calidad y el resto fue destruido. Los infractores, los responsables de dos almacenes de Alicante y Altea, y dos restaurantes de Elche, fueron denunciados. Las infracciones observadas están clasificadas como graves, por lo que conllevan posibles sanciones de entre 601 a 30.000 euros . Los expedientes instruidos han sido remitidos a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica del pescado intervenido y, en su caso, a la de Sanidad y Salud Pública. Estas inspecciones se llevan a cabo en el marco del Plan Anual de Control e Inspección de las Actividades Pesqueras (PACIAP). Estos controles determinan la legalidad del origen y las condiciones sanitarias de los distintos productos destinados al consumo. Los productos perecederos, entre otros controles, se someten a una estricta vigilancia de la cadena de frío , para evitar su deterioro.