La condena al exdiputado de UP Alberto Rodríguez por golpear a un policía durante una manifestación en Canarias o la de Isa Serra , exportavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, por un hecho similar, son dos ejemplos famosos del delito de atentado a agente de la autoridad . El Tribunal Supremo impuso al primero un mes y quince días de prisión que sustituyó por multa de 540 euros. El Supremo también ratificó la condena de la segunda: 19 meses de cárcel por atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en Lavapiés en un desahucio en 2014. En ambos casos la principal prueba fue el testimonio de los agentes. Es uno de los delitos que abarrota las estadísticas en España, sustanciados eso sí con condenas casi siempre irrisorias, sobre todo cuando no hay lesiones. El año pasado fueron 14.038 las ocasiones en las que se condenó a ciudadanos particulares por delito de atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y por resistencia o desobediencia . Los datos se recogen en el informe del Defensor del Pueblo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura . «La gente se pone a discutir con un policía como si fuera su vecino o su primo. Lo vemos a diario en infracciones de tráfico. Parece que no se dan cuenta de que vas uniformado. A veces esas intervenciones acaban en una detención», explica un policía de Seguridad Ciudadana . En quince años solo ha arrestado a cinco personas por este delito, aunque admite que la violencia va en aumento. Insultos y acometidas Cuenta que acuden a una reyerta y no es infrecuente que quienes se estaban peleando se revuelvan contra los policías, con acometidas, insultos, tirones y empujones. Lamenta que cuando llegan a juicio acabe en una multa «y eso pasa en el 90 por ciento de los casos que nos tocan a nosotros», dice. Noticia Relacionada estandar No Confiscan a un informático en paro explosivos y armas que fabricaba con impresoras 3D Pablo Muñoz La Guardia Civil ha encontrado en su casa, entre otras armas, hasta tres fusiles de asalto Sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil denuncian lo «barato» que sale agredir a un agente. Según datos del SUP, por ejemplo, en 2020 los atentados contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad crecieron un 24% hasta alcanzar las 8.254 denuncias. «La aplicación de los artículos 550 y siguientes del Código Penal se traduce en pequeñas multas para los agresores, y las estadísticas demuestran cómo el castigo penal actual es insuficiente para contener los ataques crecientes a funcionarios policiales», dicen. Los agentes sostienen que el principio de autoridad está resquebrajado, de ahí que pidieran a Interior endurecer las penas. Ningún indulto Frente a esas agresiones, el año pasado se dictaron solo ocho condenas por delito de torturas ; 78 por delito contra la integridad moral ; ninguna por el delito de no impedir tortura o atentado a la integridad moral; no hubo por detención ilegal o secuestro y las siguientes fueron por descubrimiento y revelación de secretos (12) y por delitos cometidos por funcionarios públicos contra la inviolabilidad del domicilio y demás garantías de la intimidad (3). El Gobierno no indultó ni total ni parcialmente, con relación a estos delitos, a ningún miembro de los Cuerpos de seguridad del Estado. Código Desktop Imagen para móvil, amp y app Código móvil Código AMP 2720 Código APP En el mismo informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo constan los datos de Instituciones Penitenciarias . Según recoge, no hubo procedimientos judiciales que concluyeran con condenas a funcionarios de prisiones por malas prácticas o malos tratos. De los informes de inspección, informaciones reservadas y expedientes disciplinarios, iniciados en 2021 y los iniciados en ejercicios anteriores y resueltos en ese periodo, por malas prácticas o malos tratos infligidos por trabajadores o funcionarios de instituciones penitenciarias, únicamente uno finalizó con sanción. Respecto a otro tipo de delitos, se destaca que el año pasado un total de 194 funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Prisiones cumplían condena en cárceles de todo el país. En total por 700 delitos. Fuentes del Defensor del Pueblo confirmaron a ABC que varios de los penados habían cometido más de un ilícito penal, de ahí las dos cifras. El año pasado 194 funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Prisiones cumplían penas (700 delitos) en las cárceles de toda España A la cabeza de esas condenas se situaban los delitos por abuso de atribuciones, prevaricaciones con hechos y actos contra la Administración. Le seguían los homicidios y sus formas (48) y otros 45 por delitos contra la libertad e indemnidad sexual (ver tabla). Un número de funcionarios que no se precisa también cumplía por 38 delitos de encubrimiento o actuaciones contra la Administración de Justicia. En la memoria hay un apartado referido a policías autonómicas. En el caso de la Ertzaintza no se recibió ninguna denuncia y se iniciaron 16 informaciones reservadas y 2 procedimientos disciplinarios. Por parte de la policía autonómica de Canarias tampoco hubo denuncias ni expedientes disciplinarios o informaciones reservadas. Según la información de la Guardia Civil, no existieron denuncias por malas prácticas o por malos tratos de sus agentes, en dependencias oficiales o durante conducciones. Solo se abrió un expediente disciplinario por malos tratos y ninguna información reservada. Otro policía que patrulla a diario lo explica así: «Pese a la creencia, son las detenciones que no nos gusta hacer. El atentado a agente es lo más ingrato. Yo me voy a casa contento si hago detenidos por robo, por abuso… Por atentado, no. No somos el ‘sheriff’ del condado».